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El Estado dominicano debió iniciar hace seis años las discusiones orientadas a la aprobación del Pacto Fiscal, ordenado en el artículo 36 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Pero desde la promulgación de la legislación, el 25 de enero de 2012, las reuniones para lograr consenso sobre el tema impositivo si quiera han sido convocadas por el Consejo Económico y Social.
El artículo 36 de la Ley 1-12 ordena que las “fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal (…)”.
También establece que el pacto implicará que en un plazo no mayor de tres años se inicie un proceso orientado a: “1) reducir la evasión fiscal, 2) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, 3) aumentar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria y 4) consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos”.
Y continuaba: “5) racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, 6) elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 7) cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales y 8) elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas”.
Sin embargo, a finales de 2012 el Gobierno aprobó la Ley de Amnistía para el fortalecimiento de la capacidad tributaria del Estado, sostenibilidad fiscal y desarrollo sostenible, calificado por gremios empresariales y sociales como un “parche tributario”.
La legislación gravó con nuevos tributos y aumentó los existentes a una serie de productos y servicios, incluyendo las telecomunicaciones, las gasolinas y el gasoil, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a diversos artículos, entre otros.
Desde 1992 en República Dominicana no se ha hecho una reforma tributaria real, según un estudio del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees). No obstante, desde 2004 hasta 2012 se realizaron cinco “reformas fiscales”, que principalmente aumentaron tributos y crearon nuevos.
Los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostienen que República Dominicana debe abocarse a una reestructuración del sistema tributario.
En su estudio “Política fiscal y redistribución en la República Dominicana”, el BM sugiere al país reformar el sistema de impuestos indirectos, concentrándose en las exenciones del ITBIS, que benefician mayormente a las clases media y alta y que suponen el 3% del producto interno bruto (PIB) del 2013.
Asimismo, recomienda reformar los subsidios a la electricidad y programas como Bono Luz y Bonogas Hogar, poniendo atención a los que benefician a los más pobres, y aumentar los subsidios que benefician a los pobres, tales como: Comer es Primero, incentivo a la asistencia escolar y a los servicios de salud, evitando crear nuevos.
En tanto, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país a principios del año pasado advirtió en sus notas que la consolidación fiscal deberá sustentarse en una exhaustiva reforma que amplíe la estrecha base tributaria, simplifique el sistema impositivo y lo haga más equitativo.
“Esto deberá acompañarse de reformas para abordar el costo fiscal del sector eléctrico y elevar la eficiencia del gasto público. La adopción de un marco fiscal robusto para el mediano plazo garantizará que las políticas fiscales anuales sean consistentes con los objetivos de sostenibilidad”, aseguró la misión.
Además, declaró que el marco fiscal a mediano plazo debería estar anclado en un coeficiente deuda/PIB de mediano plazo e implementado a través de una regla fiscal que permita cumplir con la meta de deuda.
“La integración de los objetivos de responsabilidad fiscal en dicho marco contribuirá a un mayor fortalecimiento de la disciplina fiscal”, puntualizó el FMI.
El Crees afirma en el estudio “Propuesta de reforma fiscal integral” que un pacto fiscal debe incluir un nuevo sistema impositivo que promueva mayor dinamismo en la economía.
Además, el Crees agrega que debe contener un compromiso de los agentes privados para cumplir obligaciones impositivas con impuestos y uniformes, garantía de estabilidad de un nuevo sistema impositivo por parte del Estado y una reducción del nivel y mejora en eficiencia del gasto público.
Sostiene que solo con un cambio tributario integral se logran ingresos fiscales sostenibles en el tiempo.
El Crees propone un nuevo sistema impositivo que promueva la actividad económica y reduzca la informalidad, eliminación de impuestos más distorsionantes, ampliación de bases de los principales tributos (ITBIS e ISR para las empresas) y tasas bajas y uniformes para incentivar la inversión, producción y el empleo.
El economista y catedrático Pavel Isa Contreras sostiene que la “fuerte influencia” del clientelismo en la determinación del gasto hace que el Gobierno no tenga la fuerza necesaria para liderar el diálogo y conducir a un buen término la discusión de una reforma fiscal.
“El Gobierno siente que no va a ser un proceso fructífero (las discusiones de una reforma fiscal) y no está en la disposición, no tiene la capacidad para imponer algún tipo de solución, aunque el diálogo no es para imponer”, considera Isa Contreras.
Declara que el Gobierno está debilitado, debido a los casos de corrupción y la percepción generalizada del dispendio de los recursos públicos.
Mientras que el economista Francisco Tavárez Vásquez cree que el pacto fiscal se ha rezagado debido a que el Gobierno ha identificado la existencia de un margen de mejora sensible de la capacidad recaudatoria por vía de ajustes en la administración tributaria y el ataque frontal al incumplimiento tributario: evasión, elusión y contrabando.
“Con ello el Gobierno evita embarcarse en una reforma fiscal que resulte impopular y lo ponga en confrontación política con una sociedad civil más movilizada y activa en el reclamo de sus intereses. La existencia de esta oportunidad da un espacio al gobierno para retrasar el pacto, añadiendo a las medidas anteriores, la racionalización del gasto tributario”, detalla Tavárez Vásquez.
Destaca que con la confianza rota entre los actores involucrados, producto de los casos ocurridos de malversación de fondos públicos, se ha afectado el civismo fiscal de los contribuyentes, lo que lleva a muchos de ellos a incurrir en acciones de incumplimiento con sus responsabilidades tributarias.
Agrega que ahí radica la importancia y urgencia de un pacto fiscal que restituya la confianza perdida.
“Aunque existe un gran margen para incrementar las recaudaciones, optimizando la eficiencia recaudatoria administrativamente y eliminando las exoneraciones redundantes e improductivas, se hace cada vez más necesario un pacto fiscal que renueve la confianza entre los sectores productivos, el Gobierno y la sociedad”, indica.
Además del Pacto Fiscal, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 ordena una reforma educativa y otra al sector eléctrico.
El primero en suscribirse fue la reforma educativa, cuya firma tuvo lugar el primero de abril de 2014, luego de varios meses de discusión y recibir 35,477 propuestas, según reportes periodísticos de la fecha.
Sin embargo, el pacto eléctrico no ha corrido con la misma suerte. Las discusiones se iniciaron en enero de 2015 y tras meses de conversaciones y paralizaciones se anunció su firma para el 21 de diciembre de 2017, posponiéndose luego para enero de 2018. Pero aún no se ha rubricado el acuerdo.
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, que participaba en las discusiones del pacto eléctrico, fue la primera en anunciar que no firmaría el acuerdo, debido a que no resolverá el problema energético.
La legislación manda a que tanto el pacto eléctrico como educativo se suscribieran en un plazo no mayor a un año.
