La deuda pública, como bien señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus conclusiones relacionadas con la última revisión de la economía dominicana, es una variable a la que es necesario ponerle atención. Los directores del organismo instaron a redoblar los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la deuda.
La deuda pública consolidada a marzo, lo que significa que no se incluyen los US$2,500 emitidos a finales de mayo, cerró en US$42,077.2 millones, es decir, un 50.1% del producto interno bruto (PIB). De este monto, US$12,025.4 millones corresponden a deuda del Banco Central, la cual creció en US$494.4 millones en los primeros tres meses de 2019, para un 4.29% cuando se compara con el cierre de 2018, que fue de US$11,531 millones.
No ha habido forma de capitalizar el Banco Central. Además de las buenas intenciones, por lo menos dos leyes han sido sólo buenos intentos. La primera fue la Ley 121-05 que autorizó al Poder Ejecutivo a emitir bono por RD$2,235 millones con la finalidad de capitalizar al Banco Central. En esta oportunidad también se emitieron RD$1,500 millones con iguales propósitos para al Banco de Reservas, pues proceso inflacionario y devaluatorio de los últimos años había deteriorado el capital de la entidad financiera estatal.
El otro “buen intento” por recapitalizar el Banco Central fue la Ley 167-07. Esta legislación nos recordó que luego de varios años de estabilidad macroeconómica y crecimiento, la economía dominicana sufrió en 2003 una de las crisis más graves de su historia, tras la caída del Baninter, uno de los bancos más grandes del sistema financiero y los problemas que presentaron Bancrédito y el Mercantil. Refiere que se registró un crecimiento acelerado de los principales agregados monetarios, a través de la concesión de facilidades de liquidez inorgánicas para el pago a los depositantes, que ascendieron a 105,695,384,251, suma sin precedentes en este tipo de operaciones en el país.
Válido es reconocer que los fundamentos del plan para la recapitalización del Banco Central fue elaborado por una comisión de alto nivel creada mediante el decreto 534-05, de fecha 23 de septiembre de 2005, con el apoyo de una comisión técnica del Banco Central y la asistencia del FMI.
¿Cuál es la sugerencia válida en medio del contexto en que se ha desarrollado el Banco Central luego de la crisis bancaria de 2003? El Gobierno central está en la obligación (y necesidad) de desprenderse de una parte de los ingresos o acciones de Barrick Pueblo Viejo, ya sea mediante gestión directa de las autoridades monetarias o vía un fideicomiso para en un tiempo relativamente corto reducir el déficit cuasi fiscal a su mínima expresión.
No es un secreto que la capacidad de maniobra del Banco Central está mellada como consecuencia del déficit generado por esa crisis financiera, el cual crece cada vez más. Las emisiones de certificados cuestan mucho, impidiendo que la política monetaria sea más holgada y le dé más oxígeno a la entidad.
Esta propuesta, que pudiera parecer descabellada para los que necesitan ingresos frescos, debería ser analizada por quienes tienen bajo su responsabilidad mantener la estabilidad macroeconómica del país. A toda luz, y a juzgar por los resultados, se ve que mantener la inflación a raya no ha sido una tarea fácil.
Si existiera el compromiso de entregar una parte de esos ingresos frescos a través de un fideicomiso, por ejemplo, la posibilidad de frenar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que es su gran deuda, sería menos incómodo. Voluntad política es, sin quizá, el único ingrediente necesario.
Aunque en 2018 el valor agregado de la actividad Explotación de Minas y Canteras se contrajo en 1.3%, explicado por la caída en la producción de oro (-7.3%), no está de más hacer el intento, pues en el horizonte cercano no se visualiza la posibilidad (ni condiciones) para reformar el sistema tributario como realmente se requiere, pues hacerlo implicará hacer recortes de gastos y, posiblemente, la parte política del tema no esté en esa disposición. Lo idóneo es darle oro al déficit cuasi fiscal.