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Empresarios exigen el fin del “secuestro” del sector transporte

Redacción elDinero Por: Redacción elDinero Santo Domingo 0 Compartir 18 de octubre, 2016
movilizacion de chioferes frente al tribunal superior administrativo 4

Más de 80 empresas y asociaciones dominicanas interpusieron ante el Tribunal Superior Administrativo una “Acción de Amparo de Cumplimiento”, por lo que –denuncian- es una vulneración de sus derechos fundamentales con respecto del servicio de transporte que se ofrece en el país, sobre el cual las entidades dicen que está “secuestrado por empresas disfrazadas de sindicatos”.

En un espacio pagado en la prensa matutina de este martes, con el titular de #AlAmparoDeLaLEy, las entidades, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reclaman respeto a sus derechos de libertad de empresa, de contratación, libre competencia y libertad de tránsito.

“El objetivo de esta acción de amparo es lograr que las entidades responsables tomen las medidas necesarias para que la población dominicana tenga acceso a un servicio de transporte digno, eficiente, seguro y humano. Para ello se deben eliminar las prácticas anticompetitivas y de abuso de posición dominante que hoy imperan en este sector, así como garantizar que toda persona física o jurídica, interesada en prestar este servicio, pueda hacerlo, conforme los principios de libre mercado acogidos por nuestro régimen económico. Esto sólo se logra si el Estado aplica lo dispuesto por la Constitución y las leyes, rompiendo con el control impuesto por empresas que disfrazadas de sindicatos, mantienen secuestrado el sector e impiden a la ciudadanía dominicana disfrutar del servicio de transporte que merece”, dice el espacio pagado.

De acuerdo con el espacio pagado, el amparo involucra a varias instituciones del Estado, como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía, Oficina Técnica de Transporte Terrestre y el Ministerio de Turismo.

Las empresas y asociaciones, representadas por Eduardo Jorge Prats, demandaron el cumplimiento de varias leyes y decretos:
– Ley No. 578-64 que prohíbe el establecimiento de monopolios en provecho de particulares.
– Ley No. 290-66 Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio.
– Decreto No. 104-91 que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a otorgar las facilidades necesarias para el transporte de efectos de un lugar a otro.
– Ley No.247-12 Orgánica de la Administración Pública.
– Decreto No.489 que crea la Oficina Técnica de Transporte Terrestre.
– Ley No.84 que modifica la Ley No. 541 Orgánica del Turismo en la República Dominicana.

El espacio pagado recoge comentarios de los abogados Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats y Olivo Rodríguez Huertas.

Cristóbal Rodríguez plantea que “el abuso de posición dominante está prohibido por la Constitución, toda vez que quiebra la lealtad en la competencia, que es un requisito indispensable para el adecuado funcionamiento de los mercados. Las prácticas de los sectores que controlan el transporte de carga y de pasajeros son notoriamente contrarias a la Constitución. En ese sentido, la acción de amparo es la herramienta más adecuada para ponerle fin a las mismas en beneficio de los usuarios del servicio”.

De acuerdo con Olivo Rodríguez Huertas, el juez constitucional de amparo debe ordenar las medidas necesarias para que las autoridades cumplan con los mandatos legales previstos en el ordenamiento jurídico y así poner fin al caos que durante décadas “seudo sindicalistas”, ayudados por lo que denomina omisión irresponsable de autoridades públicas, han impuesto en el transporte público, tanto de cargas como de pasajeros, en detrimento del libre ejercicio de la libertad de empresa y de la ciudadanía en sentido general.

De su lado, Eduardo Jorge Prats, abogado del Conep y las asociaciones demandantes, sostiene que “esta es una gran oportunidad para que los jueces del TSA protejan los derechos fundamentales a la libre empresa, el libre tránsito, libre contratación y libre competencia, subsanando una gran omisión estatal de más de medio siglo, sometiendo a Derecho a empresas al margen de la ley y disfrazadas de sindicatos y haciendo realidad la plataforma programática del presidente Medina de liberalizar el transporte”.