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Empresarios de Herrera piden no imponer Ley de Partidos Políticos Aseguran que su imposición podría desencadenar una crisis política, económica y social

Redacción elDinero Por: Redacción elDinero Santo Domingo 0 Compartir 23 de abril, 2018

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La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) instó a la Cámara de Diputados a consensuar el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, con los diferentes actores del sistema político y social del país.

El presidente de AEIH,  Antonio Taveras Guzmán, aseguró que imponer el proyecto podría desencadenar una crisis política, económica y social, situación que afectaría “el clima de negocios y la calidad de vida de los dominicanos”.

“Desde nuestra asociación advertimos que la aprobación al vapor de la Ley, solo para imponer a todo el sistema político una modalidad de elecciones primarias favorables a uno u otro sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría abrir las puertas de una profunda crisis política”, expresó Taveras Guzmán.

Manifestó, además, que después de ser archivada por más de una década, la  normativa no se debe festinar, “sancochándola en dos o tres semanas” sin tomar en cuenta la posición de la Junta Central Electoral (JCE) y de los partidos políticos opositores.

Asimismo, indicó que la legislación no debe concretarse sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la defensa y promoción de la democracia y la institucionalidad, a las iglesias y a los gremios empresariales.

Taveras propuso a las fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional retomar la discusión constructiva sobre los puntos de las Leyes de Partidos y del Régimen Electoral, que cuentan con el respaldo de la JCE, de la mayoría de los partidos opositores, la opinión pública, las iglesias, del empresariado y observadores internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Entre esos puntos, citó la regulación más estricta y transparente del financiamiento de los partidos y las  campañas electorales; la participación equitativa de los candidatos y partidos en los medios de comunicación; la regulación de los tiempos de las campaña;  el aumento de las penas para los delitos electorales y el uso ilegal de los recursos del  Estado por parte de sectores oficialistas.

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