Los efectos del covid sobre República Dominicana, sin necesidad de hacer referencia a lo que ha sucedido en el resto del mundo, son explícitos: crisis sanitaria y caída en la actividad económica con sus consecuencias sobre el desarrollo humano.
La pérdida de empleos es, sin quizá, una de las principales secuelas del cierre de la economía y, por ende, la urgente necesidad del Gobierno de disponer de recursos frescos para enfrentar los retos que implica la pandemia en todos los órdenes.
Los retos son grandes para cualquier nación. Los países menos desarrollados, con una limitada capacidad financiera, deben demostrar su capacidad de resiliencia en un mayor grado. La pandemia de covid-19 ha agregado, por lo menos hasta la fecha, US$19.5 trillones a la deuda global, según analistas internacionales.
Expertos como Liz Capo McCormick, Craig Torres, Mathieu Benhamou y Demetrios Pogkas explican que desde Alemania a Japón, de Canadá a China, las autoridades fiscales han gastado grandes sumas de dinero protegiendo a su gente y defendiendo sus economías del colosal costo de la pandemia. En República Dominicana ha sucedido igual.
Entre el cierre de 2019 y lo que va de 2021, la deuda pública consolidada dominicana pasó de US$44,928.2 millones a US$57,275.5 millones. Esto da como resultado un aumento neto de US$12,347.3 millones, es decir, un 27.5% en este período. Desde septiembre del año pasado, la deuda creció en US$5,330.2 millones, un 10.26% en este período, el más demandante tomando en cuenta las acciones que han llevado a cabo las autoridades que asumieron en agosto. Los números establecen que el covid-19 obligó al país a pisar el acelerador del endeudamiento para enfrentar las necesidades de liquidez.
¿Hay que preocuparse? Posiblemente sí, pero no por ahora. Es factible pensar en la capacidad de pago del país a partir de las decisiones que tomen las autoridades para fortalecer el aparato productivo, principalmente el exportador y así aprovechar las oportunidades que trae consigo la reactivación económica global. Aquí se producen materia prima y bienes intermedios, pero también de consumo final, lo que plantea un panorama alentador si se saben aprovechar las ventanas del comercio.
De todos modos es oportuno destacar, a manera de advertencia, que la deuda pública consolidada, que incluye el sector público no financiero (SPNF) y el Banco Central, creció en US$29,008 millones entre 2013 y lo que va de 2021. Esto es más del doble en este lapso. Ha aumentado un 102.62%. El 42.57% del aumento de la deuda pública entre 2013 y 2021 se generó a partir de 2019.
Entre 2017 y 2020 el promedio de crecimiento anual de la deuda estuvo en un 11.13%, mientras que en los años previos, a partir de 2013, fue de sólo un 6.51%, aproximadamente.
En el período analizado, en tres ocasiones el aumento relativo de la deuda ha superado los dos dígitos, con un 11.29% en 2016, un 10.10% en 2018 y un 15.62% en 2020, éste último resultado en un contexto de pandemia y paralización de las principales actividades productivas durante los primeros tres meses de la crisis sanitaria. Enfocar la estrategia hacia un horizonte realista, partiendo del contexto actual, podría ser funcional. El hecho está en saber si se tomarán las decisiones correctas.