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Analizando

¿Pensiones dignas en RD?

Hernando Pérez Montás Por: Hernando Pérez Montás 0 Compartir 11 de enero, 2018

Después de varias décadas de asesorar a varios organismos internacionales y una decena de sistemas de seguridad social, supongo que tengo un enfoque profundo sobre las perspectivas del sistema de seguridad social dominicano.

Recientes planteamientos de colegas de la Universidad de Londres que visitaron recientemente el país, y de distinguidos economistas nacionales, han aportado ideas útiles sobre las deficiencias del sistema de seguridad social. Lo curioso es que nadie ha definido en qué consiste una pensión digna.

Un 50%, ó 70% ó 90% del salario, según el nivel de ingreso. No conozco ninguna región o país que conceda pensiones dignas solo en el sistema estatal central. Se requiere un modelo de tres pilares, como en Europa Occidental o los Estados Unidos.

¿Cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? Proveer seguridad económica al retiro. ¿Y qué es seguridad económica? Permitir al pensionado y sus dependientes mantener el mismo nivel de vida de que disponían en la etapa activa. ¿Se logra esto según la Ley 87/01? No. ¿Aún con reformas paramétricas? No. Se requiere un modelo multipilar bajo gestión pública-privada. De hecho, el sistema dominicano está muy fragmentado, con el magisterio público, salud pública, policías y militares y numerosos entes autónomos operando según el modelo de reparto. ¿Marcha atrás con estas entidades, incluyendo el Congreso Nacional? Lo percibo muy difícil.

Reformas paramétricas aumentando la edad de retiro de nuevos ingresantes y la tasa de cotización del sistema según la Ley 87/01 no resuelven el problema de pensiones dignas, aunque mejorarían parcialmente las tasas de reemplazo después del año 2040. ¿Cuál es el rol del Estado ante estas disyuntivas? Volver a asumir su rol como ente rector del régimen de pensiones en el país, rol suplantado por un denominado Consejo Nacional de la Seguridad Social, adoptando resoluciones de buena fe, pero que puedan ser declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional.

Hace varias semanas le sugerí a un ministro del Estado establecer una comisión de expertos para someter opciones viables, bajo un modelo multipilar, incluyendo la compleja estructura de gestión y supervisión. Tal vez dicha sugerencia pueda materializarse. Mientras tanto, las AFP continúan acumulando recursos con un valor “real” (tasa nominal de retorno menos “dinámica salarial”), sujeto a fluctuaciones materiales, y las finanzas públicas han sido las que han sufrido el impacto financiero de un modelo pensional mal diseñado por personas sin conocimiento profundo sobre las complejidades de un sistema de pensiones.

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