La Comisión Europea (CE) propondrá este martes la posibilidad de imponer multas millonarias de hasta el 10% de sus ingresos a las grandes tecnológicas para evitar su abuso dominante en el mercado y obligarlas a eliminar el contenido ilegal de sus páginas web, aunque prevenga de terceros.
Fuentes comunitarias aseguraron a EFE que esa es la sanción prevista en el borrador de las dos leyes de servicios y de mercados digitales, que presentará mañana la CE, para actualizar la normativa de comercio electrónico de 2000 y dotar a la CE de nuevas herramientas para combatir el poder de estas empresas.
Estas normativas las han preparado los departamentos de la vicepresidenta de la CE y responsable del área digital, Margrethe Vestager, y del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que aseguró estar «casi en contacto diario» con las empresas afectadas, en las fases iniciales de preparación de las leyes.
Breton dijo a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE, que las nuevas normativas «no van contra nadie», pero al mismo tiempo, que «hay que encontrar la manera de corregir de forma eficiente el mal comportamiento en el mercado» de las grandes tecnológicas.
«Cuanto más grandes son, más responsabilidad tienen», dijo el comisario, que aseguró que «las multas pueden ser muy elevadas».
Ley de mercados digitales
La ley de mercados digitales obligará a los gigantes de internet a notificar previamente al Ejecutivo comunitario la compra de otra empresa, de tal forma que la CE pueda ver «si la adquisición es para hacer algo prohibido», explicó el político francés.
En concreto, Bruselas pretende disminuir el poder de las tecnológicas impidiéndoles usar los datos de sus clientes comerciales para mejorar su competencia o impidiéndoles que obliguen a los usuarios a instalar aplicaciones o servicios concretos.
Breton dijo que las normas que han estado en vigor en los últimos veinte o treinta años para evitar abusos «no son adecuadas» en un entorno digital que evoluciona muy rápido y puso de ejemplo las leyes de competencia, según las cuales, entre la apertura y el cierre de una investigación pueden pasar varios años.
Ley de servicios digitales
La segunda de las leyes, la de servicios digitales, obligará a las tecnológicas a eliminar rápidamente el contenido ilegal de sus páginas web -aunque provenga de terceros- y les exigirá más transparencia en el funcionamiento de los algoritmos que controlan la información que ven los usuarios.
«El sentimiento de los ciudadanos hacia estas plataformas sistémicas ha aumentado (…), en relación a un mal comportamiento, noticias falsas, terrorismo, discursos que promueven el odio, la venta de productos falsificados», dijo Breton.
La ley «va a favor de los ciudadanos europeos, la democracia, el respeto a nuestros valores», aseguró el comisario, sobre unas normas que las empresas implicadas han combatido.
El Ejecutivo comunitario tenía previsto inicialmente presentar las dos normativas el pasado 2 de diciembre, pero retrasó su publicación hasta en dos ocasiones y finalmente lo hará mañana.
Actualmente, la eliminación del contenido ilegal depende de un código de buenas prácticas al que se han ido sumando las empresas.
Bruselas dará libertad a los gigantes de internet para operar en el país de la UE que deseen, pero las normas se aplicarán por igual en todo el territorio comunitario.
Además, las tecnológicas -principalmente estadounidenses- estarán obligadas a tener un representante legal en Europa con el que se puedan poner en contacto las autoridades.
Multas antiguas
Por el momento, la mayor sanción que la CE ha impuesto a una tecnológica por abuso de poder dominante ha sido a Google, con tres multas que suman un total de €8,200 millones.
Bruselas tiene también abiertas varias investigaciones contra Facebook y Amazon.
No obstante, la mayor multa que Bruselas impuso a uno de los gigantes de internet fue a Apple, por valor de €13,000 millones, si bien no fue por abuso de poder dominante, sino por las ventajas fiscales que supuestamente le concedió Irlanda.
De momento, la empresa de Cupertino no ha llegado a devolver el dinero a la hacienda irlandesa, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que Bruselas no pudo justificar correctamente sus acusaciones.
