El tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), de ser revisado a partir del próximo año, representa una nueva oportunidad para República Dominicana de plantear cambios en algunas cláusulas. El proceso no será fácil si se toma en cuenta que será necesario convencer a todos los participantes. Sin embargo, cada país tendrá sus temas particulares.
El presidente de la Asociación de Industrias (AIRD), Campos De Moya, en una entrevista para elDinero, puso el tema sobre la mesa y espera que el país se prepare para el proceso. Los productos protegidos por la rectificación técnica: carne de pollo, cebolla, ajo, leche en polvo, frijoles secos, maíz, arroz y azúcar, especialmente el último, no han podido aprovechar las ventajas o tratamiento especial del acuerdo.
“El DR-Cafta nos dio una seguridad jurídica para nuestras inversiones. Aunque ya no teníamos necesidad de apertura del mercado de Estados Unidos, porque ya estaba abierto, nos integró más a Centroamérica, que es la otra parte del acuerdo”, explica De Moya.
Afirma que a raíz del DR-Cafta, hubo industriales dominicanos que aprovechando esta coyuntura hicieron importantes inversiones en Centroamérica, pero también hay muchos centroamericanos que vinieron a República Dominicana. Todo esto, sostiene, ha generado una bonanza económica que ha beneficiado al país.
Sin embargo, no todo ha salido bien. Una investigación realizada por el Centro de Estudios Económicos y Sociales P. José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), financiado por la Cámara Americana de Comercio (Amcham-DR), pone en perspectiva el DR-Cafta.
Plantea que República Dominicana no se preparó para el artículo 3.3 del acuerdo, que contempla un calendario de desgravación arancelaria para diversos grupos de productos, separados por canastas o plazos de desgravación, según su clasificación arancelaria. Aquí se especifica el período de liberación para que todos los productos lleguen a su libre comercio entre los países del acuerdo para 2025.
Para el presidente de la AIRD, cada quien tiene sus necesidades. Señala que el sector agropecuario, específicamente aquellos que están bajo la rectificación técnica, sienten la necesidad de que la protección que sus productos han tenido se mantenga por años. Especifica que el sector azucarero no quedó satisfecho con lo que se logró en el DR-Cafta.
“Creemos que, para una negociación o revisión del acuerdo, que podría ocurrir desde el próximo año de acuerdo a los términos del tratado, pudiera ser que ahí el sector azucarero logre una ampliación del mercado que ya está necesitando”, explica.
A su entender, estos serían los dos principales requerimientos que tendría República Dominicana en una apertura de conversaciones del DR-Cafta. Admite, sin embargo, que para esto los países centroamericanos y Estados Unidos deben estar de acuerdo, por lo que no será una cosa fácil.
Según la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA), del Ministerio de Agricultura, el contingente arancelario de azúcar es de 30,000 toneladas métricas; el 70% (21,000 toneladas métricas) es administrado por el Instituto Azucarero Dominicano (Inazúcar), mientras que el restante 30% (9,000 toneladas métricas) es administrado por la Comisión para las Importaciones Agropecuarias mediante las subastas públicas.
Mercado chino
Respecto a qué oportunidades representa el mercado chino para el sector exportador dominicano, considera que para el sector productor dominicano el mercado chino es “demasiado grande”. Afirma que esta es la pura realidad, pero que hay segmentos de ese mercado que pudieran aprovecharse y exportar productos en los que los dominicanos son icónicos a nivel mundial.
En ese orden, destaca que la calidad del ron dominicano nadie la cuestiona, así como la manufactura del cigarro dominicano porque también es muy reconocida por su calidad en todo mundo.
“En el sector agrícola estamos produciendo algunos rubros que tendrían oportunidades de exportación hacia China siempre y cuando se pueda mejorar el transporte. Tal es el caso de la piña y del banano. Además, el cacao nuestro es un producto bien apetecido. Nuestro país exporta lácteos y jugos a África a través de la empresa Rica, que lo hace a más de 20 países”, indica.
Para De Moya, lo importante en el caso de los industriales dominicanos y las autoridades es observar con cuidado y no pensar que podrá suplirse el mercado chino, que es demasiado grande, pero sí ver dónde podemos encontrar segmentos y distribuidores que lleven nuestros productos. Cualquier demanda que ellos hagan es mucho para lo que podamos producir.
Zonas francas y la industria local
“Somos defensores de las zonas francas establecidas en República Dominicana. Sí hay muchas oportunidades en este sector y la Asociación de Industrias y Adozona han estado trabajando. Necesitamos que el Consejo de Competitividad nos ayude eliminar trabas burocráticas, como es el caso de la permisología, para que los productos puedan ir a la zona franca”.
“Si una zona franca necesita un producto manufacturado por una industria local, necesita una serie de permisos que toman hasta 60 días. Si esa empresa lo requiere con urgencia lo ordena por Amazon o donde quiera y al otro día lo tiene en su fábrica. Esas son las trabas que aparecen”, narra.
Valor de la seguridad jurídica para la inversión
El presidente de la AIRD, en lo referente a la necesidad de controlar la inseguridad jurídica que produce la libertad de los ayuntamientos y facultades tutelares, dice: “Diariamente en la AIRD recibimos quejas acerca de un ayuntamiento o cabildo de una localidad remota o cercana respecto a la colocación de arbitrios por el pase. Cuando eso ocurre, lo que hemos hecho es llevarlo al Tribunal Constitucional y prácticamente hemos tenido ganancia de causa en todas estas situaciones. De hecho, tenemos dos casos disponibles para todo aquel que se sienta afectado, ya sea industrial o no. En la realidad lo que hay que hacer es cumplir la ley”.
Hizo referencia breve al sector minero, del cual considera ha habido un gestión exitosa del parte de las autoridades. Cuenta que visitó Barrick Pueblo Viejo y constató que es una gestión que está dentro de los cánones internacionales del buen manejo minero. Está de acuerdo que siempre estén en su contrato cláusulas de que, si en algún momento no cumplen con los requerimientos vanguardistas para proteger el ecosistema, el Estado tenga la potestad de suspender la operación.
“El día que se paralice una operación por incumplimiento de una ley ambiental o cualquier otra razón tiene el respaldo irrestricto de todo el sector privado y de toda la ciudadanía”, asegura.
