El Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), publicó un análisis que revela que con el aumento salarial del 20% solo el nuevo sueldo pagado por las grandes empresas es superior al costo de la canasta más barata, mientras que el de las medianas y pequeñas empresas sigue por debajo de la canasta más básica.
“Al cierre de marzo de 2017 la canasta básica nacional promedio costaba 29,013 pesos, mientras que los hogares de menores ingresos necesitaban 13,228 pesos. Tras la aprobación del 20 % el valor absoluto del salario mínimo más alto es de $14,546.49 pesos a partir del día 1ro de mayo, y llegará a ser de $15,447.60 pesos a partir del 1ro de noviembre; mientras que los más bajos serían de $8,862.59 y $9,411.60 pesos, a partir de esas respectivas fechas”, sostiene el estudio.
“Salario mínimo de empresas privadas no sectorizadas: varias opiniones y una realidad”, de Greidys Joel Roa Chalas, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas (UPP) del OPD-Funglode, afirma que al descontarle a los sueldos los pasivos (aporte a la seguridad social), el aumento real va desde $1,475.90 pesos, el más bajo, a $2,422.44 pesos, el más alto.
Roa Chalas explica que “el Comité Nacional de Salario (CNS) es el encargado de fijar el salario mínimo nacional para los trabajadores de los diferentes sectores y tienen como meta arribar a un acuerdo a través del cual el ingreso de los trabajadores se incremente en un porcentaje que soporte el aumento que haya registrado la inflación, sin que eso signifique un exagerado sacrificio económico para las empresas”.
Manifiesta que en los años 2003 y 2004 la inflación llegó a cifras records en la economía nacional, posicionándose en 27.45 y 51.46 %, respectivamente, fruto de la crisis económica que vivió el país en esos años como consecuencia de la quiebra de algunas instituciones financieras.
“Luego de los picos alcanzados en el año 2004, la inflación ha presentado un comportamiento cíclico aceptable; el porcentaje de incremento salarial también se mantuvo constante, entre 14 y 17 %, siendo el aumento aprobado en 2017 el más alto, luego de 2004. Sin embargo, en todos los años del período analizado, el costo promedio de la canasta familiar estuvo muy por encima de los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado no sectorizado”, enfatiza el documento.
La investigación coincide con el sector empresarial, que introdujo en la mesa del diálogo la necesidad de reclasificar las empresas.
“Los empresarios señalan que la clasificación que hace el CNS es contraria a la Ley No. 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). En la actualidad las grandes empresas son aquellas cuyas instalaciones igualen o excedan de la cifra de cuatro millones de pesos. Las empresas medianas, entre dos y cuatro millones de pesos, mientras que las pequeñas empresas son aquellas que tienen un capital inferior a los dos millones de pesos”, puntualiza el autor.
El estudio expresa que el problema está en que pequeñas y micro empresas están siendo calificadas en el grupo de las grandes empresas, lo que las hace pagar salarios mínimos que no corresponden al tipo de empresas que realmente son y que les son difíciles asumir.
“Lo justo es que se le asigne a cada empresa el monto salarial que realmente le corresponde y que puede pagar, sin ver afectada significativamente su rentabilidad. La clasificación establecida en la Ley No. 488-08 toma en cuenta tres criterios: la cantidad de empleados, el valor de los activos y el valor de las ventas realizadas al año.”, recalca el investigador.
Otro punto a tomar en cuenta, de acuerdo con el análisis, es la productividad como medidor del aumento. “Un trabajador más productivo puede exigir un mayor nivel de salario y las empresas estarían dispuestas a ofrecer una mayor remuneración por sus servicios laborales porque le agregaría mayor valor. Incluso, el sector empresarial ha manifestado que debe ser la productividad la que determine el incremento salarial de los empleados”.
Sin embargo, el documento enfatiza que una vez superada la crisis 2003-2004 ha habido una brecha entre el crecimiento de la productividad y el estancamiento de los salarios. “El no establecer un salario mínimo por orden jurídico limitaría aún más el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos, ya que los datos demuestran que, a pesar de que la productividad laboral ha tenido un constante crecimiento, el salario real se ha mantenido estancado”.
“El incremento del sueldo mínimo es una medida necesaria, pero no suficiente para impulsar mejoras significativas en el poder adquisitivo de los trabajadores. Esa acción debe ir acompañada de un conjunto de políticas públicas encaminadas a ofrecer mejores condiciones de vida a los empleados que ganan sueldo mínimo, a los que reciben más y a los que no devengan ningún salario”, concluye el OPD-Funglode.
