Telecomunicaciones no resiste un centavo más de impuestos

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Editorial

Telecomunicaciones no resiste un centavo más de impuestos La propuesta legislativa de cobrar US$0.02 y US$0.0025 por llamadas de voz y mensajes entrantes internacionales limita y crea serias distorsiones en el sistema tributario

0 Compartir 15 de Mayo, 2017

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 es, a toda luz, una de las iniciativas más aplaudidas por la ciudadanía. Su utilidad ha quedado demostrada y la profesionalidad con que se ha manejado también. Funciona desde mayo de 2014 y lo ha hecho con los más altos estándares de calidad.

“El Sistema 9-1-1 está para cuidar, proteger, atender y dar servicio 24 horas del día 365 días al año a todos los dominicanos”, afirmó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, durante la puesta en funcionamiento. El acto fue encabezado por el presidente Danilo Medina y el entonces embajador de Estados Unidos, James W. Brewster.

Desde sus inicios se ha hecho el intento de financiar sus operaciones a través de un impuesto especial vía los servicios de telecomunicaciones. Es una de las propuestas más descabelladas desde el punto de vista económico y de desarrollo social.

La primera propuesta consistía en un impuesto mensual de RD$20 que se cargaría a la factura mensual del teléfono, lo que rayaba en lo ilógico y nada equitativo. ¿Por qué? Una sola familia podría pagar hasta cinco y seis veces el impuesto, pues son muy pocos los hogares donde hay un solo teléfono.

Además, no cabe en la lógica tributaria cargar más a un sector que como el de las telecomunicaciones está gravado tres veces: 18% del impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS), 10% del impuesto selectivo al consumo (ISC) y el 2% de desarrollo a las telecomunicaciones.

Ahora la propuesta de ley para financiar el 9-1-1 busca aplicar tasas para las llamadas y mensajes de voz internacionales entrantes. La iniciativa busca que las prestadoras, que de por sí no resisten más cargas impositivas, paguen un monto fijo de US$0.20 por cada minuto de tráfico de voz internacional entrante y US$0.0025 al día de la recepción por cada mensaje de voz desde cualquier otro país.

¿Y quién asegura que esto no será un cargo más para quienes reciben las llamadas internacionales? ¿Quiénes pagarán esa tasa? ¿Es posible establecer mecanismos para cobrar este impuesto?

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) ha reiterado que el sistema tributario dominicano es injusto, desigual y complicado. Esta tasa, por supuesto, le pone la tapa al pomo. ¿Por qué los legisladores no proponen eficiencia en el gasto público en vez de complicarle la existencia a las empresas? Quienes administran el Estado están en la obligación de dar el ejemplo, o sea, darle calidad al gasto para que los contribuyentes no se sientan estafados.

Toca la casualidad de que las dos propuestas de leyes para conseguir los recursos especializados para el Sistema de Emergencias 9-1-1 han sido sustentadas por el mismo legislador. ¿De dónde llega la asesoría? Los hacedores de legislaciones están facultados, según la Constitución, a crear leyes y a fiscalizar su ejecución, pero no a actuar de forma insensata contra los sectores que generan valor agregado a la economía.

No es cierto que se requiera de un impuesto especial para sostener el 9-1-1, pues para comenzar, que se supone requiere una inversión mayor, sólo requirió de una inversión inicial de RD$2,000 millones. El año pasado se habilitaron RD$1,175 millones y en este año se presupuestaron RD$1,295 millones.

Además de los demás gastos, la nómina mensual del 911 ronda los RD$15,000,000 y la integración del Cibao no implica mayores sacrificios para el Estado.

¿Habría alguna ley que elimine todas las entidades anquilosadas del Estado que sólo son cargas financieras, a ver si así nos ahorramos dinero para sostener el 9-1-1 y otras necesidades vitales de la sociedad? ¿Por qué encarecer nuestra democracia con dos cámaras legislativas? ¿Podría haber una sola Cámara de Representantes? La propuesta puede ser muy lógica. Por supuesto, si se anteponen los intereses de la colectividad.


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