[dropcap]E[/dropcap]l proyecto termoeléctrico de Punta Catalina, que aportará 720 megavatios de energía barata al sistema, debió entrar en operación en diciembre de este año, pero no será así. Las dificultades de financiamiento y los escándalos asociados a las confesiones de sobornos de Odebrecht, que lidera la construcción de la obra, postergaron su inauguración. Ahora se prevé que será a finales de 2018.
¿Qué implicaciones económicas tiene este retraso en el cronograma de construcción de las plantas de Punta Catalina? La obra saldrá más cara, pero nadie se atreve a dar la respuesta de cuánto habrá que sumarle.
El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, tampoco la tiene. No tiene ni idea de cuánto habrá que sumarle a pesar de ser la persona que lidera el proyecto más ambicioso en materia energética del país, cuyo costo se calculó en US$2,040 millones, pero que como el presidente Danilo Medina “se paró en dos patas” se logró una rebaja de US$100 millones.
Referencia
“O me rebajan o no firmo. Le tumban un 5% y no discuto más. El Presidente se paró en dos patas. Entonces, se acuerda rebajarle casi US$100 millones”, según narró Jiménez Bichara, durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana. Sin embargo, la rebaja que se logró ahora está en juego, pues un año más de trabajo acarreará mayores costos.
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Jiménez Bichara está consciente de que aún faltan algunas batallas. Afirma que las grandes discusiones no se han librado todavía. “Ahora vendrán pleitos internos normales entre dueños, hacedores, contratistas, desarrolladores y consorcios para ver cómo se reparten esa carga. Es lo normal que suceda en una obra así. Son pleitos internos que habrá que librarlos, pero de que hay un año de retraso hay un año de retraso”, sostiene.
El tema ahora es definir cuánto y cómo financiarlo. Una adenda al contrato parece ser la única vía, pero nadie se atreve a tratar el tema.
“Este proyecto debió terminar en diciembre de este año. Eso es lo que teníamos. Hablábamos de que terminaba en diciembre de 2017, pero hoy decimos que termina en diciembre, pero de 2018. ¿Qué significa un año más? Ese es el punto”, explicó durante un encuentro con periodistas del área económica.
Refiere que en la planta hay 6,800 trabajadores directamente y esa gente que debió salir en diciembre de 2017 lo hará un año más tarde. Se pregunta qué significa eso (en términos de costos), pues un año más de proyecto, independientemente de que la razón del atraso fue por un aspecto financiero (flujo de recursos), –será más tiempo–.
Más recursos
Sobre la necesidad y obligatoriedad que tiene el Gobierno de explicar cualquier adenda al proyecto, Jiménez Bichara dijo: “Ustedes (los periodistas) son privilegiados porque pueden entender cosas que otros no la entienden tan fácilmente. Y les pongo un caso: el informe dice que Punta Catalina tiene un 6% por debajo de la media del costo de plantas de esa naturaleza. Si observan el informe de FTI (la consultora), van a coincidir que ese 6% es más alto todavía, es un 15%…”, explica.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, al explicar cómo justificar una adenda, recuerda que la primera discusión será en torno a identificar de quién es la culpa del atraso. “Hemos tratado de que salga lo mejor posible. Perfecto no es. Hemos defendido los intereses que se nos han encomendado”, señala.
En una visita a elDinero en enero de este año, Jiménez Bichara, sostuvo que la construcción de las plantas de Punta Catalina ha sido bombardeada desde que nació por los intereses que convergen en ella. “Sabíamos que este proyecto no sería fácil”, apuntó, al tiempo de afirmar que al principio quizá no se entendía por qué apoyarse en un conjunto de firmas internacionales, de prestigio mundial, con vasta experiencia en los temas a los que se han dedicado.
La comisión que investigó el proceso de licitación recomendó terminar la obra con el presupuesto asignado, aunque no tomó en cuenta que el retraso implicaría su encarecimiento. La investigación, que se inició en enero de este año, concluyó que Punta Catalina está entre las plantas de generación de mejor precio, con un 6% por debajo en promedio.
Próximos proyecto
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, reveló que el Estado dará prioridad al gas natural y propano en los próximos proyectos que se liciten para generar energía, pues considera que ahí está el futuro. Adelantó que ya está en fase de preparación todo el proceso para captar la instalación de otros 900 megavatios con cualquiera de estos combustibles.
“Estamos elaborando las bases de esa licitación y en cualquier momento serán publicadas para iniciar la recepción de propuestas”, según informó en el encuentro con periodistas del área de economía. A su entender, este proyecto ayudará en la conversión de otras plantas ubicadas en el este del país.
Respecto a las energías renovables, dijo que ya no se pueden contratar más porque la matriz energética del país puede admitir un 15%, pero hay compromisos por un 20%.
Aunque defendió el proceso de arrendamiento de los terrenos donde está la planta de Punta Catalina, Jiménez Bichara dice que lo mejor es que el Estado adquiera la propiedad. En ese orden, expresa que de todos modos hay 50 años para negociar y que el costo, en este período, no llegará a los US$5 millones.