[dropcap]L[/dropcap]a gestión de Danilo Medina puso en vigencia, desde el 1 de marzo, el Decreto 15-17, con el propósito de garantizar que las diferentes dependencias públicas se ajusten a su presupuesto asignado, a través del establecimiento de procedimientos y controles transparentes sobre las normas vigentes en materia del gasto público que se origina en compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
Emitido el 8 de febrero, el decreto se suma a las medidas de control y combate a la corrupción administrativa que intenta implementar el Gobierno. Desde su juramentación como Presidente, en agosto de 2012, Medina llegó con una promesa de transparencia que al principio se cristalizó en acciones como la creación de las comisiones de veeduría, las cuales tuvieron un rol protagónico antes de caer prácticamente en el olvido.
El artículo 3 del decreto 15-17 prohíbe a las dependencias públicas iniciar procesos de compras o contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, así como hacer transferencias al sector privado, “sin contar con el ‘Certificado de apropiación presupuestaria’ donde conste la existencia de balance suficiente en la cuenta presupuestaria que corresponda, por el monto total del egreso previsto”.
El 4 ratifica que deben abstenerse de firmar contratos sin tener el citado certificado y dispone que el Ministerio de Hacienda se encargue de aprobar, previa propuesta de la Dirección General de Presupuesto, “la cuota para comprometer al menos cinco días antes de iniciado cada trimestre”.
La medida busca sujetar a las dependencias estatales al Presupuesto que para 2017 contempla la ejecución de RD$624,407 millones, con ingresos corrientes y de capital por RD$539,513.2 millones y, al mismo tiempo, mantener el déficit dentro de los RD$84,893.9 millones proyectados.
La nueva disposición empieza a aplicarse en un contexto en que amplios sectores de la población presionan al Gobierno a tomar acciones concretas contra la impunidad, a través de la “Marcha Verde” que hizo un primer recorrido por el Distrito Nacional en enero de este año.
Días después de la marcha, la encuesta Gallup, difundida por el periódico Hoy, testimoniaba que el 91% de la ciudadanía apoyaba la movilización que se gestó a partir del repudio al escándalo de corrupción Odebrecht, la firma brasileña que confesó pagos por US$92 millones en sobornos a funcionarios dominicanos, con el propósito de agenciarse la adjudicación de obras de infraestructura.
La misma encuesta arrojó como la principal falla de la gestión de Medina “su apoyo a la corrupción” (21.8%), seguida de la delincuencia (18.3%) y el desempleo (11.8%).
Cuando la Gallup-Hoy pregunta a los ciudadanos “¿cuáles diría usted que son los tres problemas principales que tenemos hoy en el país?” los que señalan la corrupción administrativa en enero de este 2017 sumaron un 33.6%. Más del doble que en abril y marzo del año pasado, cuando se inclinaron por esa opción un 13.2% y un 15.9% de los consultados.
El decreto 15-17 del Poder Ejecutivo “viene a atender uno de los problemas que habían sido señalados por las comisiones de veeduría”, según Javier Cabreja, consultor de la Dirección de Contrataciones Públicas en el área de transparencia y participación social.
Cabreja explica que los informes presentados, a partir del seguimiento a distintos procesos de compras, evidenciaban un retraso en los pagos que creaba condiciones propicias “para prácticas de corrupción a través del cobro de comisiones”.
Sostiene, que la veeduría, como mecanismo de participación ciudadana en el monitoreo de los procesos de compras públicas, “sigue aún vigente”. “Una vez reactivadas las comisiones, el decreto 15-17 contribuiría con su trabajo, pues permitirá contar con una nueva norma que fortalece la transparencia en las compras públicas”.
Descrédito
Pero para Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), “el Gobierno tendría que replantearse el tema de las comisiones de veeduría”.
“Hay mucha gente convencida de que ya el Gobierno no tiene una actitud sincera de transparentar; algunos porque se decepcionaron en el camino y otros que tienen responsabilidades que no les permiten tener una tarea tan cotidiana”, añade el también director del periódico El Nuevo Diario, quien encabeza la comisión de veeduría de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), que construye la ampliación de la segunda línea del Metro Santo Domingo.
“Todo eso hay que revisarlo, pero sobre el tema de la señal que el Gobierno tiene que dar para mí resulta clave, y yo diría que ahora con el mismo escándalo Odebrecht tiende a complicarse más el ambiente”, dice.
Pondera el trabajo que hicieron los veedores, por ejemplo en la ampliación del Metro. “Incluso con el grupo de empresas europeas que licitaron todas las partes electromecánicas y que en un momento se resistían a entregar los detalles de los pliegos y tuvimos entonces que ‘pararnos en dos patas’ y a ese contrato se le tumbaron como 62 millones de euros, precisamente exigiéndoles eso. O sea, fue una experiencia bastante positiva”.
Sin embargo, observa que “las comisiones de veeduría tuvieron, a mi juicio, una herida mortal, que fue el escándalo Oisoe, el cual generó un gran desaliento en la gente que estaba en las comisiones de veeduría. Muchos de ellos simplemente dejaron de ir y algunos renunciaron”.
El comunicador se refiere a las revelaciones sobre la supuesta extorsión a ingenieros contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) que salieron a relucir tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, de 40 años de edad, quien abrumado por las deudas y la supuesta extorsión de funcionarios se quitó la vida de un disparo el 25 de septiembre de 2015, en un baño de la dependencia gubernamental.
Los miembros de la Comisión de Veeduría del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), encabezados por la periodista Ana Mitila Lora, renunciaron, al sentirse “más que burlados” después de más de un año solicitando informaciones puntuales sobre los procesos de contratación de bienes y servicios.
“Pese a que ante cualquier queja nuestra Gustavo Montalvo reaccionaba presto y firmaba oficios uniéndose a nuestras solicitudes, llegó el tiempo en que, por cansancio, lograron vencer a Montalvo”, sostiene la respetada comunicadora.
Para Lora, los integrantes de las comisiones de veeduría “fuimos utilizados para legitimar” al gobierno de Medina, quien “en uno de sus discursos ante la Asamblea Nacional habló de que su gestión garantizaba la transparencia con 24 comisiones de veeduría”.
“Desde el inicio —asegura Lora— asumimos inspeccionar escuelas y encontramos cajas de equipos de cocinas, estufas, rebanadoras de jamón y queso, y mobiliario que nunca serían usados por escuelas que tenían contratados el Programa de Alimentación Escolar… fuimos testigos de cómo se despilfarran los recursos del 4%”.
También el empresario Ramón Porfirio Báez participó con Lora en los procesos de control del Inabie y también se queja de que, aunque hubo buena intención de funcionarios como el presidente Medina, Montalvo y Yokasta Guzmán, el proyecto de la veeduría “fue distorsionado por los del Dicom (la Dirección General de Comunicación), haciendo propaganda y demagogia con algo que iba bien”.
Mientras, el sociólogo Cándido Mercedes, de Participación Ciudadana, valora como positivo el decreto 15-17 y todo lo que contribuya a establecer controles en el gasto público.
Pero recuerda que “República Dominicana en los últimos 21 años ha concretizado más de 30 leyes para el control interno del Estado y para la transparencia y, sin embargo, nunca se había visto tanta corrupción como ahora”.
Deplora que, pese a la formalidad de las leyes, en el país se impone un “Estado negocio, un Estado corporativista, un Estado donde se va allí a hacer negocios”. “Por ejemplo, en la Oisoe cuando vinieron los concursos aplaudimos desde la sociedad civil. Qué bueno, dijimos, que ingenieros y arquitectos que no tienen infraestructuras iban a competir con los millonarios de la élite. Sin embargo, nos daríamos cuenta luego que, más allá de lo formal, que venía el concurso pero había toda una maquinaria, una estructura operacional mafiosa”.
Observa que República Dominicana, si se compara con los 34 países de la región, presenta la menor movilidad social, aunque exhibe el mayor crecimiento económico.
“En los últimos 11 años, según el Banco Mundial, apenas el 8% de la población dominicana se movilizó socialmente hacia arriba; en cambio en América Latina fue el 41%. Pero, cuando tú determinas de ese 8% que se movilizó socialmente, vamos a decir que sea equivalente a 100 personas, de esas 100, unas 90 son actores políticos”, lamenta Cándido Mercedes.
Un tiempo de pago
“Estamos en un periodo de ajustes, mejoras, y trabajamos para que al final del segundo o tercer trimestre podamos pasar el primer balance a la implementación del Decreto 15-17”, asegura Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas. Recuerda que el 29 de marzo, el Ministerio de Hacienda emitió la Resolución 143-2017, que aprueba las directivas complementarias para la implementación del decreto, y la entrada en vigencia de estas disposiciones a partir del 1 de abril”.
Las disposiciones definen el procedimiento operativo para la emisión de los certificados y detalles técnicos dirigidos a las instituciones que no ejecutan su presupuesto a través del Sistema de Gestión Financiera del Estado (Sigef).
“Hemos recibido consultas de las diferentes instituciones sobre la aplicación del decreto”, dice. Entiende que el decreto contribuirá a que la administración asuma comportamientos “responsables”, a controlar el gasto y a que las Mipymes, mujeres y proveedores en general, puedan tener certeza en los pagos por sus servicios al Estado.
Movimiento contra la impunidad
Diversas organizaciones se movilizan en demanda del fin de la impunidad y a través de la denominada “Marcha verde” que desarrolla una serie de movilizaciones populares para exigir castigo a los responsables de la supuesta extorsión por US$92 millones en sobornos que confesó Odebrecht.
El 10 de enero los cabecillas del movimiento entregaron una carta a Yokasta Guzmán, de Compras y Contrataciones Públicas, para solicitar la inhabilitación de Odebrecht como contratista del Estado. El 17 de enero enviaron una carta a la Cámara de Cuentas solicitando la verificación de la Declaración Jurada de Patrimonio de funcionarios con relación a Odebrecht.
Las marchas multitudinarias iniciaron en el Distrito Nacional el 22 de enero y seguirán en Azua el próximo 21 de mayo y en San Pedro de Macorís el 11 de junio. Ya se realizaron en Puerto Plata (5 de marzo), Santiago (26 de marzo) y San Francisco Macorís (23 de abril).
Sus organizadores entregaron el “Libro verde” en el Palacio Nacional, el 22 de febrero, con un corte de 312,415 firmas de ciudadanos que demandan el fin de la impunidad.