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Estabilidad jurídica para la inversión extranjera

Jaime M. Senior Fernández Por: Jaime M. Senior Fernández 0 Compartir 19 de junio, 2019

Las dos mayores fuentes de creación de empleos y riquezas en cualquier nación son las pequeñas y medianas empresas, así como la inversión de nuevos capitales. Sin lugar a dudas, para la segunda –la inversión– la estabilidad del marco jurídico es un elemento de primordial importancia, ya que si no se cuenta con una constancia en esta aspecto, la planificación de la inversión no puede ocurrir.

El aspecto del marco legal de desarrollo de la inversión es algo que resulta tan evidente y de tanta importancia, que en el Congreso Nacional cursa un proyecto que busca modificar la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, con el objetivo de establecer un régimen de “estabilidad jurídica” para las mismas. El proyecto establece un registro de nuevas inversiones (definidas como la inversión en capital o facilidades crediticias para la producción de bienes o servicios) ante el CEI-RD, y dichos registros concederán ciertos beneficios.

Respecto a los beneficios concedidos por el registro, se prevé que no podrán variar los “derechos adquiridos” respecto a la inversión, no podrán variar las tasas, arbitrios e impuestos, así como el régimen aduanero y laboral. Aunque se exceptúan situaciones de utilidad pública o interés nacional, dichos beneficios, en principio, durarían veinte años.

Aunque pudiera parecer algo loable y positivo, tenemos reservas respecto a este proyecto. En primer lugar, se podría decir que el beneficio concedido representa un privilegio a un grupo frente al interés nacional. Es decir, no debe haber razón por la cual una inversión realizada en un momento particular debe beneficiarse por encima de una inversión posterior a la modificación del sistema fiscal.

En segundo término, y más fundamentalmente, ante cualquier variación en el marco jurídico, las empresas que no gozan de los privilegios bajo la ley no podrán competir efectivamente contra aquellas que sí gozan del registro. El tercer elemento es que dicha ley pudiera ser considerada como contraria a la Constitución, que establece el principio de igualdad, entre otros, por lo que la aprobación de la misma pudiera generar mayor confusión e inestabilidad, totalmente contrario a su propósito.

En sentido general, nos parece que la intención del proyecto de ley es positiva, y es precisamente el tipo de concepto que debe imperar entre nuestros legisladores y funcionarios gubernamentales. Sin embargo, para lograr el objetivo perseguido, debemos enfocarnos en mejorar el clima de negocios, las leyes que tenemos, y la forma en que se aplican, en vez de buscar parches que pudieran causar una distorsión en el tejido productivo nacional.

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