La controversia en torno a la que ha girado el lanzamiento de un proyecto tan importante para toda la nación, como marca país, ha ahogado en un mar de confusiones la esencia de la iniciativa que involucra al sector privado y al Gobierno, pero que nos impacta a todos.
Ahora bien, eso no quiere decir que no se hagan las diligencias de lugar que permita la debida protección desde todo punto de vista, primero el comunicacional, luego desde el punto de vista legal y en consecuencia la protección de la inversión que se hizo con fondos públicos en momentos de crisis en el que se reclama tanto, la racionalidad en los gastos.
Ha quedado en evidencia la falta de un fino control de calidad que permitiera una investigación mínina para determinar los conflictos que podían existir, mitigarlos o corregirlos. Desde el punto de vista de la gestión de comunicación, no se puede escatimar esfuerzos que redunden en el blindaje de la reputación o mitigar los daños y en ese sentido no se deben pasar por alto ningún tipo de riesgos que se pueden traducir en una crisis.
Desde el punto de vista de procesos, incluso los propios procedimientos de compras así lo establecen, debe haber una recepción del producto o de los entregables que se habían contratado según la licitación pública realizada, que en dicho caso, si la pasada gestión dio su visto bueno y aceptación (dicho sea de paso la propia Ley de Compras y Contrataciones Públicas establece que no se puede proceder al pago de un producto si no se ha recibido de manera conforme), la actual gestión también estaba en la obligación de revisar dicho proceso de recepción y ver en detalle cada producto contratado y sus diferentes componentes, con lo cual hubiesen detectado cualquier debilidad o falla que pudiera afectar o comprometiera la reputación de un plan tan importante para el país.
El ejercicio necesario que siempre hay que hacer es revisar todos los posibles escenarios de crisis que se puedan presentar y de esa manera construir las protecciones adecuadas y eso implica detectar a tiempo a qué tipo de riesgos nos enfrentamos. Pero que actuemos preventivamente tampoco puede evitar que ocurra una crisis, pero si nos ayudará a prepararnos para enfrentarla.
Por eso en el caso del lanzamiento de la nueva identidad visual del país, la pregunta que se hace cualquier experto en la materia es, ¿se tomaron todas estas previsiones para detectar las debilidades o prever situaciones que desencadenarían en una crisis de reputación? Los elementos que se conocen hasta ahora muestran que tal vez no se hizo lo propio, y sobre todo por el hecho de que en esta semana el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) informó que someterá una demanda contra la agencia mexicana BEKER, firma responsable de la conceptualización y diseño de Marca País. Además, en la publicación en su cuenta de Twitter, ProDominicana dijo: “Solicitamos de manera verbal y luego mediante Acto de Alguacil a la entidad BEKER y a los representantes del Consorcio que nos proveyeran de la documentación que avale la originalidad total de la propuesta de logo”. Este anuncio también vino acompañado por otro, prácticamente simultáneo, realizado el pasado lunes, por el ministro de Turismo, David Collado, quien informó que “iniciarán un concurso para cambiar el logo de la Marca País, y complementar de esta manera la estrategia de promover positivamente a República Dominicana”.
La revelación de ProDominicana viene a confirmar algo que hay que evitar repetir, que antes del lanzamiento no tenían dicha documentación que garantiza la formalidad legal de dicho nombre, algo que es una verdadera oportunidad de mejora para procesos futuros y que trajo como consecuencia un daño en la reputación del país.
Debemos acostumbrarnos a que esfuerzos que impliquen lanzamiento de proyectos o productos tienen que tener su proceso de revisión detenida para ver y detectar posibles riesgos que afecten la reputación.
Es una pena que un proyecto tan importante para el país que implica una concentración de esfuerzos para exponer el potencial que somos como nación se vea afectado por esta crisis reputacional. Por eso es necesario que los esfuerzos del gobierno encaminado a resarcir los daños ya sea en términos legales como económicos tengan consecuencia y se mande un mensaje a todo el que contrate servicios con el Estado en términos de no sacrificar la calidad e integridad de las cosas.
