El Banco Central Europeo (BCE) considera que el coste fiscal de la crisis económica que ha creado la pandemia del covid-19 varía mucho entre los países de la zona del euro.
En su boletín económico, publicado este jueves, el BCE afirma que «el sustancial apoyo fiscal ha mitigado el significativo impacto negativo de la pandemia de coronavirus en la economía real».
Pero «el coste fiscal de este apoyo ha sido muy sustancial para todos los países de la zona del euro, aunque ha variado notablemente entre países».
Déficit presupuestario
El déficit presupuestario de los gobiernos en la zona del euro va a aumentar mucho, hasta el 8% del producto interior bruto (PIB) en 2020, desde el 0.6% en 2019, por la contracción económica y el apoyo fiscal, según el BCE.
El déficit bajará hasta el 6.1% del PIB en 2021, el 3.9% en 2022 y hasta el 3% en 2023.
La reducción del déficit se producirá en la medida que se salga de las medidas de confinamiento de emergencia.
Por ello el BCE hace hincapié en que una política fiscal «ambiciosa y coordinada» sigue siendo esencial en vista de la severa contracción de la economía de la zona del euro, aunque las medidas fiscales deben ser temporales.
La baja demanda de las empresas y hogares y el aumento del riesgo de que se retrase la recuperación dados los nuevos confinamientos por la segunda ola de la pandemia justifican el apoyo de las políticas fiscales nacionales.
El BCE prevé que el fondo de recuperación de la Unión Europea (UE), que «complementa las medidas fiscales implementadas a nivel nacional, contribuirá a una recuperación más rápida, fuerte y uniforme».
Los fondos también incrementarán el potencial de crecimiento de los países de la UE si se emplean en el gasto público productivo y se acompañan de políticas estructurales que impulsen la productividad.
Las medidas fiscales adoptadas en la UE en respuesta a la pandemia suponen un 4.2% del PIB en 2020 y un 2.4% en 2021.
Estas medidas son adecuadas en esta situación de emergencia, pero crearán riesgos si se prevé que sean permanentes.
En la mayoría de los países de la zona del euro, la medidas adoptadas para 2021 son temporales, excepto en Francia, Italia, Lituania y Eslovaquia, donde no parecen serlo, según advertencias de la Comisión Europea (CE) que el BCE recuerda ahora.
Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia y Portugal deben asegurar que los presupuestos sean sostenibles a medio plazo dado su elevado nivel de endeudamiento público.
El BCE calcula que un 30% del deterioro presupuestario del 2020 se revertirá en 2021 y que los déficits superarán el 3% del PIB en todos los países de la zona del euro, excepto en Luxemburgo y Chipre.
España, Francia, Italia y Eslovaquia tendrán los déficits más elevados, superiores al 7.5% del PIB en 2021.
Los déficits seguirán por encima del 3% en 13 países de la zona del euro en 2022.
Endeudamiento
Los países que entraron en la crisis con una deuda pública del 100% del PIB o superior van a ser los más afectados por la crisis del covid-19 en términos de aumento del endeudamiento.
Sólo cinco países van a mantener ratios de endeudamiento por debajo del límite del 60% del PIB que establece el Tratado de Maastricht en 2022: Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta.
El Consejo de Gobierno del BCE decidió aumentar las compras de deuda de la zona del euro hasta €1.850 billones y prolongar las adquisiciones hasta finales de marzo de 2022.
El BCE también garantiza a los bancos liquidez muy barata hasta junio de 2022.
ERTE
El boletín también aborda los ERTE que se han aplicado en los países europeos tras el brote de la pandemia.
En abril de 2020, el 15% de los empleados en Alemania estaba acogido a un ERTE o a un régimen de trabajo a jornada reducida, el 34% en Francia, el 30% en Italia y el 21% en España.
El BCE observa que estos niveles han caído, pero todavía siguen a un nivel elevado y prevé un aumento en el cuarto trimestre por las nuevas medidas de distanciamiento.
En 2009 los empleados en ERTE o jornada de trabajo reducida llegaban al 3.2% en Alemania, el 0.8% en Francia, el 3.3% en Italia y el 1% en España.
El BCE considera que estas medidas «ayudan a mantener el empleo a corto plazo, pero es importante diseñarlas de una forma que se limiten los efectos indeseados», que es subvencionar empleos que no son viables.
Por ello deben ser «limitados en duración para no impedir la reestructuración económica necesaria», pero deben mantenerse lo suficiente para preservar los empleos viables, que se perderían de otra forma, según los autores del artículo.
