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Transportistas aún deben al Estado más de RD$1,183 millones del Plan Renove El Fondet, que gestiona la deuda, alega que muchos vehículos fueron donados con “gran informalidad”

Panky Corcino Por: Panky Corcino Santo Domingo 0 Compartir 17 de enero, 2017
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Los “sindicatos” beneficiados con el Plan Renove —el programa para modernizar la flota vehicular de la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) que terminó en un expediente de corrupción que llevó a la cárcel a varios funcionarios y empresarios del transporte— todavía adeudan al Estado más de RD$1,183 millones, según el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet).

La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), del político y exdiputado Juan Hubieres, debe al Estado RD$399 millones, mientras la deuda de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), de Antonio Marte, supera los RD$325.5 millones.

Antonio Marte reconoce el monto, pero alega que la Conatra dejó de pagar al Fondet después del incendio que destruyó unos 188 vehículos, ocurrido en mayo de 2015 en el taller de la organización, ubicado en el kilómetro 18 de la autopista Duarte. “Imagínate mi hijo, no hay pago, si no hay producción”.

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Antonio Marte, presidente de la Conatra.

Alega que un cable del tendido eléctrico provocó el incendio y que, por esa razón demandó a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

“Estamos pidiendo 650 millones (de pesos) para más de 200 propietarios; a mí mismo de los carros (se me quemaron) más de 46 y una yipeta también”, agrega.

El transportista insiste: “…en las cuestiones de las chatarras… el fuego grande aquel… ¿eh? ¿aló..? Digo yo que cuando el fuego que se quemaron todos los vehículos de Conatra, ¿recuerda?, anjá, en eso, en eso, la CDEEE (…) nos deben a nosotros 600 millones y algo, porque se hizo la demanda cuando se prendién esos autobuses”.

“Pero mi hijo, pero llámate a Danny Alcántara que es la oficina de él, ja, ja, ja, él tiene una oficina de abogados. Es una barra de abogados que son amigos de él y nos representa a nosotros”, señala. “Inmediatamente se nos pague pagamos (al Fondet)”, asegura. “Eso ya tiene un año y pico y han pasado dos o tres causas y nos han dado la ganancia a nosotros”, sostiene.

Alegatos de Juan Hubieres

Los argumentos de Juan Hubieres sobre la deuda de Fenatrano con el antiguo Plan Renove difieren un poco de los de su colega de la Conatra. El exdiputado alega que el propio Fondet sometió a su organización a la Justicia “por habernos quedado con cuatro millones de pesos de ellos”.

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Hubieres sostiene que el Fondet intimó a la Fenatrano para que dejara de cobrar las deudas del Plan Renove a sus miembros. “Ellos tomaron la voluntad de cobrar por sus vías a las personas que tenían autobuses con ellos”, añade.

El transportista alega que una de las gestiones del presidente Leonel Fernández exoneró, mediante decreto, el cobro de los taxis color amarillo “a su gente” y luego “a federaciones aliadas, una parte o toda (la deuda) del Plan Renove”.

“Fenatrano, o yo, nos negamos a apoyar la reelección de 2008 a cambio de ‘exonerarnos’ deudas. Como nos negamos, vino la retaliación”, alega.

Asegura que la propuesta de Palacio le llegó a través de dos dirigentes de izquierda vinculados al Gobierno. “El 18 de marzo de ese año (2008) habría un acto con los transportistas y yo sólo tenía que ir y levantarle la mano al señor Presidente. Mi decisión personal fue radical y dije ‘no’”.

Afirma que en las elecciones de mayo de 2016 ocurrió lo mismo. “Un armador del Bloque Progresista me planteó que ante el engaño del PRM con nosotros, él estaba autorizado a abrir la boleta para inscribirme como diputado al Parlacen; una regiduría a Socorro (Monegro, su esposa) en el Distrito Nacional y las 17 más que teníamos, que sólo habría esa apertura con el Movimiento Rebelde y con nadie más”.

“Me vine a mi casa y recibí una llamada del presidente Danilo Medina donde me dijo ‘para cualquier cosa estaba Danilo (Díaz)’ y… en menos de 40 minutos llegó a mi casa el armador para tratar un pacto de apoyo a la reelección, alegando que yo necesitaría de cierto poder en el Estado para defender mi sector y sus cuantiosas inversiones y que el PRM no me cumpliría”.

juan hubieres fenatranoHubieres insiste en que el Fondet dejó de cobrar a los transportistas que apoyaron a los candidatos presidenciales del oficialista Partido del a Liberación Dominicana (PLD).

Las estadísticas suministradas a elDinero al 11 de noviembre pasado, luego de ser solicitadas bajo el amparo de la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, evidencian que la Asochodupe y la OMSA “nunca” pagaron sus deudas con el Plan Renove. La primera recibió un financiamiento de RD$1,305,000 y su cuenta aparece en cero, y a la segunda el Estado le debe RD$1,391.

También la Fenatrado, de Blas Peralta, beneficiada con RD$289.7 millones, aparece con un saldo negativo de RD$4.4 millones.

Petra Delgado Melo, responsable de Acceso a la Información del Fondet, explica que “las informaciones contenidas en el cuadro corresponden a una información que arroja un sistema interno denominado ‘SISVEH’. Los datos que alimentan este cuadro fueron introducidos en la fecha en que operaba el Plan Renove, justo cuando inició este proyecto (2003-2004), y los criterios de este reporte responden al diseño de entonces”.

“Es bueno destacar que todos los vehículos, donados o no, presentan monto financiado. Muchas de las donaciones fueron entregadas con mucha informalidad, errores que hemos estado resolviendo a nivel legal”, dice.

El Gobierno destina en el Presupuesto 2017 RD$76,234,145 al Fondet, pese a que el organismo recibió el último pago del Renove en noviembre de 2013.

La entidad se creó el 4 de mayo de 2007, mediante Decreto 250-07 para “dar continuidad jurídica” al Renove. Plantea, en su web, que desde la caída de la dictadura de Trujillo en 1961, los gobiernos intentaron mejorar el transporte mediante la creación de entidades reguladoras y prestadoras del servicio, como Onatrate, OTTT, OMSA y AMET, de los que asegura: “(…) todos los intentos terminaron con el mismo resultado: destrucción temprana de la flota, desorden y desorganización”.

Sostiene que durante el primer gobierno de Fernández (1996-2000) “se iniciaron acciones específicas para cambiar la imagen de nuestro transporte público”. En ese contexto, pondera como positiva la adquisición de los taxis color amarillo denominados “pollitos”.

El proyecto benefició a la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), de Arsenio Quevedo, mediante un financiamiento de RD$90.5 millones del Banco de Reservas, a través de una empresa denominada Impiesesa, la cual, como documenta la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, pertenece al mismo transportista que recibió los vehículos y que ahora guarda prisión imputado de varios asesinatos.

Desorden

El Fondet —dirigido por Cristóbal A. Cardoza de Jesús— explica en su web que entre 2000 y 2004 el Estado inició un proyecto para mejorar el transporte terrestre con un Fondo Especial de compensación (Decreto 618-00) y la Comisión Nacional de seguimiento del Plan Renove (Decreto 619-00).

“La intención era resolver el problema de la flota de transporte de la ciudad, cuyo avanzado deterioro amenazaba con colapsar el servicio”. “Sin embargo, la falta de controles, criterios técnicos adecuados y una institución responsable, dieron al traste con ese objetivo”, añade.

Cita que ese “fallido intento” tuvo como actores principales al Secretario de Estado de la Presidencia, así como a los directores de AMET, OMSA y OTTT y entre el sector privado a transportistas como Juan Hubieres, Blas Peralta (ahora preso por asesinato) y Antonio Marte.

Recuerda que el 20 de septiembre de 2001 el Gobierno crea, con el Decreto 949-01, el Consejo Nacional de Transporte del Plan Renove, para dirigir, gestionar y administrar lo relativo a la meta estatal de modificar la flotilla vehicular.

“La manera desordenada con que se manejó la distribución de esta flota y la inexistencia de controles administrativos, condujo a una querella del Contralor General en el período 2000-2004, que culminó con la acción de la Justicia en un proceso que duró hasta el 6 de marzo de 2008 con sentencias de prisión y multas para los involucrados”, apunta.

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