Las sociedades organizadas tienen en el tránsito una fuente segura de recaudación a través de las multas que deben pagar todos los que de alguna forma violenten las normas.
En esos países, por supuesto, hay un concepto bien establecido sobre el respeto de las leyes y disposiciones institucionales. Los municipios, de su lado, tienen un poder autonómico en cuanto a los arbitrios, lo cual es, a su vez, una fuerza que ofrece ventajas económicas.
Habría que imaginarse aquí en República Dominicana si se logra hacer cumplir la Ley 63-17. Por lo menos en principio, hasta que todo el mundo entienda que es en serio, habrá un incremento exponencial de las recaudaciones sólo con las multas.
¿Es una meta lograble? Bueno, esta sí que es una respuesta difícil de dar. ¿Cómo aplicar la ley con efectividad en una sociedad que no ha sido educada para respetar el ordenamiento jurídico? En definitiva sí es posible, aunque implique sacrificios hasta que se entienda que la ley es ley.