La fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, interroga en la tarde de este miércoles a cuatro directivos de la Corporación de Créditos Rona, detenidos por un supuesto delito de fraude que podría ascender a cerca de 350 millones de pesos.
El presidente del consejo administrativo y su vicepresidente, Luis Felipe Romero Navarro y Elucipio Romero Navarro, respectivamente, así como Katia Indira Romero Suárez e Ingrid Joa Peña fueron detenidos para que respondan por el presunto fraude que se investiga a raíz de detectarse un exceso en los límites de crédito de la financiera, un inadecuado plan de auditoría, así como la falta de registros contables en los activos fijos.
Una veintena de clientes de la entidad interpusieron querellas ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra Rona a lo largo de los últimos meses por la presunta comisión de los delitos de simulación, falseo de estados financieros, abuso de confianza, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Estas denuncias generaron una inspección que demostró debilidades en la prevención de lavado de activos y en la instrumentación de préstamos, así como falta de documentos, información financiera y laboral incompleta, además de ausencia de copias de cheques y seguridad en las garantías.
El abogado Cesar Amadeo Peralta, que representa a 20 querellantes, acusa a los directivos de la Corporación de Crédito Rona de negarse a devolver a sus representados el dinero invertido a través de certificados de inversión por valor de 189 millones de pesos, según señaló en declaraciones a Efe.
Todas las diligencias efectuadas para que los directivos devolvieran sus depósitos fueron infructuosas, lo que constituye «una franca violación a la ley monetaria y financiera, tipifica el delito de abuso de confianza y, por ende, el enriquecimiento ilícito o lavado de activos provenientes de infracciones graves», apunta Peralta en el documento de demanda.
También existen varias querellas por falsificación de documentos, usurpación de identidades y enriquecimiento ilícito para «fabricar prestamos fraudulentos» que rondarían los 158 millones de pesos, cantidad que, sumada a los certificados financieros captados y no devueltos sumarían más de 347 millones de pesos, según el abogado.
Varios clientes se presentaron en la entidad para validar los certificados de inversión y se encontraron con que les habían sido concedidos prestamos que nunca habían solicitado, ni mucho menos recibido, según las denuncias interpuestas por Peralta.
