Diversas organizaciones del ámbito empresarial y de otros sectores de la sociedad muestran su rechazo a las protestas que desarrolla la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) con el objetivo de que el Ministerio de Educación modifique una ordenanza que dispone que deben ser designados mediante “ternas” los directores regionales y de distritos.
La ADP exige que los postulantes para ocupar los cargos sean considerados en forma decreciente de acuerdo a los puntajes que alcancen en los concursos y que se elimine la palabra “terna”, bajo el alegado de que “limita y discrimina a la mayoría de los posibles postulantes”.
Vigilias, manifestaciones y movilizaciones en distintos puntos de la geografía nacional afectan a los estudiantes del sector público. La ADP desarrolla un plan de lucha que tiene programado una “concentración nacional” frente al Ministerio de Educación para el próximo 13 de abril.
La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) respaldó la resolución de Educación y planteó que la enseñanza pública del país “requiere de procesos de gestión que cada día busquen una mayor eficiencia y calidad”. Su presidente, Campos De Moya, dijo que “no se trata solo de un elemento que afecta la competitividad económica, sino también de la formación de ciudadanos y ciudadanas”.
También la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) expresaron su respaldo a la decisión del Ministerio de Educación, que encabeza Andrés Navarro.
Gremio exige “sensatez”
La ADP pide a Educación que modifique la Ordenanza 24-2017 y alega: “La palabra terna sólo aparece en nuestra normativa para escoger las Juntas Regionales, Distritales y Centros Educativos.
La Ordenanza 24-2017 debe hacer valer el artículo 139 de la Ley General de Educación, 66-97 y el Art. 19 del Estatuto del Docente que establece que, los postulantes se ubicarán en un orden decreciente, de acuerdo a los puntajes que estos hubieren alcanzado”.
El gremio resalta su importancia y reclama que “los asuntos controvertidos como algunos conceptos y procedimientos contenidos en la Ordenanza 24-2017, pueden y deben ser resueltos con la normativa vigente, el diálogo y la sensatez”.
