Periódico elDinero

La Escuela Económica

Regulados bien regulados; y no regulados sin regular

Esteban Delgado Por: Esteban Delgado 0 Compartir 28 de noviembre, 2016

Las autoridades encargadas de regular determinados segmentos económicos desarrollan una labor efectiva en cuanto al cumplimiento y seguimiento de las normas vigentes para velar por su aplicación.

En el caso del sector financiero, se notan importantes avances de regulación luego de la crisis que afectó al país en 2003 con la quiebra de importantes bancos.

Sin embargo, hay un aspecto del que adolecen las autoridades regulatorias y hasta las de recaudación fiscal del país sobre el que se precisa mejoría. Ocurre que la regulación es efectiva entre las entidades ya reguladas, las que están debidamente formalizadas y en operación.

Pero no pasa así con las entidades del sistema que no están reguladas. Eso se debe en gran medida a que la legislación vigente (en el caso del sector financiero la Ley 183-02 Monetaria y Financiera) no establece mecanismos directos de regulación a instituciones como las cooperativas y las llamadas “financieras”, desde donde se desprende la mayoría de los escándalos de estafas recientes a ahorristas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido reiterativo cada vez que revisa los indicadores de la economía dominicana en destacar la efectiva regulación y sanidad del sistema financiero nacional, pero a la vez advierte sobre las debilidades en cuanto a la falta de regulación a entidades no sistémicas que realizan operaciones financieras, es decir, cooperativas y “financieras”.

En el país hay cooperativas con activos que superan por mucho los de importantes bancos comerciales y asociaciones de ahorros y préstamos, entidades que sí están debidamente reguladas. Entonces, ¿por qué no son reguladas las cooperativas y las llamadas “financieras”?

El argumento de que se requeriría la modificación de la Ley 183-02 y otras normativas se torna insuficiente si se toma en cuenta que: primero, la propuesta de modificación a esa legislación y a otras relacionadas con el sector financiero está incluida en el Programa de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha de guiar la gestión del presidente Danilo Medina; y segundo, el presidente Medina tiene un Congreso a su favor, donde se le hace fácil la aprobación del Presupuesto sin modificaciones o de los préstamos que han incrementado el endeudamiento.

Por eso, no sería difícil lograr la aprobación rápida de cualquier modificación a la normativa monetaria y financiera para dar más poder a las autoridades del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos (SIB) en procura de ajustar a las normas a entidades del sector que actualmente no tienen ningún tipo de regulación.

Esa situación no solo pone en riesgo los ahorros de personas que de manera ingenua o por ambición desmedida van a las llamadas financieras a depositar su dinero, aunque esas entidades no estén reguladas ni debidamente registradas. También afecta a las entidades que sí están reguladas y cumplen sus obligaciones.

Por ejemplo, conozco el caso de un pariente que tiene una agencia de cambio debidamente regulada en la zona turística de Puerto Plata. Él cumple con las exigencias de la SIB y paga los gravámenes correspondientes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El asunto es que en la zona donde opera su agencia hay varias agencias más que funcionan de forma ilegal, que no están registradas, que compiten de manera desleal con su negocio formal, pero que no reciben ningún castigo ni sanción, pues las autoridades reguladoras sólo se ocupan de regular bien a las agencias que están registradas y formalizadas, mientras las que no están bajo registro no reciben ningún tipo de regulación y, lo que es peor, ningún tipo de sanción.

Es hora de que tanto las entidades de regulación financiera como las de recaudación fiscal se pongan más activas en procura de agregar más empresas informales e ilegales de sus respectivos sectores a la formalidad y al sometimiento de las regulaciones correspondientes.

De esa forma se evitarán los escándalos de estafas, se eliminaría la competencia desleal que implican esos negocios informales contra los que sí están debidamente registrados y al día en sus obligaciones, se mejoraría la imagen del sistema (especialmente el financiero ante el FMI) y mejorarían las recaudaciones fiscales del Estado.

No es posible que todas esas ventajas se dejen pasar mientras se regula bien a las reguladas y se deja sin regulación a las no reguladas…

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