[dropcap]C[/dropcap]uando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) autoriza a un camionero a ofertar transporte de carga sólo supervisa las condiciones mecánicas del vehículo, sin regular la calidad y los parámetros que debe cumplir el servicio ni controlar el número de viajes que realiza el conductor.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) incluye la aseveración como una barrera legal en su estudio sobre el sector transporte que, en general, refleja que desde las distintas dependencias del Estado faltan acciones para hacer cumplir una sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), al acoger un recurso de amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) contra el monopolio del transporte que mantienen los denominados sindicatos.
En la mayoría de los casos, los sindicatos obligan a los importadores y exportadores a transportar sus mercancías con sus afiliados, dice. “Esto es común en las empresas concesionarias de vehículos, que tienen que recurrir a contratar obligatoriamente los servicios de los ‘sindicatos’ para movilizar sus vehículos desde los muelles hasta sus almacenes”, apunta.
Esto se traduce en mayores costos. ProCompetencia cita el Anuario de Estadísticos de Transporte de Carga y Logística del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que coloca al país en el cuarto lugar con el precio tonelada-Km más alto por carga (US$0.14/tonelada-Km) solo superado por Perú (US$0.47/tonelada-Km), Haití (US$0.21/tonelada-Km) y Brasil (US$0.19/tonelada-Km), mientras la tarifa promedio de América Latina es US$0.12/tonelada-Km.
En 2016 en República Dominicana había 3,854,038 vehículos registrados en la DGII, de los cuales 10.52 % (405,292) eran de carga, señala.
Además, que para operar en el mercado de carga, los “sindicatos” presionan para que todo agente económico interesado en ofrecer ese servicio se afilie a un gremio. Recuerda algo que las autoridades saben: “los ‘sindicatos’ de carga impiden que las empresas que contratan sus servicios puedan realizar la manipulación y transporte de las mercancías con su personal o con su propia flotilla, reduciendo la sustituibilidad de la oferta y representado una barrera directa a la inclusión de nuevos ofertantes del servicio”.
“Conforme a entrevistas realizadas a algunos agentes económicos que participan en el mercado, existen casos excepcionales de empresas que pueden manejar de manera parcial las mercancías que importan, sin embargo, deben de acordar permitir cierta cantidad de viajes a los ‘sindicatos’”, añade.
Imponen su propia ley
El pasado 13 de junio la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) bloqueó por varias horas la entrada y salida a los distintos puertos, lo cual llevó a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) a advertir sobre una violación a la Ley 70, del 17 de diciembre de 1970, que crea esa dependencia. La organización obstruyó el acceso a los muelles en “respuesta a un conflicto generado con una compañía de ingenieros”, informó la dependencia oficial.
“Hablamos con ellos y ellos retiraron los camiones y no hemos permitido el bloqueo”, asegura el director de la Apordom, Víctor Gómez Casanova, respecto al bloqueo establecido por los transportistas de Fenatrado, organización dirigida por el diputado Ricardo de los Santos Polanco, quien relevó en su cargo al empresario Blas Peralta, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Mateo Aquino Febrillet.
Gómez Casanova se queja de “la falta de respuesta” de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) para garantizar la seguridad en el “corredor portuario” que se extiende desde la autopista 30 de mayo hasta el Puerto de Haina, el de mayor importancia del país y que sirve, en su terminal oriental, para el 32% de las exportaciones, según cifras oficiales. “La AMET no nos ha dado la respuesta en cuanto al orden que necesita, que merece el corredor portuario y tuvimos que darla nosotros”.
“Como la AMET no nos dio respuesta, hemos establecido, a través de la Inspectoría General de la Policía, un personal dedicado única y exclusivamente, con vehículos, motocicletas y el personal necesario que garantice la seguridad en el corredor portuario y el flujo de vehículos”, sostiene el funcionario.
Explica que la Apordom se reunirá con directivos del Ministerio de Industria y Comercio, ProCompetencia y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el objetivo de abordar con la Fenatrado lo relativo al informe sobre el sector transporte y la sentencia del TSA.
El imperio de los sindicatos
ProCompetencia señala: “según los agentes entrevistados, el costo de afiliación a un ‘sindicato’, en el puerto de Haina, si el ‘sindicato’ es pequeño puede cobrar un monto de RD$50,000 anuales y si el ´sindicato´ es grande puede requerir un pago de RD$200,000 anuales”.
“La diferencia entre ambos se establece por la presión que pueden ejercer en el puerto. Por ejemplo, en el puerto de Caucedo, se puede pagar una inscripción de RD$500,000 a RD$800,000 al año. Adicionalmente, los transportistas deben pagar a los “sindicatos” una mensualidad, y cumplir una cuota de viajes”, añade el informe de la entidad.
