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Ley de Reestructuración Mercantil

Jaime M. Senior Fernández Por: Jaime M. Senior Fernández 0 Compartir 13 de julio, 2015

En República Dominicana, el uso de la reestructuración mercantil (RM) para las empresas o comerciantes (utilizaremos “empresa” en este artículo) que enfrentan problemas de liquidez es prácticamente desconocido.

Eso se debe a una buena razón: la figura de la RM como tal no existe en la normativa dominicana. Las disposiciones sobre las quiebras de empresas están contenidas en el Código de Comercio, que data de la Era Napoleónica (salvo algunas disposiciones relevantes modificadas hace más de un siglo, en el 1911).

El Código de Comercio dispone que ante la quiebra de una empresa, lo que procede es una liquidación judicial. Sin embargo, esta opción no resulta viable ni efectiva, pues los procesos de liquidación son costosos, implican que la empresa y sus acreedores queden en un estado de incertidumbre por demasiado tiempo, al final del cual la empresa quedará disuelta.

Ante la falta de un marco jurídico efectivo, cuando una empresa atraviesa problemas de liquidez, la práctica dominicana ha sido darle dos opciones: llegar a un acuerdo negociado con sus acreedores, o sencillamente cerrar.

En el primer caso, del acuerdo negociado, le ventaja es que ambas partes -la empresa deudora y sus acreedores- pueden ganar, ya que da la oportunidad para enfrentar la situación que atraviesa y salir adelante. No obstante, también implica que el capital de los acreedores queda comprometido por más tiempo y sin ninguna garantía de que la situación mejorará. Pero para muchos acreedores, esta opción, por más amargo que puede ser el trago, resulta más potable que la segunda opción.

La segunda alternativa resulta peor para los acreedores, aunque tampoco es una panacea para la empresa: cerrar sus puertas.

En estos casos, los acreedores pueden ejecutar las garantías, si las tienen, sobre los bienes de la empresa, y la empresa desaparece. Sin embargo, los acreedores suelen registrar pérdidas (especialmente los que no cuentan con garantías, como los suplidores) y toda la empleomanía desaparece.

Ante este panorama, las comunidades empresarial, legal y política de la República Dominicana se han abocado a estudiar el tema y proponer nuevas soluciones.

En la actualidad, cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley consensuado que tiene la finalidad de darle a las empresas y a sus acreedores un marco jurídico moderno, apegado a los estándares mundiales, para reestructurar las operaciones de la empresa que atraviesa problemas de liquidez.

En nuestras próximas entregas ofreceremos mayores detalles sobre este proyecto y sus importantes beneficios para nuestro país.

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