En el proceso judicial que se le sigue a los imputados en la denominada “Operación antipulpo”, se han visto casos de personas encartadas por aparecer como firmantes y accionistas de empresas sobre las que no tenían propiedad real y, sin embargo, eran responsables de sus operaciones, con o sin conocimiento de ello.
Eso ocurre con mucha frecuencia. Una persona consigue un buen negocio, constituye una compañía y pone como accionistas a relacionados sin influencia, para evitar que su nombre aparezca entre los beneficiarios.
El asunto se complica si esa empresa incurre en acciones delictivas y luego, los “accionistas inorgánicos” cargan con la responsabilidad.
Ser testaferro o facilitador de otro, firmando contratos, cheques y hasta haciendo transacciones millonarias a cambio, en ocasiones, de una comisión porcentual, puede caer en la categoría de lavado de activos con las consecuencias penales que eso conlleva.