[dropcap]R[/dropcap]epública Dominicana presenta niveles diferentes de desarrollo. La desigualdad social, cultural y económica es notoria entre las provincias, especialmente en aquellas demarcaciones ubicadas en la zona fronteriza.
Históricamente se han caracterizado por ser las más pobres y marginadas, denotando la ausencia de políticas públicas encaminadas al desarrollo de esa importante región.
Así lo plantea el informe “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo: entre el olvido y la necesidad de progreso”, presentado por directivos del Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
El documento, que se realizó a partir de datos recopilados por el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), indica que a 14 años de la promulgación de la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo, aún se cuestionan sus resultados.
La investigación determinó que la ley no ha cumplido con el objetivo de desarrollar la frontera. Según el informe, para agosto del año pasado había 95 empresas activas bajo el amparo de esta norma, distribuidas en las provincias Independencia, Pedernales, Elías Piña, Bahoruco, Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez, en donde se habían reportado la creación de 9,774 empleos directos con una inversión de más de RD$14,000 millones.
Indica que el 74% de estos empleos está en manos dominicanas, mientras que el 26% está ocupado por extranjeros, principalmente haitianos. En cuanto a la distribución geográfica de las empresas, refleja que Montecristi es la provincia más beneficiada, con el 43.3% de los empleos directos creados, mientras que Independencia presenta el menor porcentaje con 2.1%.
La presentación del informe se desarrolló en la sede de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) y contó con la presencia de su director Miguel Bejarán y los directivos del OPD, Greidys Joel Roa, Cinthia Lazala y Fanny Vargas.
Roa manifestó que la parte norte de la frontera es la más beneficiada, ya que de las 95 empresas, 51 se encuentran en Montecristi, 19 pertenecen a Dajabón y 12 a Santiago Rodríguez, mientras que en la parte sur el beneficio ha sido muy mínimo.
“Es muy notable la diferencia, bajo el amparo de la Ley de Desarrollo Fronterizo en la provincia Independencia hay 15 empresas instaladas, en Bahoruco y Pedernales solamente tres y en Dajabón solamente hay dos”, agregó.
Explicó que siendo la Ley 28-01 un instrumento que beneficia a las empresas que se instalan en la frontera, otorgándoles una exención del 100% del pago de impuestos de aranceles aduaneros sobre materia prima, equipos y maquinarias, así como también otro tipo de impuesto durante un periodo de 20 años, por lo que no entiende la diferencia de más de un 60% en los beneficios que reciben los habitantes de la zona.
“La ley ha tenido que enfrentar cuestionamientos sobre su institucionalidad e incluso se ha llegado a pensar que existe una competencia desleal”, manifestó Roa.
DIVERGENCIAS
Greidys Joel Roa, directivo del OPD y autor del informe, indicó que la Ley 28-01 ha provocado enfrentamientos entre los sectores público y privado, en donde ambos han expuesto sus puntos de vista para tratar de solucionar las dificultades que presenta la ley, ya que aún le quedan seis años de vigencia.
Roa dijo que el OPD consultó a los sectores involucrados y todos coinciden en que la ley debe ser reformada.
De su lado, Miguel Bejarán dijo que la misión de Desarrollo Fronterizo es contribuir con el bienestar de una de las zonas con mayor déficit que existe en el país.
“La Ley 28-01 es un instrumento legal para incrementar las inversiones en la frontera, esta ley ha tenido altas y bajas. Ha contribuido al desarrollo pero no ha llenado las expectativas por la cual fue creada”, agregó.
Manifestó que es oportuno el momento para una modificación que sirva para crear un equilibrio con las empresas distribuidas en la zona, ya que la ley sigue siendo una necesidad.