Durante el pasado 2020, en República Dominicana perdieron la vida al menos 330 personas por el consumo de bebidas alcohólicas ilícitas. Este no es un caso aislado, pues también hay noticias recientes de otros países como México, India y Sudáfrica, donde cientos de personas han fallecido por la misma razón en un año matizado además por el covid-19.
Con un consumo de ilícitos que equivale a cerca del 18% del consumo total de alcoholes en República Dominicana, según la Organización Panamericana de la Salud, a 2019, las cifras locales son una muestra tangible de cómo los impuestos excesivos y las regulaciones que no se cumplen, además de que pueden provocar la pérdida de empleos, obstaculizar el crecimiento económico nacional y disuadir la inversión extranjera, también pueden llevar a la muerte.
El desencadenante de esta problemática es la producción ilegal de alcohol, pues los consumidores son afectados por las acciones de fabricantes sin escrúpulos que producen y venden bebidas alcohólicas que contienen metanol, un compuesto químico que al ser ingerido aun en cantidades muy pequeñas puede causar ceguera, daños a los órganos e incluso la muerte.
Es importante aclarar que no me refiero a quienes hacen cerveza artesanal o vino para consumo personal en sus hogares. Estoy hablando de los productores de bebidas como el clerén, que también se conoce por otros nombres en la calle. Este es un negocio delictivo que evade la ley al poner a la venta productos que claramente son inseguros para el consumo humano y que no están regulados ni pagan impuestos. Como resultado, cientos de personas mueren innecesariamente cada año.
Un artículo publicado por la BBC señala que en la India “el licor ilegal puede haber sido producido a granel, vendido a los propietarios de cafés al borde de la carretera y luego distribuido a las comunidades locales». Este patrón se repite en la República Dominicana, donde el exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo en junio, ya en los últimos meses de su gestión, que “el clerén tiene una tasa (de muerte) mucho, mucho más alta que covid-19” 63.2%. De hecho, dos tercios de quienes beben alcohol metílico o metanol mueren. Por eso entiendo que si nos tomamos en serio el covid-19, es hora de que también nos tomemos en serio el alcohol ilícito.
Regulaciones e impuestos razonables son la respuesta
Las bebidas alcohólicas son reguladas para garantizar su producción y consumo de forma segura, y al mismo tiempo evitar que, por ejemplo, los menores de edad tengan acceso a comprarlas. Las regulaciones generalmente se cumplen cuando existen niveles de impuestos apropiados y justos que contribuyen a un esquema regulatorio efectivo y llenan las arcas estatales de fondos que pueden ser destinados para la salud pública (sobre todo en estos tiempos de epidemia por el impacto del covid-19), educación y otras funciones necesarias del gobierno. Al mismo tiempo, un marco impositivo justo estimula el crecimiento económico a través de la generación de empleos por parte de la industria de bebidas alcohólicas.
Lo contrario ocurre cuando existen niveles excesivos de impuestos, pues estos fomentan la producción ilícita y los mercados negros, generando las trágicas consecuencias que hemos discutido. El alcohol ilícito, a su vez, hace que los ingresos fiscales disminuyan, lo que perjudica la capacidad de los gobiernos para pagar gastos públicos muy necesarios y fomenta la corrupción.
En este contexto es más importante que nunca procurar niveles razonables de impuestos a las bebidas alcohólicas, pues estos conducen a precios justos, reducen los incentivos de los consumidores para comprar en el inseguro mercado ilícito y disminuyen el estímulo para que los delincuentes se involucren en la producción y el tráfico ilícitos de alcohol. Sin duda, con un marco regulatorio adecuado y proporcionado, la industria legal puede producir y vender ajustándose a las regulaciones y pagando los impuestos que le corresponden, que son tan importantes para los ingresos del gobierno dominicano.
Cabe destacar que el consumo general de alcohol disminuyó durante el pasado año en el país debido a que el turismo se ha visto afectado durante la pandemia, lo que también perjudica los ingresos del Gobierno dominicano, cuyas recaudaciones cayeron cerca de un 18%, al menos hasta noviembre pasado. Dada la importancia de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas para el Estado, cualquier variable que perjudique los ingresos por impuesto al consumo (en particular, el comercio ilícito de alcohol) reduce los fondos disponibles para la educación, la salud pública y otras funciones gubernamentales esenciales.
También es importante orientar las intervenciones hacia donde más se necesitan. Por ejemplo, el gobierno dominicano propone abordar el comercio ilegal de alcohol mediante el uso de marcación fiscal individual. Para algunos productos este sistema pudiese tener sentido, pero no para un producto como la cerveza (que también estaría sujeta a este sistema), que representa solo el 0.0026% del mercado de alcohol ilícito (que es el 31% del mercado total de alcohol) en República Dominicana. El sistema propuesto por el gobierno no aumentará ni los ingresos ni el cumplimiento de las regulaciones. En cambio, solo hará que la cerveza legal sea más cara.
La mejor política pública, la cual es apoyada por la industria legal del alcohol, es una que regule el alcohol para garantizar una producción segura, con impuestos razonables, a un nivel que permita la generación de ingresos necesarios para los estados, al tiempo que disuada el mercado ilícito.
Reitero: los impuestos y regulaciones excesivos sobre el alcohol promueven el crimen y la muerte, además de que dañan a las industrias legales cuyos impuestos y generación de empleo contribuyen al progreso social. Es hora de que los gobiernos de República Dominicana y de todo el mundo adopten políticas sólidas sobre impuestos al alcohol. Hacer esto aumentará los ingresos del gobierno, estimulará el crecimiento económico y, lo más importante, evitará muertes innecesarias.
