Se acostumbra a identificar al sector empresarial de una nación como uno de los llamados poderes fácticos. Entre ellos también se cita, en el caso dominicano, a la Iglesia católica, a la fuerza militar y a otros que pudieran tener influencias determinantes en sectores del país.
Dada la anterior definición, que puede ser distinta a otras en su forma, pero prácticamente igual en el fondo, se puede decir que la clase empresarial, especialmente la integrada por los pocos apellidos que controlan la economía del país, es un poder fáctico.
Se puede definir como poder fáctico a cualquier sector de la sociedad que, estando al margen de las instituciones políticas que gobiernan, ejerces sobre éstas una gran influencia, basada en su capacidad de presión directa o indirecta.
Pero los poderes fácticos no siempre ejercen presión o influyen sobre la clase política gobernante, sino que más bien observan su comportamiento para determinar si su permanencia en el poder y estilo de gobierno los perjudica o no en determinadas circunstancias.
En República Dominicana contamos con una clase política que, aunque con sus defectos y debilidades, está lo suficientemente consolidada y madura como para garantizar que, con cualquiera de los partidos tradicionales en el poder y los líderes reconocidos con vocación de poder, el estilo de gobierno tendría diferencias mínimas, por lo que no se avistan amenazas serias o preocupantes para los llamados poderes fácticos.
Sin embargo, hay poderes fácticos a los que les ha ido mejor en determinados períodos de gobierno que en otros, por lo que a la hora de analizar lo más conveniente en vísperas de un período electoral, pues se inclinan a su favor sin necesariamente asumir posiciones públicas.
La coyuntura electoral actual tiene características muy particulares, pues hay un partido que gobierna y que está en medio de una profunda confrontación interna, pero que, aun así, se perfila como posible opción a ganar las próximas elecciones, debido a que la oposición política se observa poco competitiva para la próxima contienda electoral.
Ante esa situación, los poderes fácticos han comenzado a analizar con cuál de los dirigentes con vocación presidencial del partido en el Gobierno sería más conveniente vivir los próximos cuatro años del venidero período gubernamental, lo que implica ver como posible opción al gobernante actual, aun cuando éste no tiene actualmente posibilidad de aspirar, dado que la Constitución de la República se lo impide.
En esta coyuntura interviene el elemento de cuán conveniente o perjudicial pudiera ser para la institucionalidad del país el hecho de que la Constitución de la República vuelva a ser modificada cuatro años después con el mismo propósito del continuismo presidencial.
Sin embargo, esa eventual modificación no sería, en sí misma una violación de la propia Constitución, sino un nuevo cambio de los tantos a que ha sido sometida, lo cual es indudablemente inadecuado y poco prudente.
Pero, ¿qué piensan los poderes fácticos sobre las opciones a la vista en caso de que no se produzca esa modificación constitucional para habilitar nuevamente al presidente actual para una nueva reelección? ¿Acaso será lo mismo para los poderes fácticos, especialmente el poder fáctico empresarial, que el gobierno lo siga dirigiendo el que está o que lo asuma el que estuvo? ¿Cuál sería la reacción de los poderes fácticos en caso de que nuevamente se modifique la Constitución para habilitar al presidente de turno?
Esas preguntas y otras más relacionadas con lo mismo tienen sus respuestas de parte del poder fáctico empresarial y aunque no han sido ni serán dadas a conocer públicamente, se presume que van en una dirección específica al observar las actitudes de ese sector en las últimas semanas y en las semanas por venir.
Para mí, es prácticamente un hecho que habrá una nueva modificación de la Constitución de la República. No digo que esté de acuerdo con eso. Incluso, pienso que el país no debería estar en esta situación.
Pero al observar las actitudes de los poderes fácticos, especialmente del sector empresarial, me parece que, ante una modificación constitucional para habilitar al presidente de turno en procura de una nueva reelección, ellos no se manifestarían en contra, sino, al contrario.