[dropcap]L[/dropcap]a historia reciente dominicana no recuerda un movimiento tan unánime a favor de la transparencia y el fin de la impunidad. Más de 50 organizaciones empresariales, lideradas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), han reclamado que el caso Odebrecht sea llevado hasta obtener una sentencia definitiva y ejemplar, que marque un antes y un después en cuanto a la lucha contra la corrupción.
El sector privado en pleno, que es víctima del chantaje de burócratas oportunistas, ha unido sus voces y voluntades para reclamar que cese el entramado de corrupción que ha caracterizado a la sociedad dominicana en prácticamente todos los niveles. La competitividad de la empresa también depende de que haya un entorno de negocios donde el juego sea limpio. La corrupción encarece los costos de producción y afecta las recaudaciones del Estado.
Tienen razón los empresarios cuando señalan que este caso podría ser considerado como uno de los mayores escándalos de corrupción de República Dominicana, ya que pone al descubierto una cultura de sobornos, así como la debilidad institucional en el país.
Esta experiencia, sin duda, deberá convertirse en punta de lanza para que la justicia actúe con transparencia y con una independencia convincente. El accionar de los jueces solo le debe lealtad a las leyes. Serán las generaciones futuras, incluyendo a los hijos y nietos de los hacedores de justicia, las que disfrutarán o sufrirán el legado que dejen quienes están a cargo del presente.
El procurador general de la República puede actuar con firmeza, pues cuenta con el respaldo de la sociedad. La gestión que haga de este caso, haciendo las investigaciones de lugar de manera profunda y detallada, que no quede un ápice suelto, le pondrá el sello a su trayectoria.
El jefe del Ministerio Público no debe celebrar como un éxito rotundo el hecho de que la firma Odebrecht se comprometa a pagar US$184 millones a República Dominicana, o sea, el doble de los US$92 millones que confesó haber pagado en sobornos, porque esto no es más que otra pieza clave para enjuiciar a quienes internamente se beneficiaron de esos recursos mal habidos.
Es de lugar reconocer a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que mediante resolución dispuso la suspensión provisional del registro como proveedor estatal de la multinacional brasileña, lo cual impedirá que pueda participar en cualquier licitación para futuras transacciones con el Estado dominicano.
Pero estos dos hechos, muy positivos para el país, no deben frenar el proceso. Todo lo contrario: deben servir de empuje hasta llegar a quienes estrujan sus fortunas obtenidas de manera irregular. El sector privado dominicano, especialmente los empresarios tradicionales que tienen 50 y 100 años trabajando, se merecen un mejor entorno e incentivo para seguir generando bienestar y oportunidades de desarrollo para el país. Hay políticos que parecen más empresarios que políticos, lo que se convierte en una competencia desleal al capital bien habido durante decenas de años de trabajo arduo.
La marcha del domingo, respaldada por diversos sectores, incluyendo empresarios, estudiantes, profesionales, técnicos, iglesias, agricultores y otros dominicanos, es una señal clara que debe ser leída por quienes tienen el poder decisión.