[dropcap]L[/dropcap]as telefónicas están entre las diez primeras empresas en aportar al fisco, ya sea a través de los impuestos indirectos, que son pagados por los usuarios, como por los directos, que deben reportar por los ingresos o ganancias. Los datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) lo establecen claramente.
Los impuestos a las empresas y otras corporaciones significaron ingresos por RD$130,806.3 millones para el Estado durante los últimos dos años (2015 y 2016).
Las estimaciones establecen que las compañías que ofrecen servicios de telecomunicaciones aportaron alrededor de RD$23,545.1 millones (18%), sin contar con los reportes que hacen por ser agentes de retención del 18% del Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), el 10% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el 2% del Impuesto para la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), del cual un 50% va directamente al Poder Ejecutivo.
Sólo por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que es un gravamen directo, las empresas de telecomunicaciones aportaron poco más de RD$20,308.1 millones durante los últimos dos años. Este gravamen registró un incremento absoluto de RD$6,238.2 millones en 2016, al pasar de RD$53,292.7 millones a RD$59,530.9 millones en conjunto.
En este contexto es que las empresas Viva, Orange, Claro, Tricom y Wind consideran que no hay razón en aplicarles una nueva carga impositiva, como es el US$0.020 y US$0.0025 por el tráfico internacional entrante, pues indefectiblemente afectará el desarrollo del sector, a los consumidores y el proyecto República Digital que impulsa el Gobierno.
“Es incorrecto pensar que no afectará a ninguna persona o empresa en el país, pues un precio más elevado de las llamadas provocará una reducción significativa en la cantidad de minutos entrantes; acelerará de forma importante la tendencia natural de migración de ese tráfico a otras formas de acceso más económicas disponibles en el mercado”, sostienen las prestadoras en una declaración conjunta.
Y van más lejos. Aseguran que nuevas cargas impositivas fomentarán el negocio ilícito de tráfico o “bypass”, con lo cual se reducirá el ingreso de divisas al país no solo para las telefónicas, sino también para el Gobierno, por una disminución ISR, y para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), por una caída en las recaudaciones del CDT, que es de 2% de los ingresos por esos servicios.
Ante la posibilidad de que el proyecto sea convertido en ley, las empresas del sector de telecomunicaciones reiteran su desacuerdo con algunas disposiciones del proyecto que busca financiar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.
Explican que las tarifas locales se definen tomando en cuenta los costos de las telefónicas y los del transportista internacional, por lo que a pesar de que el impuesto se aplicaría a las llamadas hacia República Dominicana, el costo adicional será traspasado a los clientes que llaman, muchos de ellos dominicanos en el extranjero que aportan a la economía a través de sus remesas.
Además, según explican las telefónicas, este aumento a su vez se reflejaría en un ajuste de los precios de las llamadas internacionales desde el país, debido a la disminución del volumen de negocio con los intermediarios y la renegociación de precios que provocaría este cambio.
Las empresas señalan que los principales mercados de llamadas internacionales hacia el país son altamente competitivos y generan ganancias que se derivan del volumen de minutos más que del precio, lo que sugiere que sus márgenes sean bastante razonables.
A manera de ejemplo, explican que con Estados Unidos, desde donde se origina la mayoría de las llamadas entrantes, tienen acuerdos con más de 15 empresas. Según un documento sobre tráfico y ganancia publicado en 2016 por la Federal Communications Commission (FCC), el porcentaje de los ingresos brutos por minuto que manejan los intermediarios (carriers) es de 25% para el tráfico entre EEUU y República Dominicana y 30% para el resto del mundo.
Privacidad de los usuarios
Las telefónicas afirman que la propuesta de ley, en lo que compete a la instalación de un sistema con la justificación de evitar fraudes, viola el principio de privacidad e intimidad de información clientes.
Destacan como relevante que el artículo 28 del proyecto de ley, relativo al establecimiento de un mecanismo de control de tráfico, que busca el seguimiento y monitoreo en tiempo real del tráfico de voz y de datos que circula por las redes de las prestadoras locales, “lo que atenta directamente contra el derecho a la intimidad y privacidad de las informaciones y datos de los usuarios, pues el Estado tendrá acceso directo a las plataformas de las prestadoras, pudiendo recabar información de los usuarios sin necesidad de una autorización judicial previa como requieren las leyes y la Constitución”.
Las empresas de telecomunicaciones destacan que además del apoyo que han prestado al sistema 9-1-1 desde sus inicios, contribuyen de manera significativa a la economía dominicana a través de su aporte al fisco y su accionar como ciudadanos corporativos responsables.
