Hace dos semanas presentamos en esta columna un resumen sobre el sector laboral formal durante el primer semestre de este año, con base en las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Decíamos que en los primeros seis meses de este año se generaron 53,158 nuevos empleos directos y que el 21% de esos nuevos empleos fueron generados por entidades del Estado, lo cual es un avance si se toma en cuenta que en períodos anteriores el abultamiento de la nómina pública era mayor.
Pero aunque se haya desacelerado la cantidad de empleos formales nuevos aportados por el Estado, su peso sobre el mercado laboral sigue siendo demasiado elevado.
Al observar el informe de la TSS, vemos que al cierre de junio en el país estaban cotizando 2 millones 91,118 trabajadores formales. De esa cantidad, el 29% son empleados del Estado, lo que equivale a 605,971 entre trabajadores de entidades centralizadas y descentralizadas.
Eso indica que el sector privado sólo tiene como empleados formales a 1 millón 485,147 trabajadores, para un aporte de 71%. Lo ideal sería que el sector privado aportara no menos del 90% de los empleos formales del país y que el Estado no tenga tanto peso.
A eso se agrega que ese 29% de empleos estatales está por debajo de la realidad, pues no todos los empleados públicos cotizan a la seguridad social y por tanto no están registrados en las estadísticas de la TSS.
Entre las entidades descentralizadas, habría que agregar los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), una parte importante de trabajadores de las alcaldías en todo el país que no cotizan, así como los servidores públicos de instituciones como el Congreso Nacional, la Junta Central Electoral, el Poder Judicial y otros.
Antes también estaban fuera de esas estadísticas los miembros del Ministerio de Defensa (militares) y de la Policía Nacional. Sin embargo, recibí la aclaración del tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, en el sentido de que ese personal castrense y de orden público ya está cotizando a la TSS y gracias a eso están afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) junto a sus familiares.
Los guardias y policías, mal contados, puede que superen los 100,000 miembros, lo cual implica un aporte importante de empleos formales por parte del Estado dominicano.
En resumidas cuentas, se puede especular afirmando que la nómina pública centralizada y descentralizada pudiera rondar entre 700,000 y 750,000 empleados, con lo que su peso sobre el universo laboral formal sería de un 33% o un tercio del total.
Pero reducir la nómina pública a niveles adecuados puede implicar un problema para la economía, debido a que el sector privado no tiene la capacidad productiva para absorber a las decenas y hasta cientos de miles de empleados públicos que habría que lanzar a las calles para sanear el área laboral del Estado.
Ante esa situación, tendríamos un aumento de la tasa de desempleo que se traduciría en más pobreza, inestabilidad social, aumento de la delincuencia y reducción del consumo interno, por lo que se reduciría la actividad económica.
Los empleados formales, es decir, los asalariados son consumidores. No importa que su salario venga del sector privado o del Estado, es dinero que se utiliza para el consumo interno de bienes y servicios que a su vez ofrecen las empresas privadas.
Si se reduce el consumo de esos bienes y servicios a causa del desempleo de una proporción de los empleados del Estado, entonces se reducen las ventas de esas empresas y tendrían a su vez la presión de tener que reducir su propio personal, lo que causaría una cadena de desempleo que también afectarían a los del sector privado.
Por eso es tan complejo el proceso de depuración de la nómina pública. Sin embargo, eso no justifica que el Estado se mantenga aumentando constantemente su nómina sin establecer controles.
Tal vez no sea mucho pedir, que si bien no se va a reducir la nómina pública, por lo menos que se congele y no se ingresen más personas, a menos que sean sustituciones por salidas de otros. Ese sería un buen comienzo.
