Las entidades de intermediación financiera (bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de desarrollo, bancos de ahorro y crédito y hasta el Banco Agrícola) tienen la obligación de mantener en el Banco Central o cualquier otro lugar que determine la Junta Monetaria, un porcentaje específico de la cantidad de depósitos captados mediante cualquier modalidad.
Esa reserva se conoce como encaje legal y se aplica sobre depósitos en moneda nacional y extranjera.
Además de ser un respaldo para el sostenimiento del sector, es decir, la solvencia de los bancos, el encaje legal es un instrumento monetario para restringir o expandir el circulante. Si se reduce el porcentaje de encaje legal, la oferta monetaria aumenta, y si se incrementa, entonces la oferta de dinero se reduce.
Esa condición convierte al encaje legal en un instrumento ideal para la aplicación de políticas monetarias en determinadas circunstancias.
Hasta la semana pasada el encaje legal que se aplica sobre los bancos múltiples era de 12.3% y fue incrementado por el Banco Central a 14.3% como medida para detener el alza de la tasa de cambio del dólar. En las asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP) y los bancos de ahorro y crédito el encaje pasó de 8.1% a 10.1%.
El siguiente ejemplo muestra una idea de cómo se aplica el encaje legal: los beneficios de un banco comercial se obtienen del rendimiento que ofrecen la inversión que hacen de los depósitos que reciben. Es decir, si un banco recibe 100 pesos en depósitos, paga por ellos una tasa pasiva de 3% anual al depositante y le presta esos 100 pesos al público a quien cobra una tasa activa anual de 18%.
Entonces, la diferencia entre el 3% que paga y el 18% que recibe podrían ser las ganancias brutas de ese banco.
Ahora bien, el encaje legal se aplica sobre los depósitos que reciben los bancos, y como ahora es 14.3%, el ejemplo del banco que recibe depósitos por 100 pesos, debe guardar 14.30 pesos de encaje legal en el Banco Central. Esto significa que sólo puede utilizar 85.70 pesos para prestarlos más adelante y sacarle beneficios con la tasa de interés.
Por eso, cuando las autoridades monetarias suben el encaje legal, las entidades financieras se quejan, debido a que ven reducirse sus niveles de rentabilidad u optan, como acaban de anunciar, por aumentar las tasas de interés y mantener sus niveles de ganancias.
El aumento del encaje legal también amplía la brecha entre las tasas pasivas (que el banco paga a los depositantes) y la tasa activa (que los beneficiarios de préstamos le pagan al banco), debido a que como sólo pueden prestar el 85.7% de los depósitos que reciben, y deben pagar intereses sobre el 100% de esos depósitos, se produce la necesidad de ofrecer una baja tasa pasiva y cobrar altas tasas activas.
La aplicación del encaje legal se establece en el artículo 26, literal b) de la Ley Monetaria y Financiera 183-02. Ese literal expresa lo siguiente: “Las entidades de intermediación financiera estarán sujetas al encaje legal, entendiendo por tal la obligación de mantener en el Banco Central o donde determine la Junta Monetaria, un porcentaje de la totalidad de los fondos captados del público en cualquier modalidad o instrumento, sean éstos en moneda nacional o extranjera. La obligación de encaje podrá extenderse reglamentariamente a otras operaciones pasivas, contingentes o de servicios, si así lo considerase la Juan Monetaria. El incumplimiento de la obligación de encaje dará lugar a la sanción correspondiente prevista en el Artículo 67, literal c) de esta ley”.
Generalmente, el 90% de los recursos de encaje legal son depositados en el Banco Central y el 10% restante es depositado en las propias entidades financieras, con base en las cantidades que les correspondan.
