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Informe evaluación de Gafilat RD: un reconocimiento de grandes avances

Roberto Mella Cohn Por: Roberto Mella Cohn 0 Compartir 13 de diciembre, 2018

El Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica (Gafilat), una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe, y que actúa para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros, recientemente emitió su informe de evaluación país que concluyó que República Dominicana cumple mayoritariamente 8 de las 40 Recomendaciones del GAFI, parcialmente cumple con 26 y no cumple con un total de 6. La organización anunció que, de manera general, República Dominicana superó las pruebas del Informe.

La mencionada evaluación del Gafilat, emitida en septiembre, dio a conocer el Informe de Evaluación Mutua de República Dominicana, donde se evaluaron las medidas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en República Dominicana en base a las 40 recomendaciones del GAFI.

Dentro del informe de 193 páginas pudimos evidenciar una serie de pros y contras que pretendemos enunciar los que a nuestro criterio tienen mayor relevancia sobre la base de los mecanismos de prevención.

Fortalezas

Debemos reconocer los grandes avances que ha dado el país y que han sido presentados en el informe de evaluación del GAFI, dentro de los cuales mencionamos las que consideramos más relevantes:

• La actualización del marco normativo del país en materia LA/FT a la par de los estándares internacionales: Nuestra Ley 155-17 y sus reglamentos (decretos 407-17 y 408-17), exponen una serie de importantes cambios necesarios para cumplir con el estándar, dentro de los principales cambios podemos citar: a) la inclusión de nuevos delitos precedentes, como es el caso de los delitos derivados de actos de corrupción, delitos financieros; delitos tributarios, bajo las condiciones establecidas por reglamento; delitos de medio ambiente, el financiamiento del terrorismo, entre otros; b) Los sujetos obligados fueron clasificados en financieros y no financieros, destacando la inclusión de participantes del mercado de valores, cooperativas de ahorros y créditos, factoring, casas de empeño y definió los tipos y las razones donde los profesionales liberales (abogados, notarios y contadores) serán sujetos obligados; c) Un marco sancionador que amplía las penas hasta 30 años en las diferentes modalidades de los delitos de LAFT; d) enfatiza en la responsabilidad penal de los empleados y directivos de las personas jurídicas; e) define las multas administrativas de los sujetos obligados; f) la inclusión del Financiamiento del Terrorismo dentro del alcance de la normativa nacional.

• La definición de un sistema para identificar, reportar y congelar fondos vinculados al financiamiento del terrorismo.

• La realización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), realizada en el período 2010-14, arrojando (por sólo citar algunos de sus hallazgos): las actividades ilícitas de mayor riesgo, dentro de las cuales menciona el narcotráfico, la corrupción, y el fraude bancario y al Estado; las actividades y profesionales no financieras asignadas (APNFD’S) fueron calificadas como las más vulnerables para ser utilizadas para LAFT, debido a la ausencia de regulación específica y datos confiables para la evaluación de sus riesgos inherentes, problemática que la ley y las normas sectoriales han venido a contrarrestar.

• Autoridades competentes y supervisoras nacionales con mecanismos de cooperación institucional para la investigación y procesamientos de casos de lavado de activos; a modo de ejemplo, en el periodo de enero a junio del año 2017, la UAF solicito informaciones a estas instituciones: 189 a la Superintendencia de Bancos (SIB), 64 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 108 a la Superintendencia de Valores (SIV) y 35 a diferentes sujetos obligados.

• Un marco de cooperación internacional en la cual el informe dispone de unas estadísticas que revelan que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana ha recibido 38 cooperaciones internacionales de sus homologas a nivel en el exterior desde el año 2013 hasta el 2017, mientras que en ese mismo periodo, la UAF ha respondido a 49 solicitudes de cooperación. La UAF está en proceso de reingreso del Grupo Egmont, que agrupa a más de 150 unidades de inteligencia financiera a nivel mundial.

• La UAF cuenta con diferentes fuentes, tanto abiertas como cerradas, para llevar a cabo los análisis de inteligencia financiera para la remisión de los reportes pertinentes al Ministerio Público, que cuenta con Procuradurías Especializadas, así como una activa participación en la transmisión de informes de inteligencias que co-ayudaron a las investigaciones judiciales. De acuerdo al informe las estadísticas asociadas a la cantidad de reportes expone que del 2012 a enero del 2018 la UAF remitió de manera espontánea al Ministerio Público 102 informes de inteligencia, 12 de cuales se utilizaron en casos judicializados, obteniendo 14 sentencias condenatorias.

• Existe comprensión de los riesgos de LAFT de las estructuras jurídicas por parte de los supervisores del sector bancario y de valores.

• Una de las grandes fortalezas del Informe fue que se destacó la organización de capacitaciones masivas a una gran cantidad de sujetos obligados en un período muy corto de tiempo, lo que ha logrado sensibilizar a diversos sectores respecto a sus obligaciones básicas en materia de PLAFT. Los procesos de capacitación de las APNFD’S se enfocaban en la socialización de las recientes normativas y de que se comprendan las responsabilidades de los controlados en materia de PLAFT y, adicionalmente, acerca de los riesgos nacionales y las estrategias para enfrentarlos. Desde julio del año pasado, a UAF ha promovido más de 20 capacitaciones a nivel nacional.

• Sobre el beneficiario final, el informe hace referencia a la informatización de los registros mercantiles, las cuales se espera se mantenga pública a través de la página del registro mercantil; la centralización de la información de las sociedades, estructuras jurídicas y beneficiarios finales a través del RNC de la DGII para conocer los Beneficiarios Finales; y el impedimento de algunos supervisores para evitar que entidades financieras y del mercado de valores sean poseídas, controladas o administradas por personas no idóneas o criminales.

Debilidades y mejoras

El Informe de Evaluación Mutua del GAFI en sus 193 páginas informa sobre una serie de mejoras que debe llevar cubrir el país, dentro de las cuales mencionamos las siguientes:

• Existen pocos casos judiciales para combatir el lavado de activos vinculado a otros delitos que no sean el narcotráfico y se advierten desafíos en cuanto a la utilización de los informes de inteligencia financiera de la UAF y respecto de los resultados de la persecución penal. El narcotráfico representa el 61% de los casos donde hay sentencias condenatorias en delitos precedentes, los delitos de corrupción (soborno, cohecho, prevaricación) ocupa un segundo lugar con un 17%, los demás no superan el 11%.

• Se tiene que llevar a cabo acciones a fin de mejorar la calidad y los envíos del ROS por parte de la APNFD’S. Debido a que el registro de determinados sujetos obligados aún se encontraba en sus primeras etapas, específicamente el sector no financiero, se observa una limitación en el envío del ROS por parte de estos sectores. A modo de ejemplo, de un total de 41,910 ROS recibidos por la UAF entre los años 2013 y 2017, el sector financiero remitió 40,920 (equivalente al 97.64%), mientras que el sector no financiero remitió la cantidad de 990 (2.36%).

• Las normativas de cada sector no financiero, emitidas por la DGII, se replican de manera idéntica y no se encuentran ajustadas a las distintas realidades de cada sector.

• El informe revela la falta de supervisión y control que existe en el mercado de cambio de divisas informal.

• Los evaluadores consideraron que existe un muy bajo nivel de sanciones en proporción con el universo total de los sujetos obligados no financieros, además revela que las sanciones impuestas no son disuasivas. Según estadísticas del informe, en el sector financiero fueron aplicadas 168 sanciones por la SIB, ascendente a RD$ 8.769.013, lo que equivale aproximadamente a USD 177.200 entre los años 2013 y 2017. De manera muy especial hace mención a la falta de supervisión y sanciones por parte de la Superintendencia de Seguros y el IDECOOP. Así mismo el informe expone que todos los supervisores deberían realizar supervisiones basadas en riesgos.

• A pesar de estar en crecimiento, el informe advierte un limitado número de decomiso de bienes, así como una falta de claridad en la realización de congelamiento de activos de la Procuraduría especial contra la corrupción.

• No existen evidencias que tanto el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo como la Superintendencia de Seguros posean mecanismos para impedir que delincuentes o sus asociados posean u ocupen un cargo gerencial de las entidades supervisadas.

En conclusión, considero que nuestra reciente evaluación de Gafilat evidencia un claro avance en los aspectos normativos de prevención, pero deja un gran reto en el cumplimiento técnico vinculado sobre todo en lo referente a la supervisión basada en riesgos y las sanciones efectivas en caso de incumplimiento. Nos toca ahora demostrar eficacia en las supervisiones que tendrá el país con cierta frecuencia.

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