Aún con los esfuerzos que se han venido realizando en muchos países de América Latina por reducir y controlar la corrupción administrativa, aquella que se ejerce desde el Estado, continúan apareciendo casos emblemáticos que conducen a pensar que, en esta materia, todavía falta mucho por hacer.
En efecto, el esquema de sobornos instaurado por la constructora brasileña Odebrecht constituyó el último entramado corrupto que puso en evidencia las capacidades y posibilidades que existen de delinquir desde los gobiernos, y también de cómo, sector público y sector privado, pueden convertirse en aliados perversos que dañan la economía y la sociedad.
Uno de los problemas básicos que tiene la corrupción que se ejerce desde el Gobierno, además de la malversación, la extorsión, los fraudes y el nepotismo, es la sustitución grosera que se hace de la obtención de rentas legítimas por renta nocivas, además de generar efectos negativos a nivel de la innovación y la productividad.
Sin embargo, las complicaciones mayores de la corrupción, es que se convierte en un estilo de desempeño de la mayoría de las entidades de carácter público, en donde todo tipo de contratación para la provisión de bienes y servicios, está supeditada a una coima o comisión que tiende a elevar los precios finales de los mismos.
Investigaciones realizadas dan cuenta de que la corrupción tiene efectos multiplicadores negativos sobre la economía, la pobreza y la desigualdad. Siendo dinero público que va a parar a manos privadas de forma ilegal, es obvio que tendrá un impacto sobre el déficit fiscal, con la consecuente falta de recursos para invertir en salud, educación, agua y saneamiento e infraestructura, lo que aumenta la pobreza. De ese modo, la necesidad de más fondos públicos, probablemente inducirá a nuevos impuestos o a nuevas formas de elevar los ingresos estatales.
Pero el problema fundamental de la corrupción es que poco a poco va convirtiéndose en una cultura, afilada y promovida desde el litoral político, y alimentada por la ausencia de un verdadero sistema de consecuencias. Así, la ciudadanía va creando esa percepción de que nada pasa, de que la corrupción se ubica en el ADN de los servidores públicos, y de que mientras es más es mejor, pues da para pagar cualquier intento de sometimiento judicial.
De esta manera, la corrupción, en sus diferentes manifestaciones, va generando ese vacío existencial colectivo, que solo le da a la sociedad que va muriendo, asesinada por sus propios hijos, y enterrada por sus políticos.