[dropcap]E[/dropcap]l sector privado identifica a la institucionalidad como piedra angular del desarrollo y la democracia nacional y manifiesta preocupación ante la erosión del régimen político-institucional del país.
El pasado miércoles 29 de junio, en el tradicional almuerzo celebrado por la Amcham-DR, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el señor Rafael Blanco Canto, quien fue el invitado especial, asumió como tema central de su ponencia la debilidad institucional que arropa al país, desde los partidos políticos hasta las instituciones fundamentales que sostienen el modelo democrático.
El señor Rafael Blanco hizo referencia al malestar de desconfianza en las instituciones, citando como un ejemplo vivo y reciente las irregularidades que afectaron al proceso de elecciones llevadas a cabo el pasado 16 de mayo. En ese tenor, externó que el caos desencadenado en este proceso es consecuencia de la falta de orden, así como producto de la ausencia de un régimen de consecuencias para que aquellos que incumplen la ley, reciban su debida sanción.
Destacó que la estabilidad social y política de los países democráticos depende de la existencia de un sistema de partidos fuerte, que sea constituido y funcione conforme a los lineamientos constitucionalmente establecidos y que ante la evidente erosión en que se encuentra el régimen político del país, se hace imperante la aprobación de normas tendentes a preservar la vida democrática de los partidos políticos.
El presidente del referido gremio, apuntó que el Conep ha venido reclamando de forma intensa y constante la aprobación de una nueva Ley Electoral y una Ley de Partidos Políticos que corrijan las fallas que afectan al sistema de partidos y que hubieran permitido un proceso electoral organizado en las pasadas elecciones. Resaltó el hecho de que los problemas de los partidos políticos tienen consecuencias que repercuten sobre todos los sectores de la vida nacional, por lo cual, como máxima entidad representante del sector empresarial, continuará siendo uno de los principales voceros de las reformas requeridas.
El señor Blanco realizó un llamado al Gobierno y a la sociedad en general a prestar especial atención a los graves síntomas de deterioro del sistema político que se están manifestando hoy en nuestra sociedad, señalando que la confianza en la institucionalidad de las elecciones se ha agotado.
De igual modo, el presidente del Conep externó que la sociedad dominicana se encuentra en un proceso de transformación que está siendo impulsado por las nuevas generaciones, por lo que el sistema político debe ser reformado y transformarse junto a la sociedad, para poder satisfacer las demandas de la misma, pues de no hacerlo, el país podría ser arrastrado a cualquier tipo de aventurismo populista, poniendo en riesgo todo lo construido hasta hoy, como ha sucedido en los últimos tiempos, en distintos países de Latinoamérica.
El presidente del Conep propuso como carta de ruta, las medidas contenidas en el informe de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual se hizo referencia de manera puntal a que el modelo de financiamiento público de partidos y campañas políticas en República Dominicana, no está diseñado para generar condiciones de equidad en la contienda; a que en los mecanismos de rendición de cuentas se debe fortalecer la capacidad de fiscalización, control y sanción para los casos de violaciones a las normativas vigentes; y a que es necesario instaurar un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho a la información, entendido tanto como el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas y al derecho de la ciudadanía a estar bien informada.
En este sentido, realizó el planteamiento de lo que el sector empresarial ha denominado los cuatro pilares fundamentales que deben ser impulsado para garantizar un sistema democrático sano y para asegurar que la interacción entre los diferentes actores de la vida nacional se corresponda con los lineamientos que rigen todo Estado de Derecho.
El primero de estos pilares es la aprobación de una nueva Ley Electoral que marque las reglas de los procesos electorales de manera clara y garantice que los mismos sean organizados, transparentes, equitativos e inclusivos, y que haga imposible el uso y abuso de los recursos del Estado.
El segundo pilar es la aprobación de una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales y reglas para la selección de las autoridades de los partidos políticos y los candidatos a posiciones electivas. La misma debe garantizar la transparencia, el orden y la existencia de mecanismos institucionales que permitan ejercer el derecho al voto democráticamente y que castigue el transfuguismo.
En ese sentido, propuso la celebración de las primarias a lo interno de cada partido, el mismo día y bajo la dirección de la Junta Central Electoral, utilizando el Padrón Electoral de las elecciones generales.
El tercer pilar es la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública. En este aspecto, resaltó la importancia de que el Congreso y demás órganos de control y fiscalización desempeñen el papel que les corresponde de forma responsable.
El cuarto pilar planteado es la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes. Refirió la necesidad de establecer mecanismos transparentes y plurales para la designación de los titulares de órganos vitales para la democracia, como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes.
Conforme lo expuesto por el presidente de Conep, para el sector empresarial estos cuatro pilares son un asunto de interés nacional y un reclamo que hacen en representación de todos los sectores del país para garantizar mayor confianza, libertad e institucionalidad en el juego democrático y constituyen prerrequisito indispensable para solucionar el resto de las problemáticas que afectan al país.