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“El mercado está cerca de las primeras emisiones de renta variable” El superintendente Gabriel Castro apuesta a un mercado más diversificado sustentado en la confianza de los inversionistas

Jairon Severino Por: Jairon Severino Punta cana, La Altagracia 0 Compartir 11 de noviembre, 2018
gabriel castro mercado de valores

Hace más de 60 años que República Dominicana comenzó a definir su marco jurídico referente al mercado de valores. Las primeras décadas, al parecer, pasaron sin pena ni gloria hasta que un grupo de empresarios entendió que en este sector económico hay oportunidades infinitas para lograr capital fresco y a costos competitivos.

La legislación más reciente, la 249-17, como reforma a la Ley 19-00, ofrece un campo de acción más abarcador. El superintendente del Mercado de Valores, Gabriel Castro, considera que República Dominicana está en un momento cumbre, a las puertas de iniciar las emisiones de renta variable, pero también adoptando las mejores prácticas de transparencia y cumplimiento.

¿Cómo surge el mercado de valores dominicano?
En términos legislativos, el primer instrumento jurídico que regula el mercado de valores de República Dominicana es del 15 de mayo de 1953, cuando se dicta la Ley Orgánica de la Bolsa Nacional de Valores 3553. Bajo esta ley se crea la Bolsa Nacional de Valores, cuyo objeto principal era “velar por el interés general del comercio, ofrecer un punto de reunión para la contratación de valores mobiliarios y de productos nacionales e importados propiciando su distribución”. Como órgano superior se crea la Comisión de Valores.

¿Cuáles tipos de valores definió la ley?
Definió los tipos de valores a ser negociados en la Bolsa Nacional de Valores y los únicos sujetos autorizados a intervenir en estas negociaciones serían los corredores de valores. A principios de la década de los 80, por iniciativa de un grupo de empresarios del sector privado comprometidos en promover el mercado de valores, se crea el 25 de noviembre de 1988 la Bolsa de Valores de Santo Domingo como una entidad sin fines de lucro, auspiciada por la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional. No obstante, no fue hasta el 12 de diciembre de 1991 cuando formalmente se realiza la apertura de la bolsa. El nivel de operaciones entonces fue de RD$5,005,667 y que fueron en incremento a nivel nacional. Es por lo que, en marzo de 1997, se decide cambiar el nombre a Bolsa de Valores de República Dominicana.

¿Cómo se fue formalizando hasta llegar a ser lo que es hoy?
Con la promulgación de la Ley de Mercado de Valores 19-00, que exige que la Bolsa debe estar constituida como una compañía por acciones para ser inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Productos, el 23 de agosto de 2002, se constituye como sociedad anónima denominándose “Bolsa de Valores de República Dominicana, S.A.” Durante esta década, en 1995 en la Cumbre de las Américas, República Dominicana y otros países acuerdan desarrollar y armonizar las regulaciones de los mercados de valores a fin de promover e incentivar la formación del ahorro interno y facilitar el proceso de inversión. En 1996, el Estado dominicano emprende una serie de medidas liderado por el Banco Central, y la participación del sector privado, dentro de la cuales se plantea el proyecto de Ley de Mercado de Valores y de Productos.

¿Cómo fue este proceso de la nueva legislación?
El proyecto de Ley de Mercado de Valores y de Productos es sometido al Congreso Nacional, y es aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2000, y por el Senado de la República el 18 de abril de ese mismo año, siendo promulgado por el Poder Ejecutivo mediante la Ley 19-00, el 08 de mayo de 2000. El 19 de marzo de 2002 se aprueba el primer reglamento de aplicación, marcado con el número 201-02. Esta Ley y su reglamento delegan en la Junta Monetaria iniciar los trámites para la conformación de la estructura organizativa de Superintendencia de Valores.

¿Cómo quedó conformado este primer equipo de funcionarios?
Es en 2002 cuando se empieza a conformar la estructura organizativa de la Superintendencia, y los trámites para la conformación del Consejo Nacional de Valores. Mediante el decreto 236-02, el Poder Ejecutivo designa los primeros sietes miembros del Consejo. Cumpliendo con sus responsabilidades legales, la Junta Monetaria autoriza al Banco Central a asignar recursos para la ampliación y remodelación del edificio sede de la Superintendencia y la adquisición de su mobiliario, así la creación del fondo de RD$525 millones, que debían ser colocados en inversiones de bajo riesgos y su rendimiento sería el usufructo que la Superintendencia utilizaría para cubrir sus gastos, hasta que la entidad alcanzara su independencia económica.

¿Cuándo se crea Cevaldom?
La creación del Depósito Centralizado de Valores (Cevaldom) fue en 2003. Es bueno mencionar que diez años después, en 2013, se crea una proveedora de precios (RDVAL). Desde entonces, la inscripción en el Registro de Mercado de Valores y Productos de distintos participantes del mercado cada año presentan un incremento constante. En 2005, con la emisión de la norma para intermediarios de valores que establece disposiciones para su funcionamiento, se creó una estructura de modelo de negocios para este tipo de entidades. Se observa cómo a partir de esta fecha los puestos de bolsa comienzan a realizar operaciones estructuradas que incluyen contratos forward, préstamos de margen y mutuos o préstamos de valores.

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¿Cómo ayuda la nueva Ley 249-17 al mercado?
La nueva Ley de Mercado de Valores (Ley 249-17) consolida y establece una nueva estructura para el mercado de valores dominicano más robusta. Nuevas figuras son introducidas, tales como el asesor de inversión, la Sociedad Administradora de Mecanismos Centralizados de Negociación, el Sistema de Registro de Valores, el mercado OTC, la proveedora de precios, así como un nuevo régimen sancionador, entre otros. Esta ley ofrece un marco legal a la Superintendencia de Mercado de Valores para la autorización de funcionamiento de los participantes del mercado de valores, y procura el desarrollo ordenado y transparente del mercado de valores, el control razonable de los riesgos y fundamentalmente contribuye a la protección y educación del inversionista. Sin duda, además, la emisión de 17 reglamentos de aplicación contribuirá a la operatividad de las distintas figuras del mercado.

¿Qué importancia tiene el mercado de valores en la estabilidad y crecimiento de la economía?
El Mercado de Valores es una de las fuentes más importantes para levantar los recursos y financiar tanto el sector privado como el público. En el primer caso, al Estado le permite realizar una gestión eficiente de sus recursos y construir un marco eficaz para la conducción de la política fiscal, lo cual forma bases de la ejecución de políticas expansivas para la economía. En el caso de la crisis financiera global en el período 2008-2009, la política fiscal fue la principal herramienta para frenar las fuerzas de contracción de la actividad económica. Los países que la han utilizado lograron evitar severas consecuencias negativas de mediano y largo plazos. Aquellos que no lo han hecho, se vieron obligados a enfrentar una prolongada depresión económica (como es el caso de algunos países europeos), y muchos de estos, aún están con niveles de actividad económica por debajo de hace 10 años.

¿Cómo lo evalúa en el caso dominicano?
Afortunadamente, nuestro país se unió al primer grupo, y con eso logró evitar la depresión económica. En ese sentido, este probablemente ha sido uno de los elementos catalizadores del crecimiento de mercado que estamos experimentando al día de hoy, ya que dinamizó las alternativas de inversiones captando recursos ampliamente disponibles del sistema financiero. Con esto creó el mercado de deuda interna, ayudando a fortalecer la gestión de finanzas públicas, y adicionalmente permitió apoyar de manera directa el desarrollo de la seguridad social. Esta iniciativa, en conjunto con un prudente manejo económico realizado por el Banco Central, contribuyó de manera directa al aumento del ahorro nacional solidificando la posición de capital de la economía. En general, esto ha hecho que tengamos un mayor nivel de redundancia para afrontar futuros choques económicos externos.

¿Qué se puede decir en el caso del sector privado?
En el caso del sector privado, el mercado de valores permite a las empresas captar fondos para realizar inversiones en la expansión de su negocio y conquista de nuevos mercados, ya sea por medio de la emisión de instrumentos de deuda o la colocación de acciones. Se contribuye de manera directa al incremento de la actividad económica por vía de los sectores de servicios e industria, así como en el mercado laboral. El buen funcionamiento de estas actividades facilita el crecimiento económico, disminuyen los costos y riesgos promoviendo aumento en la producción de bienes y servicios e incrementando el consumo de la nación. De esta manera, el mercado de valores contribuye a una mayor prosperidad del país. En ese sentido, es un objetivo del nuevo marco jurídico y normativo aumentar las posibilidades para que la adopción del mercado de valores sea ampliada entre las empresas, contribuyendo al incremento en la creación de valor para la sociedad y un mejor estándar de vida para el dominicano.

¿Cómo se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías y exigencias internacionales?
Generalmente, las exigencias en la materia de manejo de riesgos evolucionan junto a una serie de factores, entre los cuales el ámbito internacional y las nuevas tecnologías cuentan, pero no son exclusivos. Lo más fundamental para el robustecimiento de la gestión de riesgos es la experiencia propia en cada país que se ajusta a los modelos de negocios y tipos de productos que se utilizan. En ese sentido, la Superintendencia ha promovido la adaptación de los mejores estándares en la materia, pero a la vez hemos sido cautelosos para permitir que el mercado haga el ajuste de forma natural y con cierta gradualidad. Asimismo, debemos reconocer nuestra situación actual y el estado de desarrollo en el cual nos encontramos, así como el trayecto que nos queda por recorrer. El camino irá trazando nuevas exigencias para dar respuesta a nuevas oportunidades de negocios. El manejo de riesgos es un proceso dinámico y la regulación en su defecto tenderá a ser reactiva.

gabriel castro superintendente mercado de valores

Gabriel Castro, superintendente del Mercado de Valores.

¿Cómo valora usted el avance que ha tenido el país en este sector y su comparación con la región?
En República Dominicana se ha avanzado en la gestión macroeconómica y del sistema financiero, lo que ha influido en el desarrollo del mercado de capitales. El país ha progresado en la creación y actualización del marco regulatorio. La Superintendencia del Mercado de Valores ha implementado estándares internacionales para fomentar un mercado de valores organizado. Actualmente tenemos 24 emisores (21 corporativos y 3 diferenciados) con emisiones en colocación, de tres que teníamos hace ocho años. Los fondos de pensiones, principales inversionistas institucionales, tienen un patrimonio equivalente al 14% del PIB, porcentaje que aproximadamente hace 14 años era el 1% del PIB. En 2005 teníamos bonos aprobados por RD$3,300 millones y US$12 millones, de los cuales se colocaron o pasaron a manos de inversionistas o compradores RD$1,507.7 millones y USS12 millones, respectivamente.

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¿Qué ha pasado con el monto transado en los últimos años?
En 2016 al 30 de septiembre 2018 se habían aprobado en la Superintendencia del Mercado de Valores US$4,792 millones, de los cuales se habían colocado un 40% para un total a la fecha de US$1,865 millones. Estos montos no incluyen los bonos del Banco Central, pero sí incluyen dos emisores diferenciados extranjeros. Las cuentas de inversionistas al final de agosto de este año sumaban 76,341.

¿En qué medida considera usted que el mercado de valores aporta al desarrollo del PIB?
El mercado de valores permite reasignar los recursos de capital en una sociedad de manera más eficiente. También lo hace el sistema bancario, que conecta a aquellos que necesitan recursos con los que tienen la disponibilidad. A diferencia del sistema bancario, es sin intermediación, ya que los emisores obtienen recursos de manera directa del público inversionista. En primera instancia, el efecto es reducir las tasas de financiación en el mercado de deuda, y luego, en el caso de acciones, la flotación del capital permite repartir el beneficio con los tenedores y la sociedad en general. En el segundo caso, el mercado de valores es parte integral de los planes de expansión de las empresas, permitiendo elevar la inversión de la economía, generando nuevos puestos de trabajo e incentivando aumento en el consumo lo cual impacta de manera directa al PIB.

¿Se puede estimar el nivel de impacto?
El nivel de impacto es imposible de estimar con exactitud, ya que el mercado une de manera indirecta prácticamente a todas las personas con puestos de trabajo, muchas empresas de la economía y el Estado. Por ejemplo, a través de la captación de recursos en el mercado de valores de parte de una empresa grande o mediana, las Pymes de un pueblo podrían ser beneficiadas con una contratación de producto o servicios. El procedente de pago por el mismo sería dirigido, ya sea al consumo (pago de sueldos) o inversiones (expansión de la fábrica) en esa zona particular. Ahora bien, para evaluar el aporte al grado de desarrollo, frecuentemente los países se comparan por el tamaño de la capitalización del mercado accionario con relación al tamaño de la economía. En nuestro caso, estamos trabajando las bases regulatorias para que sucedan las primeras colocaciones de oferta pública de acciones. Actualmente, el mercado nacional está primordialmente enfocado a instrumentos de deuda. Esa es una realidad que trabajaremos para cambiar en conjunto con las instituciones del Estado y el sector privado.

¿Juega este mercado un papel importante para aumentar la producción de bienes y servicios exportables?
Sí, porque hace posible la obtención de financiamiento, lo cual le permitirá a la sociedad producir más bienes y servicios que puedan ser provistos para la exportación. Este financiamiento que puede ser realizado a través del mercado de valores, por medio de las ofertas públicas. Son estructuradas conforme a las proyecciones de flujo de caja, necesidad y conveniencia del propio emisor, es decir, que es una estructura a su medida y capacidad.

¿Cuándo se podrá decir que el mercado es lo suficiente maduro? ¿O lo es ya? ¿Por qué?
El mercado nunca deja de evolucionar. Existen varias formas de evaluar la madurez. Podemos empezar por la gama de productos y emisiones que existen, particularmente el tamaño de la capitalización del mercado de acciones en relación con la economía (PIB). Otro es, por el nivel de educación financiera y la participación ciudadana en el mercado. Luego tenemos elementos como la complejidad de los productos y el volumen de negociación en el tiempo. Una característica importante de mercados desarrollados es la abundancia de liquidez y margen de intermediación bajo, lo cual indica alto nivel de competencia.

¿En qué medida ayuda la SIMV a mantener estable y supervisado este sector acorde con las normas internacionales?
La institución aporta a la estabilidad definiendo reglas y haciéndolas cumplir, siempre asegurando el adecuado nivel de información. Esto es lo que fundamentalmente contribuye a la protección del inversionista asegurando el funcionamiento ordenado y transparente de la actividad en el mercado de valores. En vigor de la adopción de las mejores prácticas internacionales, a partir de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores ha iniciado el proceso de transición hacia el modelo de supervisión basado en riesgos. El modelo que hemos tenido hasta ese entonces se fundamentaba estrictamente en cumplimiento.

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¿Qué se busca con el cambio de modelo?
Con el cambio hemos buscado la posibilidad de actuar de manera más proactiva frente a una realidad cambiante y de evolución constante en las condiciones del mercado. Esto ha fortalecido la robustez del sistema. Por otro lado, históricamente hemos procurado mantener una adecuada exigencia de capital para actores de mayor impacto, como lo son los puestos de bolsa, lo cual nos sitúa dentro de los países con requerimientos regulatorios de patrimonio más elevados en la región.

¿Cómo ayuda la nueva Ley del Mercado de Valores?
La recién promulgada Ley 249-17 otorga amplias competencias a la Superintendencia en materia de supervisión, inspección e investigación. En ese sentido, tiene la facultad para evaluar e inspeccionar el funcionamiento, la fortaleza de la estructura administrativa y de control interno de los participantes del mercado, con el objeto de prevenir e identificar riesgos que pudieran afectar la integridad y el buen desenvolvimiento del mercado de valores.

¿Cómo motivan ustedes el mercado de valores más allá de las emisiones que hace el Estado?
Realizamos talleres a través de la Escuela Bursátil de la SIMV en todo el territorio dominicano, promoviendo el conocimiento del mercado de valores y las oportunidades de inversiones y de financiamiento que ofrece, incluyendo empresas y colegios. Además, realizamos visitas a empresas para motivarlas a incursionar en el mercado de valores y participamos activamente en foros, paneles y mesas de trabajo que impulsen el desarrollo del mercado de valores. Trabajamos para promover alianzas público-privadas que permitan la movilización de capitales importantes para la financiación de importantes proyectos de infraestructura. En varios países de la región, este tipo de proyectos han sido muy exitosos, ya que permiten el desarrollo de infraestructura crítica de manera sostenible, y sin afectar de manera directa las finanzas del Estado que evidentemente no puede ser la única fuente para la solución de necesidades crecientes de desarrollo.

¿Cuán cerca está el país de desarrollar un mercado de renta variable?
Entendemos que en el corto plazo tendremos sociedades cotizando sus acciones en el mercado de valores. Actualmente, la Superintendencia trabaja junto con consultores internacionales el reglamento de ofertas públicas y el reglamento de gobierno corporativo. Ambos estarán próximamente en consulta pública, y esperamos que luego de contar con esas herramientas, que brindarán una mayor seguridad jurídica, se activen las empresas y se genere renta variable en nuestro país. Adicionalmente, tenemos conocimiento de empresas dominicanas interesadas en emitir sus acciones en el mercado de valores, las cuales están a la espera de que se complete el marco jurídico. Es por ello, que entendemos que en un corto plazo tendremos acciones cotizándose en el mercado de valores dominicano.

¿Cómo valora usted la experiencia del capital extranjero en este mercado?
Se valora de forma positiva, actualmente existen dos intermediarios de valores, y una sociedad administradora de fondos de inversión, constituidas con capital de origen extranjero. Estos cuentan con un patrimonio consolidado de alrededor RD$1,500 millones. Estos participantes poseen en conjunto activos por RD$11,477.8 millones. Los intermediarios de valores de capital extranjero, en el primer semestre de 2018, realizaron negociaciones por unos RD$57,000 millones, cerca del 5% de la totalidad del mercado, mientras que en dólares han negociado unos US$200 millones, que representan cerca del 8% del monto negociado en el mercado. La Administradora de Fondos de Inversión maneja en la actualidad cuatro (4) fondos de inversión, tres de ellos en pesos dominicanos y uno en dólares, teniendo bajo su administración unos RD$1,100 millones. En adición a las inversiones, en el país existen inversionistas extranjeros que en su totalidad a junio de 2018 mantienen en custodia valores por RD$61,536.3 millones y US$64,439,412.

¿Fue pensada la nueva ley con las exigencias del mercado en materia de lavado de activos y la adopción de tecnologías?
La Ley 249-17 dispone de las herramientas necesarias para fomentar que el mercado de valores dominicano se potencialice a través de la inclusión de nuevas tecnologías y productos que le generen mayor crecimiento y diversificación. Este marco normativo procura que se continúe afianzando un mercado transparente, absolutamente compatible con las disposiciones para prevención del lavado de activos mediante un enfoque basado en riesgo, previstas en la Ley 155-17, y en concordancia con las recomendaciones del estándar internacional GAFI, las cuales en modo alguno representan obstáculos, sino que más bien procuran que ante nuevos productos y tecnología a disposición de los clientes se adopten las medidas apropiadas para administrar y mitigar los riesgos que estos pudieran implicar.

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