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Finanzas

Gobierno cambiará normativas en áreas del sistema monetario y financiero dominicano La Junta Monetaria será dotada de más poder de regulación y supervisión del sistema financiero

Esteban Delgado Por: Esteban Delgado Santo Domingo 0 Compartir 22 de agosto, 2016

El Gobierno se apresta a proponer la aprobación y modificación de al menos seis legislaciones para fortalecer la regulación del sistema monetario y financiero de República Dominicana y a la vez garantizar mayor acceso a créditos y capitales para los sectores productivos.

Una de las legislaciones a modificar es la Ley 183-02 Monetaria y Financiera para dar al Banco Central la capacidad de enfrentar eventuales turbulencias externas que pudieran incidir en el mercado local.

La idea es fortalecer la capacidad de la Junta Monetaria en la regulación y supervisión del sistema financiero “contemplando la regulación de los grupos financieros, a fin de garantizar que las operaciones vinculantes entre sus filiales estén debidamente cauteladas y supeditadas a los criterios prudenciales en términos patrimoniales, de exposición de riesgos, transparencia y protección de los intereses de los usuarios bancarios”.

Eso incluye el cumplimiento de las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la eliminación de cualquier amenaza contra la estabilidad del sistema financiero dominicano y mundial.

Así lo indica el Programa de Gobierno 2016-2020 del presidente Danilo Medina, sobre el cual hizo referencia en su discurso de toma de posesión el pasado 16 de este mes: “Estas medidas que les he adelantado no son más que una pequeña parte de lo que vamos a lograr… El resto de las acciones que nos proponemos llevar a cabo en diferentes áreas del Gobierno están descritas con detalles en nuestro plan de gobierno”.

Ley de Leasing y Factoring

Además de la regulación de los patrimonios de los grupos financieros, el Gobierno someterá al Congreso el proyecto de Ley de Leasing y Factoring –incluyendo la incorporación del factoring electrónico– con la finalidad de impulsar mecanismos de disponibilidad de capital de trabajo para los sectores productivos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

De esa forma, cuando una Pyme suplidora de una empresa grande presente atrasos para cobrar por la mercancía suministrada, recurriría al factoring y recibiría el pago más rápido. En tanto que la firma de factoring se encargaría de cobrarle a la empresa deudora.

Si el factoring es del Estado, podrá acceder a información detallada sobre los niveles de ventas de determinadas empresas que tardan hasta seis meses para pagarle a sus suplidores. De esa forma, aumentarán las recaudaciones fiscales, gracias a un mayor acceso a información sobre sus operaciones.

Una tercera normativa vinculada al área financiera es la Ley 19-00 sobre el Mercado de Valores, que ha de ser modificada para “conferir mayor protección a los inversionistas, mejorar la transparencia de los intermediarios de valores, y facilitar el acceso de las Pymes”.

Hasta ahora, las empresas del mercado de valores han operado con una normativa que no establece claramente las acciones de regulación y sanciones en caso de una situación de riesgo para los inversionistas.

Acceso a créditos

Otra legislación existente que será modificada es la Ley 189-11 sobre Mercado Hipotecario y Fideicomiso. El objetivo es dar espacio a un mayor desarrollo de los distintos tipos de fideicomisos, a la vez que se fortalezca la regulación de este sector en un solo organismo y se logra mayor capacidad de financiamiento a sectores productivos y a las familias que lo requieran con la emisión de más instrumentos de deuda.

En la dirección de agregar potencial a las Pymes de vocación exportable, se agregará un esquema de financiamiento con instrumentos de deuda adaptados a la realidad económica, a través del Banco Nacional de Fomento a las Exportaciones (Bandex). Esa gestión incluye la canalización de recursos blandos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El programa de Gobierno 2016-2020 también contempla la aprobación de dos normativas más: una Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas, así como de una Ley de Garantías Mobiliarias. La intención es facilitar, mediante la emisión de avales financieros y la constitución de garantías mobiliarias, el acceso al crédito de los sectores productivos en condiciones atractivas.

Compromisos

El Gobierno ha decidido asumir cinco compromisos básicos en cuanto al área económica:

  • Mantener la estabilidad macroeconómica.
  • Contribuir al fortalecimiento del sistema financiero.
  • Apoyo al desarrollo y encadenamiento productivo.
  • Creación de una nueva fiscalidad, que sea más equitativa y progresiva.
  • Crear un clima de negocios favorable a la inversión privada.

Más regulación a las cooperativas

El sector de economía solidaria, que se representa en las cooperativas, también está en la mira de las autoridades, puesto que carece de transparencia y eficiencia, aunque hay muchas de esas organizaciones que operan de manera correcta.

“Promoveremos la aprobación de la Ley sobre Cooperativas de Ahorro y Crédito, a fin de hacer más eficiente, diverso y transparente el ecosistema de crédito dominicano”, indica el Programa de Gobierno del presidente Medina.

Agrega que las sociedades no financieras serán reguladas, “a fin de procurar que entreguen periódicamente la información necesaria para garantizar la transparencia del sector y hacer más óptimo su funcionamiento”.

Asimismo, propone ampliar la educación e inclusión financiera, con el objetivo de aumentar la bancarización y el acceso a servicios financieros.

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