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La Escuela Económica

Los atrasos intencionales a las reformas estructurales

Esteban Delgado Por: Esteban Delgado 0 Compartir 2 de mayo, 2019

Una de las características más comunes en la política dominicana es la provocación que recibe todo ciudadano que alcanza la Presidencia de la República de buscar la forma para continuar en el poder más allá del período que fue electo.

Para eso, en los casos de países cuya Constitución prohíbe la reelección presidencial, se recurre a una modificación de la Carta Magna, para establecer, en principio, el derecho a optar por al menos un período más. Ese fue el caso del actual presidente Danilo Medina.

Sin embargo, no deseo enfocar este artículo en asuntos políticos ni reeleccionistas, sino, más bien, en lo que dejan de hacer o hacen los gobernantes con base en la premisa de los llamados: “costo político” y “voluntad política”.

Cada vez que un gobernante va a promover alguna decisión, antes de pensar en el bienestar de la sociedad, en lo que aportará hacia el futuro para el desarrollo del país y la mejoría de la calidad de vida de la gente, así como al fortalecimiento institucional, lo que hace es analizar el “costo político” que tendría esa decisión.

Si no hay “costo político” y, por el contrario, la acción a ejecutar tiene posibilidades de sumar popularidad y adeptos coyunturales en el corto plazo, entonces se recurre a inyectarle “voluntad política” a la iniciativa en cuestión.

Por eso, las ambiciones de continuismo político tienen el aspecto negativo de que las medidas a tomar o ejecutar en el ejercicio gubernamental generalmente son de corto plazo y no con una visión de futuro hacia el desarrollo.

Uno de esos casos es el necesario Pacto Fiscal, con el que se procuraría una profunda reforma fiscal que abarque diversos aspectos como las tasas impositivas existentes, los impuestos nuevos a crear en caso de ser necesarios, la ampliación o reducción de la base imponible actual, la revisión de las exenciones fiscales, los mecanismos de eficiencia recaudadora y de sanciones contra la evasión fiscal, así como la posible reducción y mejoría de la calidad del gasto público.

Pero sucede que las reformas fiscales bien estructuradas tienen dos características: tienden a ser medidas impopulares y de alto rechazo en el momento en que son ejecutadas y, en segundo lugar, sus resultados positivos van a verse en el mediano plazo, es decir, casi siempre en el período gubernamental siguiente.

Es el caso de la reforma fiscal de principios de los años 90, cuyos resultados positivos comenzaron a verse a partir de finales de esa década, por lo que correspondió al presidente de entonces Joaquín Balaguer su aplicación, y a partir del 1996, el presidente entrante, Leonel Fernández, exhibió un cuatrienio de prosperidad y crecimiento.

Se pensaba que el presidente Danilo Medina, quien promovió una reforma de la Constitución para buscar su reelección en el período 2016-2020, iba a aprovechar este cuatrienio para promover reformas estructurales e importantes para el futuro del país, pues, al ser su último período de gobierno, no tendría que tomar en cuenta el “costo político” de esas acciones.

En lugar de eso, lo que se ha impuesto es la decisión del Gobierno de no promover un Pacto Fiscal ni reformas tributarias en lo que queda de esta gestión gubernamental con el argumento de que estamos en un año preelectoral y el próximo es electoral, por lo que esa tarea se dejaría a la próxima gestión gubernamental del período 2020-2024.

Esas son las situaciones que mantienen estancadas las grandes reformas estructurales que necesita esta nación para que el crecimiento económico promedio de 6% anual durante los últimos seis años se refleje en la reducción de la desigualdad social y la mejoría de los estratos sociales más bajos.

Reformas en la seguridad social, el sistema de pensiones, el Código de Trabajo, el sector eléctrico, en el aparato burocrático estatal, en las áreas de salud, educación, seguridad ciudadana, medio ambiente y, por supuesto, en el ámbito tributario y fiscal, son de vital necesidad para el desarrollo del país, pero se tornan impopulares para cualquier gobernante con aspiraciones a seguir en el poder, porque implican un “costo político” coyuntural que nadie desea enfrentar. Una expresión del subdesarrollo que en algún momento debemos superar.

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