El sector financiero dominicano no sólo ha demostrado ser competitivo, sino que ha sabido jugar en un escenario estrecho, en el que hay muchos jugadores y un mercado aún por explorar en muchos aspectos. Las inversiones financieras, sin embargo, siguen como una de las fuentes de generación de beneficio de una parte significativa de las entidades de intermediación financiera a través de los fondos de pensiones o las emisiones de deuda del sector público.
Esto está bien y también “no tan bien”. ¿Por qué? La función principal de una entidad financiera es captar dinero del público y colocarlo un mercado ávido de recursos para actividades productivas. Esta es la esencia, pero no siempre es así. Los bancos, de todos modos, deben garantizarles el rendimiento prometido a sus clientes y, de paso, hacer negocios porque deben ser sostenibles.
Sin embargo, ¿qué se nota en el mercado dominicano? Que una gran parte se dedica a invertir en el mercado de valores comprando títulos de Hacienda y el Banco Central, lo cual no está mal desde el punto de vista del negocio, pero que, sinceramente, nos lleva a preguntarnos hasta cuándo será esto sostenible para el Estado.
Lo que se nota es que los fondos de pensiones han servido para financiar el déficit público. ¿Dónde están invertidos los ahorros de los trabajadores? Según la Superintendencia de Pensiones (Sipen), RD$239,781.6 millones (45.96% de la cartera de inversiones) están colocados en títulos del Banco Central. En bonos de Hacienda hay RD$155,649.1 millones, es decir, un 29.84%, mientras que en los bancos sólo hay RD$24,303.3 millones, para un 4.66%. Las asociaciones de ahorros y préstamos han adquirido RD$8,242.5 millones, un 1.58%, y en otros inversionistas minoritarios está en el resto.
Quizá me preguntarán qué busco con este enfoque. Creo que las administradoras de fondos de pensiones deben garantizarles rentabilidad a esos recursos, pero al mismo tiempo debe haber algún acuerdo o compromiso nacional respecto a la necesidad de que los ahorros de los trabajadores no sólo vayan a generar beneficios financieros, sino que, por antonomasia, deberían ser invertidos en infraestructura donde la rentabilidad sea más equitativa.
