Panamá se aboca desde este lunes a un diálogo nacional para reflotar su deficitario sistema de pensiones, en medio de un clima de desconfianza alimentado por lo «poco fiable» de las cifras económicas disponibles y los temores de la clase trabajadora de que se avance hacia una «privatización».
El tema central es el futuro del llamado Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social (CSS), cuyas «prestaciones se han visto afectadas en los últimos años con un déficit actuarial que ha llegado a los 900 millones» de dólares según datos publicados en la página web del ente sanitario.
Se trata de una discusión relegada durante años debido al costo político que entraña, coincidieron representantes patronales y de trabajadores consultados por Efe, que criticaron la gestión administrativa de Seguros Social, envuelto desde hace años en escándalos de corrupción y clientelismo político.
De hecho, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ha pedido creatividad en esta discusión y que no se afecten factores como la edad de jubilación o el monto de la cuota obrero-patronal, entre otros.
La crisis de las pensiones deriva de la baja contracción en la actividad económica y el desempleo, el aumento en el número de pensiones y la eliminación de fuentes de financiamiento del programa, afirma en su página web la CSS, el ente público que asegura al 80% de la población de Panamá.
Cifras actuales no fiables
La representante del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) ante la directiva de la CSS, Aida Michelle de Maduro, le dijo a Efe que la «certeza de los números» sobre la realidad financiera del seguro social «es la mayor dificultad» que enfrenta el diálogo.
«Hay datos actuariales auditados hasta el 2018, se está trabajando en las corridas del 2019 y se parte de una previsión que no contaba, ni de cerca, con lo sucedido en el 2020 con la pandemia, y ese es el problema real: los datos no son fiables», dijo De Maduro.
Es por ello que la representante patronal se pregunta «qué sustenta» la cifra de 300 millones de dólares de deuda patronal que esgrimen sectores sociales al reclamar que las empresas y el mismo Estado deben cientos de millones de dólares al seguro social.
«Hay que ir puntualmente depurando la lista» de morosos del seguro aplicando las sanciones a las que haya lugar, agregó.
Otra dificultad que afronta el diálogo, dijo De Maduro, es el pedido presidencial de que «no se utilicen medidas paramétricas», es decir «factores como cuotas obrero-patronales, edad de jubilación, contribuciones del Estado, o que el beneficio que se recibe al final sea menor para que sea sostenible de acuerdo con los aportes».
Trabajar a partir de esas limitaciones «sin duda es un poco problemático y quizá no sea imposible. Buscar esa sostenibilidad y que no se traten las medidas paramétricas va a requerir que la ley le permita a la CSS hacer inversiones que le den mayores frutos para poder aumentar sus ingresos», alertó.
Desconfianza de los sectores sociales y de trabajadores
Sectores sociales y sindicales opinan que el pedido de Cortizo de que no se toquen las «conquistas sociales es solo una maniobra», porque en «ocho escenarios planteados por la Junta Técnica Actuarial» que supuestamente sirven de base al diálogo «se afecta el nivel de vida de los jubilados».
«Lo que pretenden es gravísimo», le dijo a Efe José Eugenio Stoute, miembro de la organización Poder Ciudadano, una de las al menos 17 que conforman el novel Foro Alternativo, creado «para elaborar propuestas para la CSS y para el programa de IVM, como también para el sistema de salud en su conjunto».
«Quieren transformar todo el sistema de jubilación en un fondo privado» con un diálogo nacional que no es tal, según Stoute, porque «el Gobierno se arroga la facultad de a quiénes invita, lo que es inadmisible».
El Foro pide que se regresa al «sistema solidario» de jubilaciones, desmontado por una reforma en el 2005 «que le quitó totalmente el financiamiento al fondo (de pensiones) para crear otro en el que se deposita lo que cada trabajador quiere», dijo Stoute.
«Queremos discutir, de verdad, para transformar el programa de IVM en un fondo solidario, un único fondo. Tenemos propuestas concretas de dónde va a salir el dinero, econométricamente calculadas», para su sostenibilidad, añadió.
Pero el Foro no tienen «ninguna esperanza» de ser escuchado, admitió Stoute, que pronostica que «lo que apruebe el Gobierno a partir de este lunes va a quedar totalmente deslegitimado frente a la sociedad».
