Periódico elDinero
La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo en República Dominicana ejerce acciones para la identificación, rastreo y decomiso de bienes, activos o instrumentos producto del delito de lavado de activos, según destaca el informe de la evaluación del grado de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Sin embargo, el GAFI especifica que el número y valor de bienes decomisados, a pesar de presentar un volumen creciente, “todavía es limitado”. Además, indica que en el país se evidencian casos de decomisos derivados de acciones de lavado de activos conducidas en el exterior. Afirma que las instituciones financieras cuentan con experiencia en cuanto a la implementación de medidas preventivas.
Plantea que en lo que respecta a los bancos y las instituciones de valores, existe en general un buen nivel de comprensión de riesgos y obligaciones antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Señala que en 2017 se elaboró la Estrategia Nacional de Riesgo (ENR), que busca mitigar las amenazas y vulnerabilidades detectadas en 2014.
El GAFI destaca como fortaleza la coordinación que existe entre las autoridades competentes y los supervisores, particularmente el trabajo conjunto de la Unidad de Análisis Financiero con la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y la Dirección General de Impuestos Internos.
Otra de las fortalezas que subraya, es la organización de capacitaciones masivas a una gran cantidad de sujetos obligados en un período muy corto de tiempo, lo que ha logrado sensibilizar a diversos sectores respecto a sus obligaciones básicas en material de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Indica que las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) fueron calificadas en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) como “las más vulnerables” para ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, debido a la ausencia de regulación específica y de datos confiables para la evaluación de sus riesgos inherentes.
La entidad ve como “un desafío” en el país la baja cantidad de reportes de operaciones sospechosas emitidos a la Unidad de Análisis Financiero por los distintos sectores de APNFD y por los sectores financieros no bancarios.
Mientras que para Roberto Mella Cohn, experto en prevención de lavado de activos, aún se necesitan subsanar algunos elementos para que la ley pueda funcionar de manera efectiva.
“Para que la Ley tenga un mayor efecto debe haber mayor formalidad en los sectores regulados”, dice.
A su entender, cuando se tienen este tipo de leyes, es difícil, con la informalidad, poner en ejecución el programa de prevención en las empresas informales que no tienen estructura, pero sobre todo, ese es el principal desmotivador para aquellos que sí quieren hacer las cosas bien.
Afirma que algunas empresas invierten recursos para poner las reglas en orden para vincular a sus clientes. “Pero si yo tengo un grupo al margen de la ley, los clientes van a ir donde no les hacen preguntas, entonces mi negocio termina en la quiebra”, reflexiona.
Critica que muchas compañías tengan que gastar dinero en ciertos procesos que deben realizar y, además, implementar controles que no necesariamente le gustan al cliente. Pero, sobre todo, que tengan una competencia desleal que ofrece ciertos tipos de servicios o bienes sin ningún tipo de control. “Eso hay que combatirlo desde la raíz porque lo que genera es una desmotivación”, indica.
Para Mella Cohn el país se merecía “salir airoso” de esta evaluación, debido a que a su entender, en muy poco tiempo el país realizó un salto cuántico en el sistema de antilavado de activos.
“Entre un año y 18 meses, y de una manera rápida aquí se actualizó una ley, se emitieron dos decretos con los reglamentos de aplicación de la ley, se crearon las unidades antilavado de la DGII, la Superintendencia de Seguros, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y del Ministerio de Hacienda.
“Cada uno de esos nuevos supervisores generó una norma para prevenir el lavado de activos en los nuevos sujetos obligados”, resalta.
Explica que la Superintendencia de Bancos, como institución reguladora y con un peso mayor en el cumplimiento de la legislación en lo relativo a las entidades de intermediación financiera, desarrolló varios talleres con la presencia de representantes más 3,000 empresas, con el objetivo de educar a los sujetos obligados en cómo identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos.
“Se creó un plan de socialización masivo a nivel nacional, además de la emisión de al menos 10 normas sectoriales con sus respectivas actualizaciones, o sea, que estamos hablando de una serie de supervisiones que se hicieron en meses, todas ellas para comenzar a dar cumplimiento a las exigencias que tiene y mantiene el GAFI”, añade.
El Grupo de Acción Financiera recomendó al país realizar mayores esfuerzos para lograr sanciones proporcionales y disuasivas que sean eficaces, contra las personas jurídicas que incumplen con los requisitos referidos a la información.
Además, pide implementar coordinaciones interinstitucionales o mecanismos para que las autoridades competentes puedan incrementar la efectividad en cuanto a la identificación y rastreo de bienes o activos sujetos a decomiso.
