Es relativamente sencillo hacer promesas para ganar las elecciones. Cumplirlas es harina de otro costal. En América Latina y el Caribe es habitual que las promesas electorales se traduzcan en un plan de gobierno genérico, con pocas medidas concretas y demasiadas “prioridades”.
Se necesita una fuerte voluntad política, capacidad para priorizar el programa de gobierno, vigilar su implementación y, sobre todo, rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus metas para llevar a cabo esta tarea.
Además, las prioridades suelen ser cada vez más transversales y complejas. Para ello se necesitan datos confiables, que permitan entender el pasado e identificar tendencias futuras, y fuertes capacidades analíticas en la función pública. A eso hay que añadir la capacidad de monitorear las metas y tomar decisiones en tiempo real, dependiendo de los resultados.
Un equipo para coordinar y agilizar
En los últimos años, varios gobiernos han optado por enfocarse más en el seguimiento y la implementación de sus planes y han fortalecido sus instituciones de apoyo. Esto incluye a República Dominicana, que confía al Ministerio de la Presidencia esta tarea.
Recientemente, el Gobierno hizo público el ranking de cumplimiento de metas presidenciales. Dos aspectos valen la pena destacar: primero, el esfuerzo para medir el cumplimiento de indicadores por cada institución, como ejercicio de rendición de cuentas. Segundo, visibilizarlo y ponerlo a disposición del público.
Más allá de estos avances, la gestión de prioridades es un proceso en constante evolución y perfeccionamiento. Para seguir avanzando es vital la identificación y el seguimiento al progreso de otros países en la materia, para ver tendencias y aprovechar sinergias en la utilización de metodologías y mecanismos de gestión en práctica y con buenos resultados.
Por ejemplo, las lecciones aprendidas y algunos de los resultados de las comúnmente denominadas “Unidades de Cumplimiento” o “Delivery Units” con las que cuentan varios países de Latinoamérica y el Caribe, apoyados por instituciones como la nuestra, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
¿Qué son las Unidades de Cumplimiento? Son equipos multidisciplinarios, con experiencia en sectores público y privado, que suelen estar instaladas en la Oficina de la Presidencia o su equivalente, y generalmente, se establecen a través de un decreto. Su rol central es apoyar a los ministerios en el fortalecimiento de sus capacidades para lograr: visión y priorización de metas estratégicas del gobierno, la planificación detallada de su implementación, la generación de datos confiables para medir su progreso, y el desarrollo de mecanismos e incentivos para intervenir.
Gran parte del éxito de estas unidades está en reclutar personas que sepan gestionar el ciclo completo de una política pública en el marco de la realidad institucional, social, económica y política de un país.
Innovaciones con resultados
Las Unidades de Cumplimiento deben centrarse exclusivamente en las prioridades más estratégicas de un gobierno. Gran parte de su éxito en la región se basa en construir metodologías de planificación detallada, rutinas de seguimiento y chequeos permanentes de los resultados. Este procedimiento permite a los gobernantes identificar áreas de incumplimiento, analizar las causas del bajo desempeño y facilitar soluciones oportunas y a la medida. Los gobiernos que han establecido Unidades de Cumplimiento han notado mejoras considerables en los resultados de sus políticas estratégicas. Por ejemplo:
- En Chile, entre 2009 y 2013 se redujo la tasa de victimización de 33,6% a 24,8%. Los delitos cometidos en espacios públicos también se redujeron un 30% en el mismo período.
- En Colombia, el robo de celulares en 10 ciudades seleccionadas bajó un 12% en un año (2014-2015).
Gobernar de forma efectiva y lograr un impacto real en la calidad vida de los ciudadanos es fundamental para la consolidación de nuestras democracias. Las Unidades de Cumplimiento bien estructuradas constituyen una oportunidad innovadora y efectiva de gestionar planes de gobierno y lograr los resultados propuestos. En los procesos electorales en nuestra región,
como votantes, debemos preguntarnos ¿qué estrategia y modelo de gobernanza plantean los candidatos para implementar sus promesas de campaña en un plan de gobierno con resultados? Este simple ejercicio puede ayudarnos a dimensionar la extensión del trecho entre el dicho y el hecho.
