[dropcap]L[/dropcap]as estadísticas de la Junta Central Electoral (JCE) son un indicador de muy buena referencia a la hora de contabilizar la cantidad de ciudadanos dominicanos adultos debidamente registrados en el país, ya que se trata de cedulados con el registro de sus datos generales.
Por eso, cuando se observan los informes de cierre del padrón electoral, es posible ver con claridad cuántas personas hay en el país con más de 18 años de edad, cuántos son civiles y cuántos policías o militares. Si hacemos esa comparación con la población empleada en el sector laboral formal del país, es posible tener una idea casi exacta del mercado de trabajo formalizado en el país.
De acuerdo con la JCE, el padrón de la población mayor de 18 años debidamente registrada pasó de 4 millones 79,520 ciudadanos en enero del año 2000 a 6 millones 756,110 al cierre de enero de 2016. Eso sin incluir militares activos, sólo la población civil mayor de edad.
Las cifras anteriores indican que la población civil adulta creció a un ritmo de 156,555 personas anuales en los últimos 16 años. Sin embargo, ese ritmo de crecimiento se ha desacelerado con el paso del tiempo, ya que cuando se revisa el promedio los últimos seis años (enero 2010 a enero 2016), se observa un promedio anual de 106,618, es decir, casi 50,000 ciudadanos menos por año.
En el caso de la oferta de empleos, las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) indican que en el período casi similar de seis años (marzo 2010 a marzo 2016) la población con empleos formales pasó de 1 millón 290,581 a 1 millón 813,898, para un promedio de 87,219 nuevos puestos cada año, lo cual muestra una diferencia de menos de 20,000 empleos anuales, si se compara con la población civil y se asume que todos los nuevos adultos demandan un empleo.
Pero la situación tiende a ser más favorable en cuanto a oferta de empleos si se toma en cuenta que mientras el crecimiento de la población adulta se ha desacelerado en los años recientes, la oferta de empleos formales, en cambio, va en crecimiento.
De hecho, si bien en los últimos seis años (2010-2016) la oferta de empleos formales promedió los 87,219 nuevos puestos, el promedio de los últimos cuatro años (marzo 2013 a marzo 2017) es mucho mayor. En este último cuatrienio la población empleada pasó de 1 millón 440,616 a 1 millón 963,219, para un promedio de 130,650 nuevos puestos cada año.
Si se asume que la población adulta continúa creciendo a un ritmo de 106,618 anuales (excluyendo los militares y policías) y que la oferta de empleos corre a un ritmo anual de 130,650, entonces en los años por venir es posible que la tasa de desempleo se reduzca considerablemente.
Pero no todo es tan positivo, porque resulta que una proporción importante de esos 130,650 nuevos empleos formales (alrededor de 30%) corresponde a ofertas de trabajo en instituciones del Estado, por lo que no son el resultado de una mejoría en la producción interna que implique más oferta de trabajo, sino de un crecimiento de la nómina pública, en algunos aspectos necesario, pero muchas otras veces innecesario y hasta exagerado.
Incluso, al analizar los datos más recientes, es decir, los nuevos empleos registrados en la TSS durante el último año cerrado el 31 de mayo, se observa que la oferta de puestos de trabajo formales aumentó en 150,338, pero de esa cantidad el sector privado aportó 97,071, para un 64.6%. En tanto que los nuevos empleos públicos en apenas un año sumaron 53,267, lo cual implica un 35.4% de participación, de los que no se tiene la certeza de que sean todos puestos necesarios.
Lo importante es que, independientemente de los detalles por corregir, la oferta de empleos formales en el país lleva un crecimiento superior a los 100,000 nuevos puestos cada año y solo eso ya es un paso de avance que ha de traducirse en reducción de la pobreza y mejoría de la calidad de vida de quienes se insertan en el mercado laboral.