[dropcap]D[/dropcap]esde el sector privado y una parte de la sociedad existe la negativa de que se aprueben nuevos impuestos sin que antes se discuta y firme el estancado Pacto Fiscal, contenido en el artículo 36 de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030.
Pero un nuevo impuesto a las telecomunicaciones, sector que está gravado con un 30% y que en 2016 generó al fisco RD$17,012.2 millones, para financiar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 asoma en la Cámara de Diputados, en un proyecto de ley presentado por Elías Serulle.
La propuesta busca gravar con US$0.02 o su equivalente en pesos las llamadas internacionales entrantes y con un monto fijo de US$0.0025 al día de la recepción de mensaje de texto (SMS) internacional entrante que termine en sus redes, explica el periódico Diario Libre.
“No estamos proponiendo un impuesto, desde el punto de vista como lo conoce el ciudadano, no es un gravamen a la población. Es una reducción de las ganancias de los empresarios que se enriquecen con la comunicación”, explicaba Serulle al ser entrevistado en la emisora Súper 7 FM.
Y continúa: “esto va a operar para la llamada internacional, sobre la intermediación de la llamada. El Gobierno decidió negociar con esas empresas (de telecomunicaciones) para intermediar la comunicación y le está agregando, como ves en la ley, el 0.2 de dólar por el tránsito de la llamada. Eso no afecta la llamada local”.
El legislador, quien informa que el Congreso trabaja con el Gobierno en una ley de desmonte de los impuestos que tienen que ver con telecomunicaciones, puntualiza que no hay forma de transferir el gravamen (desde las telefónicas a los usuarios) “porque no se lo estamos cobrando a las prestadoras de servicios locales”.
Aclara que el proyecto lo que propone es que los recursos del 9-1-1, en vez de que lo pague el dominicano al agregársele una tasa impositiva a la telefonía local, que las prestadoras paguen una proporción de sus beneficios.
Revela que las empresas de telecomunicaciones aceptaron la propuesta “muy bien, porque para ellos eso (el US$0.2) es insignificante”.
Pero no es la primera vez que en la Cámara baja se presenta un proyecto que busca fijar nuevos impuestos a las telecomunicaciones para ser destinados al Sistema 9-1-1.
Cuando se conocía la ley que crearía el sistema de emergencias, la comisión de Interior y Policía de la citada cámara, presidida por el diputado Elpidio Báez, propuso el cobro de RD$20 en la factura de telefonía fija. Propuesta que al final no fue aprobada.
La telecomunicación en el país está gravada con un 30%: un 10% de impuesto selectivo, 18% de ITBIS y 2% de contribución al desarrollo de las telecomunicaciones (CDT).
En 2016 las recaudaciones por el impuesto selectivo por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ascendieron a RD$6,685.8 millones. Mientras que en el primer trimestre de 2017, el cobro de ese tributo registró RD$1,690.7 millones.
En tanto, la recaudación por el cobro del 18% de ITBIS el año pasado se situó en RD$8,930.2 millones y por el cobro del 2% para el CDT, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones recibió en 2016 RD$1,396,2 millones.
Aunque no está sumado en el monto de los RD$17,012.2 millones aportados por el sector, el Estado también cobra a las telecomunicaciones el impuesto sobre la renta.
Servicio costoso
El diputado Elías Serulle, autor del proyecto de ley, detalla que las empresas telefónicas nacionales servirán como agentes de retenciones del fondo que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones cobrará mensualmente a las compañías que son portadoras de la comunicación internacional.
“Esos fondos no vendrán de los bolsillos de los dominicanos porque ese dinero está en el ejercicio de la llamada que viene desde afuera hacia República Dominicana”, afirma.
El país ocupa la tercera posición de todas las naciones de América Latina y la número 15 a nivel mundial, en cuanto a niveles de impuestos a los servicios de telecomunicaciones, con un 28%, contrario al 22% de la región, según el Foro de Regulación del Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED).
