La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, presentó este lunes su dimisión al cargo, del que estaba apartada hace 50 días por una investigación sobre su declaración jurada de bienes.
En una carta dirigida al presidente Luis Abinader, difundida a través de su cuenta de Twitter, Taveras comunicó que se aparta «definitivamente» del Ministerio para no perjudicar la imagen del Gobierno o del jefe de Estado.
«En aras de que mi búsqueda de la justicia no perjudique la buena imagen de usted y nuestro gobierno, hoy me aparto definitivamente del cargo de ministra de la Juventud», dice el mensaje dirigido a Abinader.
Hoy mediante esta carta que he entregado al señor presidente Luis Abinader, he decidido apartarme definitivamente del cargo de Ministra de la Juventud, por las razones que en ella expongo. pic.twitter.com/dAf78M9MLI
— Kimberly Taveras (@ktaverasd) December 7, 2020
Taveras afirmó que espera que la justicia independiente «tenga la valentía de reconocer a los inocentes», a la vez que criticó el «sicariato moral» al que, según su visión, se enfrenta por unos hechos «que un programa de televisión tergiversó».
Asimismo, aseguró que en estos dos meses en los que el Ministerio Público la investiga, se ha visto afectada «seriamente» la tranquilidad de su vida personal, de su familia, así como sus actividades profesionales y políticas.
El escándalo surgió por una entrevista que concedió Taveras a la periodista Nuria Piera, quien le cuestionó sobre sus presuntos vínculos comerciales con el Estado mientras se desempeñó como alcaldesa de del distrito municipal de Pedro Brand, en la provincia Santo Domingo, lo cual está prohibido por ley.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmó que Taveras figuraba como proveedora del Estado con dos empresas, una que tiene su nombre y otra, el Colegio Domínico Chino, del que es gerente administradora, además de poseedora del 75% de sus acciones.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
