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Energía

Los cinco mitos de la crisis eléctrica dominicana

Redacción elDinero Por: Redacción elDinero 0 Compartir 18 de enero, 2014

Por Bernardo Castallenos
(Colaboración especial )

A partir de finales de 2004, como una forma de justificar el creciente deterioro en las finanzas del sector eléctrico y del subsidio directo, así como de culpar a otros de las torpezas y errores cometidos y defender la pésima gestión del sector, se han ido creando una serie de mitos para justificar la ineficiencia y derroche de los recursos que el Gobierno ha volcado a dicho sector, sin que a la fecha con todo y los recursos malgastados y dilapidados por el Estado en una especie de barril sin fondo y los mitos creados, se vislumbre el punto de inflexión que revierta la situación de deterioro creciente que cada año experimenta el sector eléctrico demandando cada vez más recursos financieros mientras las pérdidas totales no ceden y los gastos corrientes, exceso de empleomanía y subsidio directo aumentan en la medida que se iban creando los mitos eléctricos.

De 2005 a 2013 solo en subsidio directo al sector eléctrico, el Estado ha asignado cerca de US$7,500 millones, al margen de aproximadamente US$1,500 millones en inversiones en infraestructura de generación, subestaciones, líneas de transmisión y distribución, en donde los proyectos hidroeléctricos Pinalito, Palomino y Las Placetas (construcción suspendida por costosa) han consumido alrededor de US$950 millones. El mayor componente del subsidio directo al sector eléctrico ha significado un endeudamiento progresivo del país con Venezuela, ya que la mayoría de los recursos destinados al mismo provienen de las facilidades crediticias otorgadas a través de Petrocaribe.

Para 2013, la voracidad eléctrica siguió siendo implacable con las finanzas públicas consumiendo la mayor parte de los ingresos adicionales (alrededor del 70%) generados por la renegociación del contrato de la Barrick y que fueron consignados en el presupuesto complementario de 2013 terminando el sector eléctrico con un subsidio directo superior a los US$1,200 millones.

Para 2014 el presupuesto contempla un subsidio directo de unos US$1,000 millones cifra similar al insuficiente subsidio directo consignado en el presupuesto de 2013 y al igual que el año pasado se espera que dicho subsidio será superado con creces necesitando de una asignación adicional entre US$300 millones y US$400 millones provenientes del presupuesto complementario, con lo cual al final de 2014 la deuda corriente con los generadores privados y las empresas estatales EGEHID y ETED es previsible que termine en el orden de los US$600 millones a US$700 millones luego de haber consumido y dilapidado unos US$1,300 millones a US$1,400 millones en subsidio directo.

(1)    Mito del Acuerdo de Madrid
A la hora de buscar culpables, el favorito es el Acuerdo de Madrid pues todos los sucesivos administradores que han pasado por la CDEEE a partir de agosto del 2004 eligen a este acuerdo como el culpable de todos los males habidos y por haber en el sector eléctrico, obviando de manera intencional el continuo deterioro de las finanzas del sector ocasionadas por el incremento constante y ascendente en los gastos corrientes y empleomanía y la pésima gestión en las distribuidoras aun en manos de extranjeros.

El gran pecado del Acuerdo de Madrid fue producir una rebaja del 36% del precio de energía contratada bajo el proceso de capitalización del sector eléctrico, haber potencializado, catalizado y estimulado el cambio en la matriz energética de generación produciendo que de un 90% de generación a base de derivados del petróleo que existía en 2001 hoy día la generación a base de derivados del petróleo se sitúa por debajo del 50% fruto de la incorporación del carbón y gas natural (por primera vez) en la matriz de generación del sector eléctrico.

Ninguno de los satanizadores del Acuerdo de Madrid ni quiere ni se atreve referirse a la estafa que significo para el país los contratos de compra y venta de energía entre generadores y distribuidores firmados al amparo y sombrilla de la capitalización, contratos que producían una sobre indexación del 100% en el precio de la energía contratada por las distribuidoras y en donde solo se hacía el cálculo del precio de la energía vendida a estas empresas en base a un combustible único, el Fuel Oil No.2 o Diésel, el cual es el combustible más caro que existe para generar electricidad.

No importaba si las plantas de generación utilizaban carbón, gas natural o búnker C para generar electricidad, el precio de venta a las distribuidoras se calculaba en base a un combustible único, el más caro, independientemente de que el mismo se utilizara o no para generar electricidad. Esa situación produjo que en los primeros 16 meses de la capitalización las distribuidoras estaban técnicamente y prácticamente quebradas debido a los sobrecostos que tenían los contratos de la capitalización, mientras las generadoras capitalizadas obtenían ganancias de más de US$100 millones en el mismo período.

El satanizado Acuerdo de Madrid eliminó esa sobre indexación y sobrecostos en los contratos firmados durante la capitalización ya que al generador se le pagaría no sólo en función al combustible utilizado para generar, sino también en función a la tecnología empleada (plantas a vapor, ciclo combinado, turbina simple, motor, etc.).

Ese cambio en la matriz de generación que significó la incorporación de unos 300 megavatios de generación a base de carbón y 530 megavatios de generación a base de gas natural, con una inversión total que supera los US$800 millones, se logró sin que el Estado tuviera que otorgar ni una sola garantía soberana para el desarrollo de los proyectos mencionados y sin que el Estado tuviera que endeudarse, ya que toda la inversión fue realizada por el sector privado dentro de las reglas de juego establecidas en el ordenamiento jurídico prevaleciente en el país y que rigen al sector eléctrico.

Hoy día para añadir una capacidad instalada de unos 770 megavatios a base de carbón, la cual estará disponible entre 2018 y 2019, cantidad inferior a los 830 megas de generación eficiente que se instalaron en el período 2000-2004, el Estado tendrá que endeudarse por una cifra cercana a los US$3,000 millones.

(2)    Mito de las cuentas pignoradas en Edenorte y Edesur para
el pago de la deuda con Unión Fenosa por la recompra en 2003
En 2005 el Estado emitió una deuda soberana por US$300 millones con el objetivo de saldar la deuda comercial no titularizada sin garantía soberana del Estado que había contraído Edenorte y Edesur con Unión Fenosa como resultado de la compra de las acciones que poseía esa empresa en las distribuidoras, operación que se realizó en septiembre del 2003.

La transacción de 2003 significó el pago a Unión Fenosa de un anticipo de US$15 millones y pagos mensuales por un período de 12 años de sumas mensuales que oscilaban entre los US$4.021 millones al inicio del período de pagos y los US$5.566 millones en el último año. Los pagos fueron garantizados a Unión Fenosa a través de la pignoración de cuentas de clientes de las distribuidoras Edenorte y Edesur sin que el Estado otorgara garantía soberana colateral a dichos pagos y obligaciones como era el deseo de Unión Fenosa y sin que la deuda se titularizara, lo que le hubiera permitido a Unión Fenosa negociarla y transarla en el mercado secundario de capitales y hacerla efectiva en cualquier momento otorgando un descuento importante sobre el valor nominal de dicha deuda.

La emisión de bonos soberanos en 2005 para saldar una deuda comercial no titularizada y convertirla en deuda soberana, represento una reducción mínima del monto de la deuda contraída con Unión Fenosa de alrededor de un 6%, la cual puede ser considerada pírrica dado el hecho de que se saldaba al contado una deuda pagadera en 10 años eliminando las incertidumbres y riesgos que tenía Unión Fenosa sobre esa deuda que al no ser titularizada no podía transar en el mercado secundario de capitales. Ese pago permitió recibir a Unión Fenosa en efectivo y al contado el total de la deuda comercial que había contraído Edenorte y Edesur sin garantía soberana del Estado y sin titularización de la misma y que terminaría de recibir el pago de la misma a finales de 2015, o sea, 10 años después del saldo de la deuda que realizaba el Estado en 2005.

El saldo al contado de la deuda comercial con Unión Fenosa y su conversión a deuda soberana, con las implicaciones legales que tiene una deuda soberana, fue justificada por las autoridades gubernamentales de entonces como una forma de liberar las cuentas pignoradas con Unión Fenosa de algunos clientes de Edenorte y Edesur con lo cual teóricamente se le daría un respiro financiero a dichas distribuidoras mejorando el flujo de caja y reduciendo el monto del subsidio directo que se otorgaba al sector eléctrico en especial a esas empresas.

La excusa enarbolada por las autoridades para convertir una deuda comercial sin garantía soberana ni titularización,  pagadera en 12 años, en una deuda soberana, no era más que la creación de un nuevo mito eléctrico el cual trataba de atribuir a la pignoración de algunas cuentas comerciales de Edenorte y Edesur el creciente incremento en el déficit financiero de las distribuidoras que ya se sentía en 2005.

El subsidio directo al sector eléctrico luego del pago al contado de la deuda comercial a Unión Fenosa en lugar de disminuir aumento pues se pasó de un subsidio anual de US$250 millones en 2004 (año en que existía y se ejecutó cabalmente la pignoración de cuentas de Edenorte y Edesur) a más de US$600 millones en 2005 y años siguientes.

Mientras los dominicanos veíamos aumentar la deuda estatal en US$300 millones, Unión Fenosa era capitalizada con una inyección de US$300 millones al contado, con lo cual convertía una deuda de largo plazo en un pago en efectivo mejorando significativamente sus indicadores económicos fruto de la generosidad de las autoridades dominicanas que decidieron endeudar al país para sustentar un mito eléctrico que se derrumbó en un corto tiempo.

(3)    Mito del PRA
En 2002 las distribuidoras, que en esa ocasión eran administradas y controladas por el sector privado, se acercaron al Gobierno solicitándole ayuda y colaboración en la gestión de cobros en los barrios marginados dado los problemas que estaban confrontando y las reacciones violentas que se producían en dichos barrios ante las gestiones de cobros que realizaban  y el pésimo servicio que se brindaba.

La respuesta del Gobierno a esa solicitud fue la implementación del Programa de Reducción de Apagones (PRA), el cual tenía un protocolo claramente definido en cuanto a las responsabilidades de las distribuidoras y del Gobierno y las áreas específicas que abarcaba dicho Programa. El Programa era un respiro y ayuda que el Gobierno le brindaba a las distribuidoras y que en teoría facilitaba la posibilidad de ganar tiempo para hacer las inversiones necesarias que permitieran reducir las altas pérdidas que existían en los barrios marginados y mejorar la gestión comercial. El Programa fue confeccionado para que terminara en septiembre de 2004 y en el acuerdo firmado con cada distribuidora se establecía la cantidad máxima de gigavatios hora de energía (Gwh) que se destinaba al PRA. La energía asignada al PRA era subsidiada por el Estado en un 75% mientras las distribuidoras cargaban con el 25%.

En septiembre de 2004 las autoridades de entonces, en vez de dar cumplimiento al acuerdo establecido de finalización del PARA, no solamente lo extendieron de manera indefinida sino que lo ampliaron significativamente incrementando la energía destinada al Programa en más de un 70% con relación al acuerdo del 2002.

En su punto más alto, el subsidio focalizado al PRA llegó a significar cerca de US$100 millones anuales de erogación por parte del Estado y el mismo comenzó a ser satanizado señalándolo como una de las causas principales del creciente aumento del subsidio directo y pérdidas en el sector eléctrico llegándose a afirmar de manera categórica que la población y negocios en las áreas del PRA había aumentado significativamente como consecuencia del subsidio directo que asignaba dicho Programa siendo eso una de las principales causas del continuo deterioro en la gestión de las distribuidoras y sus finanzas.

Tanto satanizaron el PRA hasta que en 2010 se produjo su eliminación total siendo sustituido por el programa Bono Luz, cuyo subsidio directo aumenta todos los años y no se contabiliza ni forma parte del subsidio directo anual que entrega el Gobierno para cubrir las ineficiencias, exceso de empleomanía y gastos corrientes de las distribuidoras y la CDEEE.

Según datos de la CDEEE y de la Administradora de Subsidios Sociales, en los últimos tres años el programa Bono Luz ha significado para el gobierno erogaciones por RD$3,554.9 millones. En 2011 tenía 173,604 clientes, en 2012 subió a 458,617 y el año pasado finalizó en 529,805.

La eliminación del PRA no ha significado ni una mejoría en la calidad del servicio, ni tampoco una reducción en el subsidio directo que anualmente otorga el Gobierno al sector eléctrico, con lo cual queda evidenciado que la fiebre no está en la sabana y que el PRA se constituyó al igual que el Acuerdo de Madrid y la pignoración de cuentas de Edenorte y Edesur en uno de los tantos mitos eléctricos que se crean para desviar la atención de los crecientes déficits financieros e incrementos en el subsidio directo, gastos corrientes y exceso de empleomanía en el sector eléctrico.

(4)    Mito de la criminalización del hurto de energía
Muchos sectores de la sociedad fueron cautivados y seducidos por la campaña a favor de la criminalización al robo eléctrico a través de una ley especial, a pesar de que el fraude eléctrico estaba tipificado y penalizado en nuestras leyes y códigos vigentes.

Se generó una expectativa tal que muchos sectores apostaban y estaban confiados y seguros que una vez se dictara una legislación y reglamento específico para criminalizar el hurto de energía, sería un gran paso de avance en la lucha por reducir los déficits financieros crecientes del sector.

La Ley fue promulgada al igual que su reglamento. Se creó una Procuraduría Fiscal especial para dirigir y procesar las violaciones a la Ley. El resultado no puede ser más penoso y lastimoso, las evasiones y fraudes siguen tan campante como el famoso whisky aquel, mientras la burocracia estatal se incrementó como consecuencia de la implementación de esta Ley especial que a juicio de muchos no era necesaria para perseguir, combatir y someter a la justicia los responsables del crimen del robo de la electricidad.

A pesar de la propaganda oficial, la realidad fría de los números evidencia que la criminalización del robo de electricidad no requería de una ley especial y que la misma se ha convertido en uno de los tantos mitos que se crean alrededor del sector eléctrico bajo la premisa de pensar en que una sola medida de por sí y de manera aislada será la solución al flagelo y catástrofe nacional en que se ha convertido el sector eléctrico.

Mientras el hacha va y viene, con todo y eliminación del PRA y de la Ley de Criminalización al Fraude Eléctrico, los déficits financieros del sector eléctrico, el subsidio directo, los gastos corrientes y exceso de empleomanía aumentan año tras año sin que se vislumbre en el horizonte un fin a este derroche incontrolado de recursos dilapidados que no logran producir una mejora importante en un servicio tan vital y necesario para la población y desarrollo de país como lo es la energía eléctrica.

(5)    Mito de la tarifa indexada
La tarifa eléctrica vigente no se corresponde con la definición de tarifa técnica en la cual el margen de intermediación o Valor Agregado de Distribución (VAD) de las distribuidoras se calcula en base a una empresa distribuidora eficiente, dimensionada sin exceso de empleomanía ni gastos corrientes y con pérdidas totales (diferencia entre energía comprada a los generadores y cobrada a los clientes) menores al 15%.

En la actualidad las distribuidoras de electricidad de Republica Dominicana distan mucho de ser empresas gestionadas de manera eficiente pues sus pérdidas totales se sitúan alrededor del 40% y poseen exceso de empleomanía y gastos corrientes a pesar de que la mayoría de los servicios que ofrecen están subcontratados con empresas externas.

La famosa tarifa indexada que calcula mensualmente la Superintendencia de Electricidad no es más que un mito y espejismo, cuyo único objetivo es justificar la ineficiencia, pésima gestión y exceso de empleomanía y gastos corrientes de las distribuidoras bajo el alegato falso de que la tarifa vigente no cubre costos y que el Gobierno subsidia la tarifa eléctrica a la población cuando en la realidad lo que el Gobierno subsidia es la ineficiencia, pésima gestión y exceso de empleomanía de las distribuidoras.

Si se aplicará la famosa tarifa indexada el margen de intermediación o VAD de las distribuidoras se situaría alrededor de US$0.10/Kwh el cual es más de tres veces el VAD teórico de una distribuidora gestionada de manera eficiente sin exceso de empleomanía ni gastos corrientes y con pérdidas totales menores al 15%.

La aplicación de la tarifa indexada no reduciría los subsidios directos que año tras año otorga el Gobierno al sector eléctrico como tampoco lo ha reducido los aumentos que la tarifa eléctrica ha sufrido de 2009 a la fecha, alzas que han venido acompañadas con aumentos sistemáticos del subsidio directo al sector y deterioro progresivo y creciente de las finanzas eléctricas y calidad en el servicio brindado.

La aplicación de la tarifa indexada que ocasionaría un aumento brutal de la actual tarifa que de por sí es muy cara, sólo serviría para seguir cargando sobre los hombros de quienes pagamos por un servicio pésimo y caro, el costo de la ineficiencia, pésima gestión y exceso de empleomanía de las distribuidoras mientras paralelamente las pérdidas totales y los excesivos gastos corrientes y empleomanía de esas empresas, así como el subsidio directo siguen creciendo tan campante como el famoso whisky.

Conclusiones
El problema del sector eléctrico no tendrá solución mientras desde el aparato gubernamental se sigan creando falsos mitos y expectativas para desviar la atención de los reales problemas que afectan a dicho sector y no se tome la firme decisión de enfrentar los mismos.

No habrá solución mientras se mantenga un nivel exagerado de pérdidas totales (diferencia entre energía comprada a los generadores y cobrada a los usuarios) las cuales son ocasionadas en gran parte por que más de un millón de usuarios (viviendas, locales) consumen energía y su consumo no es facturado por carecer de contadores.

No habrá solución mientras los gastos corrientes y exceso de empleomanía en las distribuidoras y CDEEE sigan aumentando año tras año.

No habrá solución mientras la Superintendencia de Electricidad, órgano regulador (juez y árbitro) del sector eléctrico, siga violando la Ley y permita que los agentes del sector violen constantemente la Ley y no se respeten las reglas del juego.

No habrá solución mientras no se propicie un clima de respeto al orden institucional que permita que nuevos inversionistas privados, sobretodo en el área de generación, incursionen con inversiones frescas que permitan incorporar tecnologías más eficientes de generación a base de combustibles como el carbón y gas natural, con lo cual se reduciría significativamente el precio de venta a las distribuidoras para que los usuarios puedan ser beneficiados de una tarifa más económica, justa y racional.

No habrá solución mientras el Gobierno no tome la firme decisión de invertir recursos económicos importantes y significativos en programas eficientes de reducción de pérdidas a nivel de las distribuidoras tal y como tomo la firme de decisión de invertir en las plantas a carbón.

No habrá solución mientras el Gobierno no impregne al sector eléctrico oficial de una eficiencia y racionalidad administrativa en lo relativo a la reducción significativa de los gastos corrientes y exceso de empleomanía que presentan las distribuidoras y la CDEEE.

El autor es ingeniero con una larga trayectoria en empresas públicas y privadas,
así como en organismos internacionales, a los cuales ha servido como asesor externo.

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