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De cara a un pacto fiscal

Jaime M. Senior Fernández Por: Jaime M. Senior Fernández 0 Compartir 21 de noviembre, 2019

Ante las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2020, el escenario político-legal se ha visto dominado por temas de corto plazo. Sin embargo, este es el momento que debemos aprovechar para exigir que los candidatos –principalmente los que buscan ocupar la Presidencia de la República o una curul en la Cámara de Diputados y el Senado– expongan sus planes de trabajo y sus intenciones respecto a una reforma fiscal.

Nuestro Código Tributario data del año 1992. A pesar de que es una legislación que el próximo año cumplirá 28 años de su promulgación, no es meramente su edad que hace urgente una reforma. Por el contrario, la necesidad de un pacto fiscal, que aglutine a los sectores público y privado, radica en el hecho de que nuestro país requiere de una reforma integral del sistema tributario y revisión del gasto público.

Evidentemente, la legislación tributaria en República Dominicana no se ha mantenido estática desde el año 1992. Sin embargo, los cambios que se han promulgado desde esa fecha han sido mayormente parches fiscales. Los denominados parches fiscales son cambios en la materia que se realizan para subsanar una determinada situación de hecho que se ha presentado, tanto al gobierno de turno como al sistema fiscal.

El uso de los parches fiscales ha sido ampliamente cuestionado, pues su propósito ha sido, en sentido general, buscar la forma de aumentar las recaudaciones atendiendo a una situación o elemento en particular. Esta práctica, como también los incentivos fiscales, ha creado una situación en la que se ha desnaturalizado el Código Tributario, el cual debe ser simplificado y unificado para crear un sistema fiscal coherente, completo y que atienda a las necesidades de la población.

Por otra parte, un pacto fiscal también debe abordar la problemática de la calidad del gasto. Aunque se ha hecho un esfuerzo en épocas recientes de aumentar el gasto en materia de inversión, el gasto en personal y en pago de deuda representa una altísima proporción del Presupuesto Nacional.

Es decir, un pacto fiscal no debe perseguir una meta de aumentar las recaudaciones, sino por el contrario, contribuir a crear y mejorar las condiciones para facilitar e incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes.

Esto se logra mediante una discusión transparente, comprensiva y honesta sobre el sistema tributario que deseamos tener, así como también de la forma en que los recursos, destinados al erario, serán invertidos. De esta forma se puede vencer el cinismo que suele rodear cualquier discusión en materia de cumplimiento tributario.

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