La Comisión Europea (CE) presentó este martes una nueva ofensiva para alentar el uso del euro a nivel global frente a la hegemonía del dólar, con el fin de reducir la dependencia de la Unión Europea (UE) de otros países y protegerla mejor frente a crisis de divisa o sanciones impuestas por terceros.
Aunque llega la víspera de que Joe Biden sea investido presidente de Estados Unidos (EE.UU.), el plan responde a las lecciones aprendidas durante el mandato del saliente Donald Trump, que hizo del país un aliado impredecible que se retiró de acuerdos internacionales, aplicó sanciones unilaterales y puso a la UE al borde de una guerra comercial.
La política del republicano, el auge de China y la dependencia para ciertos suministros esenciales puesta de manifiesto por la pandemia han llevado a la UE a embarcarse en la búsqueda de una mayor autonomía en sectores estratégicos y en estos esfuerzos se enmarca la nueva hoja de ruta.
«Estamos comprometidos con el multilateralismo, la apertura y las asociaciones beneficiosas. Pero dado el panorama geopolítico más beligerante, tenemos que estar listos para protegernos contra prácticas injustas y abusivas impuestas por otros», dijo el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, en la presentación del plan.
Empujón al euro en la escena global
Bruselas propuso por primera vez impulsar el uso del euro a nivel global en 2018 ante la deriva unilateral de Trump y, en particular, la imposición de sanciones a Irán tras abandonar EE.UU. el acuerdo nuclear, que acabaron obligando a muchas empresas europeas a salir del país para evitar ser penalizadas.
El euro es la segunda divisa más usada del planeta por detrás del dólar, representando el 38% de los pagos y el 20.5% de las reservas de divisas globales a finales de 2020 fueron en euros, pero la Comisión Europea cree que hay margen de mejora.
Un euro más global, augura, protegería a la economía europea frente a crisis en el tipo de cambio, reduciría la dependencia en otras divisas, rebajaría los costes financieros para empresas y hogares y mitigaría los efectos extraterritoriales de sanciones unilaterales como las aplicadas a Irán.
Aunque no puede obligar al mercado a utilizar el euro, Bruselas considera que el nuevo Fondo de Recuperación comunitario será una herramienta clave para hacer la moneda única más atractiva para los inversores.
Para financiarlo, la Comisión emitirá 750,000 millones en bonos denominados en euros y con la máxima calificación crediticia hasta 2026. La UE, que ya ha batido récords con las emisiones de bonos sociales para financiar el fondo SURE en 2020, se convertirá en el mayor emisor multilateral del mundo.
Bruselas cree que estos títulos, sin llegar a ser eurobonos, serán casi tan interesantes para los inversores como los bonos soberanos nacionales, según fuentes comunitarias.
Además, la Comisión quiere aprovechar que el 30% de estas emisiones serán en bonos verdes para convertir Europa en un centro global de las finanzas sostenibles y al euro en la «divisa por defecto» para estos productos financieros.
Más allá de estas emisiones, la Comisión quiere impulsar el uso del euro en derivados sobre energía y materias primas, facilitar la creación de índices bursátiles denominados en euros y dialogar con los inversores internacionales para identificar qué les frena a usar el euro.
Además, Bruselas llama a completar la unión de mercados de capitales europeos, una de las grandes tareas pendientes de la UE frenada por divergencias políticas, y seguirá explorando con el Banco Central Europeo la creación de un euro digital.
Mayor independencia financera
El plan de Bruselas plantea, por otra parte, reducir la dependencia europea de terceros para ciertos servicios financieros críticos, tras la pérdida de su principal centro financiero por el Brexit.
La UE depende de la City sobre todo para el negocio de compensación de derivados -en algunos casos hasta el 95%-, por lo que Bruselas ya autorizó a las empresas británicas a operar en territorio comunitario tras el Brexit para salvaguardar la estabilidad financiera y ha pedido a las firmas europeas que trasladen estas actividades de Londres al continente.
Bruselas estudiará ahora qué problemas técnicos existirían para hacer este traslado.
Además, analizará cómo blindar a las empresas europeas en caso de que un tercer país les obligue a cumplir con sanciones adoptadas unilateralmente, en particular actualizando el estatuto de bloqueo, la legislación comunitaria que permite llevar a Estados o empresas ante los tribunales por los daños que generen estas sanciones.
Por último, Bruselas estudiará cómo aplicar de manera más uniforme sus propias sanciones.
