Las empresas del sector de las telecomunicaciones manifestaron su rechazo al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, sometido recientemente por la Cámara de Diputados.
Las telefónicas Claro, Tricom, Orange, Viva y Wind Telecom objetan específicamente la imposición de una tasa al tráfico internacional como fuente de financiamiento, debido a que viola acuerdos internacionales y conllevaría nuevas inversiones y gastos por parte de un sector que en la actualidad está sobrecargado con altos impuestos y obligaciones tributarias.
Las empresas reclaman no haber sido incluidas en el proceso de discusión de los aspectos relacionados directamente con los servicios de telecomunicaciones, según expresa la comunicación entregada a la Presidencia de la Cámara de Diputados, y presentada en una audiencia que solicitaron para los fines a la Comisión de Interior y Policía de la misma instancia.
Resaltan que han apoyado los esfuerzos del Estado dominicano para el desarrollo del Sistema Nacional de Emergencias (SINAES), en el que han invertido desde el año 2012, la suma aproximada a RD$260 millones en instalaciones, sistemas y programas requeridos para la implementación de la plataforma del 9-1-1.
Igualmente, desde antes de la implementación del sistema integral que opera bajo el SINAES, algunas prestadoras llevaban años brindando acceso de manera gratuita a las llamadas entregadas al 9-1-1, a pesar del importante costo que las mismas generan diariamente.
Además de apoyar de forma voluntaria y legal el sistema 9-1-1, las telefónicas destacan la contribución que realizan a la economía dominicana, así como su cuantioso aporte al fisco y su accionar como ciudadanos corporativos responsables. En este sentido, el sector de las telecomunicaciones encabeza la lista del Ranking de Empresas 2016 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como las de mayor aporte en el sistema tributario.
Expresan que ya los servicios de telecomunicaciones en el país están sobre gravados, ocupando el cuarto lugar en el pago de impuestos al consumo, así como el segundo lugar en pago de impuestos a los ingresos de sociedades. Adicional a esto y como freno al desarrollo de las telecomunicaciones, los servicios están gravados con un impuesto selectivo al consumo, que suele imponerse a los bienes de lujo, de diversión o con externalidades negativas, y además con la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), para lograr el acceso universal de los servicios a toda la población. Esta carga impositiva coloca al país en el sexto lugar entre aquellos con mayor índice de impuestos en el sector de las telecomunicaciones, según un Reporte de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones.
Las prestadoras indican que el proyecto de ley contiene otros aspectos que ameritan detenida atención, ya que pueden implicar acciones anticonstitucionales y en contra de la privacidad de los datos de los usuarios.
