La crisis financiera se ha agudizado en Argentina tras las elecciones primarias celebradas hace tres semanas y que ha obligado al Gobierno de Mauricio Macri a buscar aplazar sus compromisos de deuda, reviviendo el fantasma del histórico cese de pagos de 2001.
El revés electoral del oficialismo en los comicios del 11 de agosto derivó en un terremoto en los mercados de bonos, y acciones y en la plaza cambiaria, con el peso desplomándose pese a las intervenciones del Banco Central y la ya elevadísima tasa de referencia de la política monetaria.
En sólo tres semanas, Argentina ha perdido algo más de 10,000 millones de dólares de reservas, que rondan los 56,000 millones de dólares, una sangría que en parte se explica por las divisas volcadas por el Banco Central al mercado para tratar de estabilizar el tipo de cambio.
Otra buena porción se ha aplicado a la cancelación de deudas. Por la crisis, la tasa de renovación de la deuda de corto plazo emitida por el Tesoro cayó drásticamente del 88 al 10%, aumentando la presión sobre los compromisos de pago del país.
Ante este escenario, el Gobierno anunció el miércoles que aplazaba entre tres y seis meses los vencimientos de títulos de corto plazo en manos de inversores institucionales, compromisos que alcanzaban a unos 10,000 millones de dólares hasta finales de año.
Para el economista Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora Econométrica, la decisión supone un “default selectivo” porque no se cumplirá el contrato con el acreedor (aunque no habrá quita de capital ni intereses, no se pagará en la fecha pactada) y porque no alcanza a toda la deuda, sino solo a parte de ella.
“Optaron por resguardar las reservas, que no son infinitas. Buscaron llevar tranquilidad al stock de reservas a costa de declarar un default técnico”, dijo el experto a Efe.
Las medidas del Gobierno van más allá: buscará también alargar los plazos de pago de la deuda de mediano y largo plazo con acreedores privados mediante una ley del Parlamento, para los bonos emitidos localmente, y con una negociación, para los títulos bajo jurisdicción extranjera.
Además, intentará negociar con el Fondo Monetario Internacional una extensión de los vencimientos con el organismo, que el año pasado accedió a prestarle 56,300 millones de dólares para atender a la crisis económica desatada en abril de ese año.
En todos los casos, Argentina asegura que no habrá quita de capital ni intereses, solo extensión de plazos, pero lo cierto es que, desde los anuncios, los bonos siguen en caída libre y el riesgo país se disparó a sus máximos niveles desde 2005.
“Los inversores están en pánico. No hay nadie en este momento que esté pensando que las cosas van a mejorar”, dijo a Efe Pablo Tigani, gerente general de la consultora Hacer.
La incertidumbre política crece. Las presidenciales serán el 27 de octubre y los mercados miran con desconfianza al candidato más votado en las primarias, el peronista Alberto Fernández, de duro predicamento contra la especulación financiera, pero también a Mauricio Macri, quien, de ser reelegido, no se sabe cómo hará para manejar la abultada deuda pública.
Los inversores, apunta Tigani, temen un incumplimiento generalizado porque Argentina tiene una relación de la deuda sobre el PIB que “ya pasó los 110 puntos y con la mitad de eso el país fue al default en el 2001”, por 102,000 millones de dólares, mayor cese de pagos de la historia moderna.
“Yo creo que la situación es mucho peor que en 2001. Dejaron pasar el tiempo y lo que va a venir es mucho peor de lo que estamos viendo”, advirtió el experto.
Tras el “default” de 2001, Argentina estuvo en cese de pagos hasta las fuertes reestructuraciones de 2005 y 2010, pero la relación solo se normalizó en 2016, con un acuerdo definitivo con los acreedores que hasta entonces litigaban contra el país en tribunales internacionales.
Castiñeira advierte que la situación que afrontará quien ocupe la Casa Rosada desde el 10 de diciembre y por cuatro años “no será fácil” pues el próximo presidente se encontrará con la herencia no resuelta del déficit fiscal dejado por el Gobierno de Cristina Fernández -ahora socia política de Alberto Fernández- y la herencia del endeudamiento generada por Macri “para intentar tapar el déficit”.
“Hubo un cierto abuso durante el Gobierno de Macri de tomar deuda. el crecimiento no apareció y la capacidades de repago de Argentina de esa misma deuda se hace difícil”, observó el economista.
A marzo pasado, la deuda total de Argentina era de 275,828 millones de dólares, con unos 109,000 millones en títulos emitidos por el Gobierno.
Sólo en concepto de vencimientos de títulos de deuda, el próximo presidente se encontrará con que en 2020, de no lograr una extensión de plazos, deberá pagar, según cálculos de diversas consultoras privadas, entre 23,000 y 27,000 millones de dólares.
Un pesado lastre para un primer año de mandato, en medio de un cuadro de recesión, alta inflación y creciente malhumor social.
