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Editorial

Un acuerdo necesario para la recapitalización del Banco Central

0 Compartir 8 de febrero, 2018

La Ley de Recapitalización del Banco Central, marcada con el número 167-07, no ha tenido suerte. Su incumplimiento es la prueba más fehaciente de la debilidad institucional y del efecto cero que tiene la infracción a cualquier legislación. El Presidente de la República jura ante la Asamblea Nacional “cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución”.

El Banco Central es una institución fundamental para lograr los objetivos de estabilidad macroeconómica que requiere nuestro país, especialmente si el enfoque está dirigido a lograr equidad o una justa distribución de las riquezas. Hay que ponerse de acuerdo con la Ley 167-07, cuya propuesta de modificación se viene barajando desde finales de 2009, a dos años de haberse promulgado.

Lo primero que hace esta legislación es reconocer un problema. Describe que los bancos centrales, como entes emisores y ejecutores de políticas monetarias que procuran mantener la estabilidad de precios, especialmente en los países en vías de desarrollo, han confrontado en distintos estadios de su evolución situaciones deficitarias cuyas pérdidas operacionales se denominan cuasifiscales hasta tanto no sean cubiertas por el Estado.

En esencia, la ley establece los mecanismos legales y financieros para alcanzar la recapitalización del Banco Central en un período previsto de 10 años. La legislación aprobó la emisión global de bonos para la recapitalización por RD$320,000 millones, quedando facultada a realizar las correspondientes emisiones parciales anuales con cargo al mismo en el período comprendido entre los años 2007 y 2016. El cumplimiento de este mandato ha dejado mucho qué desear.

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Respecto a cómo se manejó el tema con la modificación del Presupuesto de 2017, las autoridades de Hacienda explicaron que el Gobierno transfirió al Banco Central una cantidad de recursos incluso superior a la presupuestada en ese año, pero bajo el concepto de pagos de compromisos correspondientes a períodos anteriores. Ciertamente que esto no se entendió.

Lo que sí debió aplicarse es el mandado de la Ley 167-07, que establecía recapitalizar el Banco Central en una década. El ministro de Hacienda en 2010, Vicente Bengoa, afirmó que en los términos en que está concebida esta legislación es inaplicable e insostenible desde el punto de vista fiscal, por lo que era necesaria su modificación.

De acuerdo con la ley, a partir de 2017 las transferencias a ser consignadas anualmente en el Presupuesto, equivalente a la suma de los intereses por los bonos para la recapitalización emitidos y cualquier otro tipo de transferencia, iniciarán un proceso de desmonte gradual que no podrá ser inferior al 1% del PIB, hasta que se complete la redención de los bonos para la recapitalización.

Ahora se sabe que el Banco Central tiene listo un anteproyecto de ley de recapitalización y que el Ministerio de Hacienda tiene otro. Sin embargo, hay algunas diferencias que, según el gobernador Héctor Valdez Albizu, son mínimas, o sea, “no son tan abismales”.

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Si ya están terminados los dos anteproyectos, la solución a la vista es sentarse a afinar, porque es entendible que las cosas no son de un solo lado. Lo bueno en todo esto es que hay una carga de optimismo en este proceso, lo que redundará en una solución al déficit del Banco Central y así poner fin a uno de los problemas más preocupantes para las finanzas públicas.

Es de orden recordar, y así lo hace la legislación, que luego de varios años de estabilidad macroeconómica y crecimiento, la economía dominicana sufrió en 2003 una de las crisis más graves de su historia, tras la quiebra del Baninter, uno de los bancos más grandes del sistema financiero y los problemas que presentaron Bancrédito y Mercantil. Esta situación aceleró el crecimiento de los agregados monetarios, a través de la concesión de facilidades de liquidez inorgánicas para el pago a los depositantes, que ascendieron RD$105,695.4 millones.

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