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Rosselló dejó firmadas leyes que afectan el derecho al acceso a la información

ricardo rossello junta de control fiscal

El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó decenas de leyes a horas de terminar su mandato entre ellas la llamada Ley de Transparencia y la Ley de Ley de Datos Abiertos, a pesar de que organizaciones de prensa y sin fines de lucro solicitaron que no lo hiciera.

Para la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, denunció que con la firma de estos estatutos se redujo la obligación del Estado de hacer públicas sus acciones, limitando de facto los derechos constitucionales al acceso de información, a la libre expresión y el ejercicio de la libertad de prensa.

“En un acto de total desprecio al país, a oscuras, Ricardo Rosselló firmó la Ley de Transparencia, que se convirtió en su última ley”, denunció la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización no gubernamental dedicada al reclamo de transparencia en los haberes públicos. “Los legisladores que aprobaron esos proyectos también a cuartos oscuros y a sabiendas de lo que significa para la limitar del derecho ciudadano, son tan responsables de ese legado como el gobernador que firmó la ley y tendrán que rendir cuenta por su actos”, señaló Blondet.

En múltiples ocasiones, tanto Espacios Abiertos como otras organizaciones, incluidos los gremios periodísticos, denunciaron la trampa que constituían los proyectos de ley que Rosselló firmó por no cumplir con los principios de acceso a la información pública reconocidos local e internacionalmente.

“El derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así lo expresó el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando le otorgó el rango de derecho constitucional al acceso a la información pública en 1982. La firma de Rosselló de las leyes de transparencia y datos abiertos, puede presentar otra controversia que deberá resolver nuestro más alto Tribunal, puesto que son leyes que en efecto limitan derechos de estirpe constitucional”, indicó.


Entre otras cosas, la llamada Ley de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa, y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original eliminó sanciones administrativas que incluían una multa de $250 a quien obstruyera el flujo de información pública.

Eliminó, a su vez, la garantía de que si la información pública es de fácil acceso se omita el trámite burocrático creado por la mima ley y se entregue la misma de inmediato. En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA). Por tanto, el efecto neto de estados dos leyes es el de dificultar el acceso a la información pública de manera rápida.

Espacios Abiertos denunció que en la víspera de su salida Rosselló firmó un total de 58 leyes que se suman a otros ocho desde que comunicó su renuncia en la medianoche del 24 de julio, para un total de 66.

Dijo que figuran muchas cuyo alcance real se desconoce pues ni siquiera han sido divulgadas por el Departamento de Estado, que ha estado prácticamente acéfalo desde la salida de Luis Rivera Marín a fines de julio en medio del escandaloso chat entre Rosselló, funcionarios públicos, asesores y cabilderos que terminó forzando al propio gobernante a dimitir.

El Código Político de Puerto Rico impone a quien ocupe la secretaría de Estado la obligación de promulgar todas las leyes decretadas por la Asamblea Legislativa y firmadas por el Gobernador de Puerto Rico.

“Mediante la impresión y distribución de todas las leyes, el Departamento de Estado cumple a cabalidad con la obligación impuesta. No obstante, hemos querido dar un paso más en nuestro desempeño y permitirle a la ciudadanía acceder a la legislación aprobada a través de la Internet de forma gratuita”, lee el sitio web del Departamento de Estado, donde, sin embargo, todavía no están disponibles las leyes nuevas.

“Los últimos días de su gobernación, después de anunciada su renuncia, hubo aun menos transparencia de parte de Rosselló, fue aun peor porque no sabemos con quién se reunió, qué decisiones tomó aun cuando el pueblo estaba en las calles exigiendo respeto. No sabemos siquiera qué indultos concedió ni qué contratos firmó”, recalcó Blondet.

Mencionó que se desconoce la dimensión de las implicaciones a futuro de todas las acciones que llevó a cabo Rosselló en los últimos nueve días de su gobernación.

A penas dos días antes de la firma de estas leyes, el 30 de julio, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos le había cursado carta al entonces gobernador solicitándole no firmar el proyecto de la Cámara 1095, titulado “Ley de Transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública” por este en realidad tener el efecto opuesto. También, le solicitó devolver el proyecto del Senado 236, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz y titulado “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” para poder hacerle enmiendas que le hicieran verdaderamente abierta.

Espacios Abiertos, que actualmente mantiene un pleito abierto contra el Gobierno de Puerto Rico por la falta de transparencia en los asuntos públicos, analiza posibles acciones a tomar ante este nuevo atentado contra el pueblo.


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